Claudia González, exfuncionaria de la CICIG, deberá esperar un año más el proceso judicial en su contra
Escrito por Ruda
La incomparecencia del Ministerio Público (MP) y un nuevo retraso judicial frenan el juicio contra Claudia González, un caso que organismos internacionales señalan como ejemplo del uso del sistema penal para criminalizar a operadoras de justicia.
Por Ruda
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal suspendió el martes 5 de mayo el juicio contra Claudia González Orellana, exfuncionaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusada de abuso de autoridad, pese a que nunca ocupó un cargo de la administración pública.
La diligencia fue suspendida debido a la incomparecencia de los representantes del Ministerio Público (MP) y una apelación pendiente de resolución presentada en enero por el hijo de la presunta víctima ante la Sala Segunda de Apelaciones. La jueza María del Carmen Zamora reprogramó el juicio hasta el 12 de mayo del próximo año, argumentando la carga laboral del tribunal.
Joseline Nayareth Jácome, abogada defensora de González, calificó la ausencia del MP como injustificada debido a que no presentó ningún tipo de explicación. “Solamente no asistió, lo cual es un total incumplimiento de sus deberes y obligaciones que tienen como Ministerio Público y ente investigador”, declaró.
Gonzalez expresó su frustración por lo que consideró un “retardo malicioso” y la denegación de justicia. “Vemos a un Ministerio Público incumpliendo con sus obligaciones de estar presente en la audiencia o decir porque no van a participar (...) Sigo esperando un debate en el que pueda demostrar mi libertad”, declaró.
Reacciones
Amnistía Internacional criticó la suspensión del juicio, indicando que en Guatemala debe cesar el uso indebido de la justicia para hostigar a las y los defensores de derechos humanos. “Un año más de demora que genera incertidumbre y afectan gravemente su situación. El uso indebido de la justicia para hostigar a quienes defienden derechos humanos debe parar”, indicó en un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter).
Adeline Neau, de Amnistía Internacional, añadió que la demora de un año es “una característica del uso indebido de la justicia para castigar a las personas defensoras o a quienes lucharon contra la corrupción y la impunidad”.
El exfiscal Juan Francisco Sandoval también criticó la inasistencia del MP, calificándola como "un acto de mala fe e incompetencia" que demuestra que el ente no busca justicia, sino usar el proceso penal con otros fines. "Desde octubre de 2025 se sabía que hoy iniciaba el debate contra Claudia González, pero el Ministerio Público no se presentó; no es descuido, es mala fe e incompetencia", publicó en X.
Patrón de criminalización
La organización Impunity Watch denunció que el caso de González no es aislado, sino un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia vinculados a la lucha contra la corrupción.
Fiscales, jueces y otros profesionales del derecho que investigaron casos de corrupción, pero ahora están encarcelados o exiliados, después que la Fiscalía General del MP, dirigida por Consuelo Porras, ordenara investigaciones judiciales contra ellos.
La acusación contra González está relacionada al trabajo que la abogada realizó en 2017 como parte de la CICIG en una investigación contra la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila -ya fallecida-, por el delito de tráfico de influencias.
La CICIG reveló que Stalling Dávila intentó influir en decisiones de un tribunal de sentencia que juzgaría a su hijo Otto Molina Stalling, quien era acusado de actos de corrupción cometidos cuando era asesor del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lo que habría provocado la muerte de más de 50 pacientes renales por recibir un servicio deficiente. Aunque Molina Stalling y otros directivos del IGSS fueron condenados, posteriormente una sala de apelaciones revocó el fallo.
González fue arrestada el 28 de agosto de 2023 durante la ejecución de varias órdenes de captura contra extrabajadores de la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Desde entonces, movimientos sociales y organismos internacionales han denunciado irregularidades, incluyendo dudas sobre la imparcialidad de las acusaciones, restricciones a la publicidad de las audiencias, limitaciones a la observación internacional y reiterados retrasos injustificados.
La Misión Internacional de Juristas por Guatemala señaló que durante el allanamiento se incautaron dispositivos electrónicos con información confidencial vinculada a su ejercicio profesional, pese a que la orden judicial no autorizaba su decomiso. Amnistía Internacional también denunció que la primera audiencia de declaración se realizó nueve días después de la detención, sin la presencia del MP, violando sus derechos al no ser informada debidamente de los cargos.
La ley establece que la primera audiencia debe realizarse como máximo 24 horas después de haberse realizado la detención. A criterio de Amnistía esto constituyó una violación a sus derechos.
Pese a ello, un juez ordenó prisión preventiva en el Centro de Detención Mariscal Zavala, donde permaneció más de dos meses en aislamiento. La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y 47 organizaciones civiles condenaron el actuar del MP, calificándolo de arbitrario y criminalizante del ejercicio de la abogacía “sin ninguna base legal”.
En noviembre de 2023, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones le concedió libertad condicional bajo arresto domiciliario sin vigilancia y medidas alternas a la prisión, como presentarse a firmar cada 15 días a un juzgado de primera instancia y no salir del país sin autorización judicial.
González continuó enfrentando el proceso judicial en libertad, el cual se ha ido retrasando, afectando el debido proceso. El Centro por la Justicia y del Derecho Intencionalidad (CEJIL) señaló que la audiencia de ofrecimiento de prueba se prolongó durante más de 15 meses debido a múltiples suspensiones.
A esa retardación ahora se suma la reprogramación del juicio hasta el próximo año.
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