Carmela Curup es abogada y directora del Bufete para Pueblos Indígenas e integrante de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala. Con el apoyo de autoridades y organizaciones indígenas se postuló ante el Organismo Ejecutivo como candidata a magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad.  De ser elegida entre la lista de 76 postulantes se convertiría en la primera magistrada indígena de la CC.

Por Cindy Espina

El 18 de febrero, el día Ajaw Jun Kej que en el calendario solar del pueblo Maya K’iche marca el inicio de un nuevo ciclo, el Kej, que se simboliza con el venado, Carmela Curup Chajón se postuló con el apoyo de autoridades y organizaciones indígenas para la magistratura titular de la Corte de Constitucionalidad ante el Organismo Ejecutivo. 

Curup Chajón es originaria de San Juan Sacatepéquez, tiene pensum cerrado en el doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene 30 años de experiencia y a lo largo de su carrera se ha desempeñado como docente y ha trabajado en el sector público y sociedad civil, en donde actualmente ejerce la defensa de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chavalan, criminalizadas por el Ministerio Público, por su rol en la defensa las elecciones generales de 2023. 

Entre otros casos que tiene a su cargo en el Bufete de Abogados Indígenas se encuentran las acciones de litigio contra la reactivación petrolera en la Selva Maya (caso Perenco) y las denuncias de contaminación y despojo que enfrentan las comunidades Q’eqchi’ por proyectos de extractivismo y monocultivos. El caso de Marcelino Xol Cucul y Jorge Coc Coc, en la región de Alta Verapaz, por defensa del territorio. También defienden a algunos de los estudiantes y docentes que han sido criminalizados por oponerse a la gestión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.  

La candidatura de Curup responde a un momento histórico en Guatemala en el que la reconfiguración de poder de la CC podría poner fin a cuatro años de criminalización y persecución política en contra de opositores al denominado Pacto de corruptos por parte del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras. 

De ser electa por el presidente, Bernardo Arévalo, sería la primera mujer indígena en ocupar una magistratura en el sistema de justicia de Guatemala, un cargo al que según ella es difícil llegar, no sólo por los intereses que se juegan en este proceso de elecciones, sino por la falta de espacios y oportunidades a las mujeres indígenas, lo cual ha sido parte de su lucha como abogada en Guatemala.

Curup también presentó su expediente para magistrada suplente de la CC designada por el Ejecutivo, con lo cual deja abierta la posibilidad de que si no es electa en la magistratura titular, pide que su expediente sea considerado para la suplente.

Esta no es la primera vez que Carmela Curup busca ocupar un puesto en las cortes de Guatemala. Fue candidata a magistrada de Salas de Apelaciones en 2024.

¿Cómo nace la idea de impulsar su postulación a magistrada de la Corte de Constitucionalidad?

-Existe la necesidad de estar del otro lado de la moneda, dentro de la estructura del Organismo Judicial con toda la experiencia que tengo sobre la realidad de los pueblos indígenas, de las personas excluidas y lo difícil de tener acceso a la justicia. Es necesario estar del otro lado con esa sensibilidad humana, con ese conocimiento de la realidad nacional. Nuestra postulación tiene el acompañamiento y el respaldo de autoridades indígenas para que este proceso tenga legitimidad en este en este ejercicio.

De ser electa, usted sería la primera mujer indígena en ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad ¿Qué significa para el sistema de justicia de Guatemala y para los pueblos indígenas? 

Las mujeres indígenas han trabajado en la construcción de la paz y la democracia de Guatemala, desde hace décadas, pero no se visibilizan. Históricamente hemos ido rompiendo estereotipos y estigmas participando en la defensa de los derechos, en la articulación de demandas de justicia, muchas veces basándonos en los principios cosmogónicos de nuestra cultura y sus valores identitarios. Obtener una de las magistraturas en la Corte de Constitucionalidad, no solo sería para este gobierno la oportunidad de empezar a saldar una deuda histórica de representatividad hacia los pueblos indígenas y hacia las mujeres, también implicaría el reconocimiento del papel protagónico de las mujeres indígenas en todos los ámbitos.

