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Escuchar a las comunidades, el desafío de la nueva ministra de Ambiente y Recursos Naturales

Patricia Orantes Thomas es una de las fundadoras de Movimiento Semilla. Pobladores afectados por empresas extractivistas ven con cautela las acciones de la cartera que dirigirá Orantes pero piden velar por los derechos de las comunidades afectadas.

Por Isela Espinoza

En medio de la crisis ambiental que vive el país debido a los incendios forestales y el del vertedero ubicado a inmediaciones de Villa Nueva, así como los conflictos sociales entre las comunidades y los proyectos extractivos, la diputada Patricia Orantes Thomas, fue nombrada este jueves como ministra de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tras la destitución de María José Iturbide.

En la sesión plenaria de este jueves, la legisladora solicitó al Congreso de la República la autorización para ausentarse de su cargo y asumir como ministra. Con 138 votos a favor, el pleno lo autorizó. Orantes llegó al cargo en la X Legislatura en segunda casilla de la Lista Nacional por el partido Movimiento Semilla. Antes de dejar su curul pidió la palabra y aseguró “tienen un Ministerio de Ambiente con las puertas abiertas”.

En una entrevista en donde confirmó que aceptó asumir el cargo, Orantes dijo que una de sus primeras acciones en la cartera será revisar los mecanismos existentes para el uso transparente de los recursos asignados y de no existir los fortalecerá. Su declaración está ligada al motivo por el que Iturbide fue cesada como ministra luego de ser criticada en las redes sociales por el uso de vehículos oficiales por parte de su hija para fines personales.

“En el caso concreto de los vehículos vamos a rotularlos todos para que la ciudadanía en cualquier momento pueda identificarlos”, afirmó Orantes quien integró las comisiones de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; de Finanzas Públicas y Moneda; de Energía y Minas y de Economía y Comercio Exterior. Además, es una de los fundadores de Semilla. Fue secretaria de organización durante el primer Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento Semilla y se desempeña como miembro suplente del CEN.

De 2006 a 2008 durante el gobierno de Óscar Berger, dirigió la Secretaría General de Planificación (Segeplan).

#Ahora 👉🏼🏛 Estudiante universitario llega al Congreso en sustitución de Patricia Orantes

Luis Enrique Ventura ocupará la curul de la diputada Orantes, quien fue designada como ministra de Ambiente. pic.twitter.com/YY9imXsedW

— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 11, 2024

Cerro Blanco, el desafío latente

La transparencia en el manejo de los recursos públicos, no es el único reto para la nueva ministra. En casi tres meses de gestión, Iturbide no dio respuestas claras a los pueblos originarios sobre proyectos extractivos. Durante el descanso de Semana Santa anunció que no revocaría la autorización de operaciones a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco de la empresa de capital canadiense Bluestone Resources, ubicada en Asunción Mita, Jutiapa.

La exministra de Medio Ambiente enfrentó críticas, pero justificó que el gobierno no podía anular los permisos de oficio ya que el plazo para hacerlo venció el 17 de enero. Sin embargo, tampoco explicó que otras acciones tomarían para frenar la actividad minera en ese municipio.

Cinco días antes de finalizar su gestión, el MARN de Alejandro Giammattei aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Cerro Blanco y abrió la puerta para que la transnacional canadiense active labores y pase de la modalidad de explotación subterránea a cielo abierto. Bluestone emitió un comunicado en el que anunció que iniciaría la explotación de oro y plata.

Estas operaciones también afectarían al departamento de Jalapa y al país vecino, El Salvador. El Observatorio de Industrias Extractivas (OIE) advirtió el 23 de enero de este año que la reactivación de la mina “implicaría graves riesgos ambientales”, pues la contaminación por el vertimiento de aguas residuales de la mina afectará a la cuenca Ostúa, la quebrada El Tempisque, el Lago Güija y el río Lempa, que conectan con El Salvador lo que podría provocar un conflicto binacional.

Cuando asumieron, las autoridades de Ambiente del gobierno de Bernardo Arévalo habían informado que auditarían el proyecto para verificar que cumpliera con las medidas de mitigación. Ahora, Orantes asumirá este desafío ya que las peticiones de los pueblos originarios sobre el cese de proyectos extractivos, entre ellos la mina Cerro Blanco, no han sido tomadas en cuenta.

