Cinco años después, condenan a exalcalde de Jocotenango por violencia contra Pamela Azurdia
Escrito por Glenda Alvarez
La sentencia llegó después de años de denuncia, obstáculos institucionales y una lucha sostenida que vuelve a evidenciar cómo la justicia en Guatemala llega tarde para las mujeres.
Por Glenda Alvarez
La justicia no empezó en un tribunal, empezó cuando Pamela Azurdia decidió nombrar lo que vivía. Cinco años después, un juzgado reconoció lo que durante ese tiempo fue puesto en duda, ralentizado y, en distintos momentos, desestimado: que hubo violencia.
Marcus Alexander González Pérez, exalcalde de Jocotenango, aceptó haber cometido el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica. La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, de Sacatepéquez, que lo condenó a dos años y seis meses de prisión conmutables, además de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por ese mismo período.
Una denuncia que tuvo que resistir al poder
La denuncia fue presentada en 2020, cuando el agresor aún ocupaba un cargo público. Desde ese momento, el proceso estuvo atravesado por una de las principales barreras del sistema de justicia guatemalteco: el antejuicio.
El caso no avanzó con la celeridad que exige una denuncia por violencia y durante años, las acciones legales quedaron detenidas, evidenciando cómo el poder político también condiciona el acceso a la justicia.
En conversación con Ruda, Pamela Azurdia compartió su experiencia sobre los cinco años que tomó el proceso judicial y los obstáculos que enfrentó para que su caso avanzara.
“Fue un proceso muy difícil… la que luchó todo el tiempo por darle movimiento fui yo”, relató Pamela. Durante años, su expediente fue trasladado entre distintas fiscalías sin avances claros, mientras ella insistía, llamaba y daba seguimiento constante al caso.
A esas dificultades se sumaron inconsistencias institucionales y experiencias que reforzaron su desconfianza en el sistema. “Sabía que algo andaba mal… por haber sido una figura pública y tener demasiados contactos”, explicó.
Durante mucho tiempo, la posibilidad de justicia parecía lejana. “Yo ya pensaba que no iba a haber movimiento”, dijo.
Nombrar la violencia en un sistema que la minimiza
Durante la audiencia de 2026, el Ministerio Público presentó los hechos y el acusado aceptó su responsabilidad penal. El juez determinó que la violencia psicológica fue acreditada a través de pruebas documentales y peritajes, incluyendo evaluaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Este punto es clave, pues en Guatemala las violencias no visibles siguen siendo cuestionadas, minimizadas o descartadas, incluso cuando forman parte de patrones sistemáticos de control.
En ese sentido, investigaciones han documentado que la violencia psicológica en relaciones de pareja se manifiesta a través de prácticas de control, manipulación, aislamiento y amenazas que no implican necesariamente agresión física, pero sí generan daño emocional profundo. El estudio “Violencia Psicológica en México y Guatemala” (2024), liderado por Hispanics in Philanthropy (HIP) y el Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), señala que estas formas de violencia incluyen desde palabras hirientes y celos, hasta control sobre la movilidad, la toma de decisiones y el aislamiento social de las mujeres, lo que dificulta reconocerlas como violencia debido a que no dejan huellas visibles.
La investigación también advierte que estas dinámicas tienen efectos sostenidos en la salud emocional de las sobrevivientes, como ansiedad, depresión, inseguridad y miedo, y que, al estar socialmente normalizadas, tienden a mantenerse en el tiempo.
Durante el proceso de Pamela, se estableció que existieron dinámicas de vigilancia, control y aislamiento. Elementos que, lejos de ser hechos aislados, forman parte de una estructura de violencia que atraviesa la vida de muchas mujeres.
Su caso, como muchos otros, se hizo público en medio de intentos por desacreditarlo o reducirlo a un “conflicto personal”.
Cinco años después: una sentencia que reconoce, pero también evidencia
Cinco años después de haber iniciado la denuncia, el caso de Pamela Azurdia llegó al reconocimiento legal de la violencia. En audiencia, Marcus Alexander González Pérez aceptó los cargos en su contra por violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, lo que constituye, en términos jurídicos, un reconocimiento expreso de su responsabilidad penal.