En el contexto actual ¿Qué impacto tendría o cómo modificaría el rumbo del sistema de justicia de Guatemala?

-Creo que uno de los aportes importantes que se haría a través de esta postulación es encontrar una reinterpretación de la norma jurídica, por medio de la utilización y aplicando los convenios internacionales de la realidad histórica y cultural de los de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los grupos excluidos y marginados. Quiero refrescar el pensamiento de la alta corte y que de alguna forma esta nueva visión esté muy apegada a la realidad y que pueda brindar una tutela y reparación a las personas por su derecho violento.

¿Mencione tres puntos de su agenda o plan en caso de ser electa por el presidente, Bernardo Arévalo, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad?

-Queremos recuperar la independencia judicial que hoy está siendo cuestionada. Queremos llevar certeza jurídica en la cual se tenga una correcta interpretación de los preceptos constitucionales y tratados internacionales que estén apegados a la realidad y que nos den seguridad en el ejercicio del derecho de todas las personas, ya sean pueblos indígenas, comunidades campesinas o empresarios.

Proponemos la transparencia y la publicidad de los procesos, porque esta es una forma en que los sujetos de derecho comparezcan a plantear sus reclamos frente a las magistraturas o frente al órgano jurisdiccional y eso es muy importante. Queremos acercar la magistratura a un escenario más comunitario para que haya un nivel no solo de conocimiento, sino también generar una especie de confianza.

Además, planteamos crear una secretaría de pueblos indígenas en la estructura del de la Corte de Constitucionalidad, que pueda darles un soporte a los magistrados sobre información relacionada a la realidad de los pueblos indígenas y con base a ello tomen sus decisiones.

¿Cuáles serían las estrategias para negociar con otras personas que atienden a intereses ajenos a los suyos?

-De lograr llegar a la magistratura titular, seguramente se utilizará uno de los mecanismos que se tiene dentro de lo que establece la ley y es la figura del voto razonado. Para que las personas puedan reclamar y utilizar ese voto razonado para acudir a otras instancias internacionales a defender sus derechos.

En su camino de su postulación como magistrada, ¿en qué grupos u organizaciones de Guatemala piensa que tendría más oposición a su trabajo?

-Sí, son desafíos muy fuertes los que se enfrentan. Primero llegar a la postulación y luego los análisis que se desarrollarán en su momento, pues entendemos que puedo sufrir una serie de ataques por parte del Pacto, esta alianza criminal de corruptos, principalmente del Ministerio Público. Creo que sí van a desarrollar alguna especie de ataque para objetar mi postulación, porque cómo hemos estado en la línea de la defensa de defensores de derechos humanos, defensores de la democracia, esto nos coloca en un lugar que no favorece a sus intereses. 

Para poner en contexto, el Bufete de Pueblos Indígenas litiga todos los derechos de tierra y territorios, entonces son temas álgidos y que tienen que ver con los intereses de la clase empresarial que financian el extractivismo en Guatemala. Por otro lado, los ataques pueden venir porque también atendemos los casos de criminalización en contra de comunidades y líderes de pueblos indígenas. Asimismo, tenemos la defensa de jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos que fueron expulsados y criminalizados.

¿Cuáles cree que serían sus principales obstáculos tanto para llegar a una magistratura y en caso de llegar para ejercerla?

Hay grupos criminales y corruptos que están tratando de sostener su cuota de poder, que siempre han tenido y, creo que sí, van a desarrollar alguna especie de ataque para objetar esta postulación. Ya estando en la magistratura también es probable que continúen los ataques, tal y como hemos visto en las acciones de jueces. Buscaría un acompañamiento de la sociedad civil, de pueblos indígenas que podrían elevar la voz y denunciar estos ataques que buscarían deslegitimar o generar un proceso penal en mi contra.

¿Usted tiene como única opción ser magistrada titular o también está entre sus análisis y propuesta una magistratura suplente?

-La titularidad tiene sus ventajas y desventajas, pero lo de la suplencia es un tema que estamos todavía valorando con el equipo, pero sí es un tema que se tendrá en su momento con la autoridad nominadora.