El acceso al aborto legal y seguro debería ser un derecho humano de las mujeres, las niñas y las personas gestantes.  Negar el aborto pone de manifiesto la discriminación, así como la violación a otros derechos humanos. 

Pero los Gobiernos provida, limitan el acceso al aborto legal y seguro; porque justifican sus argumentos basados en una visión de la religión que culpa y criminaliza, en lugar de garantizar el derecho de las mujeres a la salud, al acceso a información, a su independencia sexual y a la vida. 

En Guatemala, el Código Penal prohíbe el aborto, en los artículos 134 y 135 y establece que la mujer que se practicara un aborto tendrá una sanción de 1 a 3 años de cárcel, o si alguien más provocara un aborto, dependiendo de las circunstancias, será sancionado con 1 a 8 años de prisión. Lo único que no es punible es el aborto terapéutico, es decir el que se practica cuando se evita peligro para la vida de la madre, después de agotados los medios científicos y técnicos.

Entre 2012 y 2022, el Organismo Judicial (OJ) emitió 101 sentencias por aborto calificado, aborto con o sin consentimiento, aborto preterintencional y aborto procurado.  Un total de 28 sentencias fueron absolutorias y 73 condenatorias. 

El Estado prefiere criminalizar antes de analizar todo el contexto. Un claro ejemplo es la subjetividad con la que se aborda el tema de las niñas abusadas sexualmente condenadas a tener hijas o hijos de sus violadores.  Entre 2012 y 2022, 27 mil 797 niñas menores de 14 años dieron a luz a un bebé, producto de una violación sexual, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Mientras que, en el mismo periodo de tiempo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), realizó 73,078 reconocimientos médicos por delito sexual a niñas y mujeres.  De este número, el 67.7% correspondía a víctimas de entre 10 y 18 años.

Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes seguirá representando un desafío en Guatemala, a pesar de los derechos consagrados en normativas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mientras tanto, nos corresponde a las mujeres seguir resistiendo y haciendo visibles las  dificultades que vivimos a diario para alcanzar la igualdad, la plenitud y los derechos de todas; pero también, nombrando a las que nos abrazan y nos acompañan, porque juntas gritamos: ¡Hay que abortar a este sistema patriarcal!