Marcus Alexander González Pérez al salir de la audiencia. Foto: Instituto de la Víctima
La sentencia no solo establece una pena, también impone medidas orientadas a la reparación y a evitar la repetición de la violencia. El exalcalde deberá asistir a programas de atención psicológica y procesos de reeducación, con el objetivo de comprender el impacto de sus actos y romper los patrones de control que ejerció. Además, se ordenó la emisión de una disculpa pública, entendida no como un gesto simbólico, sino como una medida obligatoria de reparación moral frente al daño causado a la dignidad de la víctima.
Estas consideraciones fueron enfatizadas por el Instituto de la Víctima en un video difundido en sus redes sociales oficiales, donde subraya que la resolución representa “el reconocimiento expreso y legal de la responsabilidad penal” y que “la justicia no es una transacción, sino el reconocimiento del daño causado”. En ese mismo pronunciamiento, la institución recordó que el caso no inició en los tribunales, sino en años de violencia sostenida y en un proceso judicial que exigió persistencia frente a múltiples obstáculos.
Tras la audiencia, el exalcalde hizo declaraciones públicas en las que sugirió que únicamente debía pagar una suma cercana a los Q4 mil como parte de la conmutación de la pena. Sin embargo, el Instituto de la Víctima aclaró que el monto exacto no fue divulgado precisamente para evitar la revictimización y proteger la privacidad de Pamela, además de señalar que la cifra fijada por el órgano judicial es significativamente mayor. La institución insistió en que reducir la sentencia a un monto económico distorsiona el sentido del fallo y minimiza la gravedad de la violencia acreditada.
La condena también incluye la inhabilitación del agresor para ejercer cargos públicos durante dos años y seis meses, marcando un precedente en un país donde el poder político ha sido, en muchos casos, un obstáculo para el acceso a la justicia.
Para Pamela, sin embargo, el impacto de la sentencia no se mide únicamente en la pena. El momento clave, indicó, fue escucharlo aceptar su responsabilidad frente a un juez: “demostrarle que ni su poder, ni su dinero, ni sus influencias están por encima de la ley”.
También destaca otras medidas que considera fundamentales: la obligación de recibir terapia, que ella misma solicitó, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Hay gente como él que no debería estar en un cargo público”, señaló.
El acompañamiento del Instituto de la Víctima fue, según relató, clave para sostener el proceso. Desde la denuncia hasta el seguimiento del caso recibió apoyo legal y psicológico constante. “Desde el día uno estuvieron conmigo… nunca me dejaron”, aseguró.
Aun así, el desgaste fue inevitable. Revivir el caso, repetir declaraciones y enfrentar la lentitud del sistema tuvo impactos emocionales importantes. “Repetir todo es como volver a regresar atrás”, resumió.
También señaló que, en muchos casos, el acceso a la justicia no ocurre de forma automática. “Hay que ejercer presión para que las instituciones actúen”, afirmó.
El caso de Pamela Azurdia no solo habla de una condena. Habla de lo que implica sostener una denuncia en Guatemala. De insistir cuando el sistema no responde, de enfrentar el poder, de resistir años. Y también deja un mensaje claro para otras mujeres: “Es cansado, es difícil y puede tardar… pero sí se puede”.
Pamela también reconoció el papel que jugaron los medios de comunicación en su proceso de denuncia. Recordó que fue Ruda uno de los primeros espacios que le permitió contar su historia y alzar la voz públicamente, en un momento en el que el caso no avanzaba en las instituciones. “Fueron las primeras que me abrieron las puertas para poder hablar”, aseveró, destacando la importancia de visibilizar estos casos para que no queden en silencio.
Pamela insistió en la importancia de las redes de apoyo y de no quedarse en silencio. “No importa si es un alcalde, un empresario o cualquier persona… nosotras podemos alzar la voz”.
Porque en un sistema que llega tarde, denunciar sigue siendo, antes que nada, un acto de resistencia frente a un Estado que aún no garantiza justicia plena para las mujeres.
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