Armando Teo, integrante de la resistencia de Asunción Mita contra la minería, afirmó que la población “está cautelosa” a la espera de las acciones del Gobierno respecto a Cerro Blanco. Para Teo la exministra de Medio Ambiente “se lavó las manos” y no tomó en cuenta las consecuencias ya que le dio “curso libre” al Estudio de Impacto Ambiental con inconsistencias.

“A ese estudio le faltan más de 800 folios que están desaparecidos y eso es lo que se busca resolver en las cortes. Actualmente la población está alarmada ya que los gobiernos no protegen a las personas pobres, sino que sencillamente se dejan llevar por sus propias negociaciones”, afirmó Teo.

Julio González, de Madre Selva, uno de los colectivos ambientalistas que han seguido de cerca el caso de Cerro Blanco, coincidió con Teo en que la exministra tenía la potestad de declarar que esa resolución de las autoridades anteriores no era acorde a los procedimientos y revocarla administrativamente por no llenar los requisitos. “Se violentó la norma ambiental ya que no tomaron en cuenta las opiniones de expertos internacionales ni lo planteado por la población”, dijo González.

Según comentó, la autorización del MARN no posee ni recomendaciones como suele suceder con otros Estudios de Impacto Ambiental.

Más información

https://prensacomunitaria.org/2024/01/giammattei-reactivo-la-mina-cerro-blanco-pero-arevalo-auditara-los-permisos-ambientales/

Población en resistencia

En 2007, la empresa en ese entonces dueña, EntreMares S.A., no pudo extraer ni oro ni plata porque los túneles se inundaron como resultado de que el estudio no analizó la superficie de los suelos, de tipo geotermal.

En 2019, GoldCorp (el segundo dueño) vendió los derechos a la canadiense Bluestone Resources. En 2021, esta presentó la propuesta para reactivar la mina con la actualización del Estudio de Impacto Ambiental para no perder la licencia.

Pero los pobladores en resistencia de Asunción Mita denunciaron que la minera degradaría el ambiente, dejaría las tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de la mina, fuentes de agua secas, ríos contaminados y daños a la salud.

El 18 de septiembre de 2022 en una consulta comunitaria la población dijo no a la minería con al menos 7 mil 481 votos y 904 a favor.

“El gobierno prometió que iba a hacer una auditoría y la ministra (Iturbide) dijo que no pudo detener eso, pero sí podía porque nosotros le presentamos desde hace dos años al Ministerio de Ambiente y de Energía y Minas las inconsistencias. Pero no las tomó en cuenta. Se hizo la consulta comunitaria pero tampoco se tomó en cuenta, prácticamente se está pisoteando nuestra soberanía”, manifestó Teo. Además, comentó que Iturbide no acudió a las reuniones en donde ellos expusieron nuevamente la situación, sino que delegaba a otras personas del MARN.

Teo también explicó que, de reanudarse la actividad minera de Cerro Blanco, el área en donde colocarían los acumulados de tierra extraída está a 400 metros de la comunidad Trapiche Vargas por lo que, según estudios, en una fuerte lluvia este acumulado de tierra podría desaparecer a la comunidad y contaminar el Lago Güija.

Además, la empresa de capital canadiense Bluestone Resources, ha adquirido más terrenos lo que ha llevado a acercarse cada vez más a las comunidades en resistencia. Los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE) que han apoyado a los pobladores también han sufrido de criminalización, denunció Teo. “Las instituciones del Estado nos han fallado en todo sentido”, afirmó.

El valle de Asunción Mita se encuentra asentado sobre un lago. Según explicó Teo, estudios revelan que a una profundidad de 80 pies se encuentra agua. Pero con la minera los niveles bajarían a 250 pies.

“Nosotros vimos que cuando el proyecto minero estaba sacando agua y dándole mantenimiento a los túneles, las fuentes de agua se agotaban. Ahora desde hace dos años que se realizó la consulta y ellos no han estado extrayendo agua se observan nacimientos de agua que desde hace 14 años no se veían. Eso es lo que más nos preocupa porque cuando uno tiene sed qué es lo que se necesita: aguo u oro”, puntualizó.

Los vecinos de la resistencia y colectivos ambientalistas prometen mantener el tema vigente para defender sus recursos naturales y detener la reactivación de una mina que ha estado en pausa por 16 años.

Más información

https://prensacomunitaria.org/2024/01/resistencia-antiminera-rechaza-la-reactivacion-del-proyecto-cerro-blanco-en-asuncion-mita/