Comadronas en riesgo: el caso de María Eugenia y la impunidad en Petén
Escrito por Ruda
Por Ruda
María Eugenia Santos tenía 20 años de brindar sus servicios como comadrona y promotora de salud comunitaria en Santa Amelia, una comunidad ubicada en el kilómetro 101 ruta de El Naranjo, municipio de La Libertad, Petén. El 20 de abril de 2025, fue asesinada en su casa por dos hombres que la confundieron con otra persona.
Su legado tuvo poco eco en el Juzgado Pluripersonal de Sentencia en Petén, en donde el pasado 28 de octubre, un juez decidió absolver a Plinio M. Rodríguez Villanueva y José Antonio Morales del delito de homicidio, otorgándoles libertad inmediata.
Organizaciones de mujeres y el Movimiento de Organizaciones Sociales, Indígenas y Campesinas de Petén, exigen justicia para María Eugenia y piden al Gobierno proteger los derechos humanos de las mujeres y las comunidades.
Además de comadrona, María Eugenia también pertenecía a la Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo en Salud y Apoyo a Migrantes. Quienes la conocieron la recuerdan como una persona servicial que brindó ayuda a las y los pobladores en momentos difíciles y complicaciones de salud.
En Guatemala, las comadronas son mujeres de la comunidad que acompañan a madres desde los primeros meses de embarazo además de proveer atención y cuidado en el parto. En sus manos reciben vidas, especialmente en el área rural donde el acceso a servicios de salud por parte del Estado es limitado.
Hasta mayo de 2024, el componente de Comadronas del Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) registraba 20 mil 040 comadronas en Guatemala.
Durante su trayectoria, María Eugenia apoyó a decenas de mujeres embarazadas e incluso llegó a tener los conocimientos empíricos para detectar el cáncer de útero. “Brindó su servicio en un lugar donde no hay doctor, ni centro de salud, una realidad de muchas comunidades del área rural del departamento de Petén. En estos lugares son las comadronas y promotoras de salud quienes apoyan y dan alivio a personas de la comunidad en todo lo relativo a la salud familiar y comunitaria”, afirmó una fuente consultada por Ruda.
El asesinato de María Eugenia
En el caso de María Eugenia Santos, el Bufete para Pueblos Indígenas fue querellante adhesivo y explicó que el 20 de abril, Plinio M. Rodríguez Villanueva y José Antonio Morales a bordo de una moto se dirigieron a la casa de la comadrona.
“Estos dos sicarios fueron enviados por Milton Rodrigo López Suchité quien quería asesinar a Maribel Gómez Estrada. Pero los sicarios mataron a María Eugenia Santos”, contó Juan Castro del Bufete para Pueblos Indígenas.
En Santa Amelia, la comadrona María Eugenia Santos era conocida como Mari. Según testigos, en esa comunidad vive Maribel Gómez, a quien también le dicen Mari.
“Sabemos que se equivocaron a través de la extracción de una llamada, ya que los sicarios mantienen comunicación constante con Milton quien les dice que no les pagará porque se equivocaron al asesinar a María Eugenia y no a Maribel”, explicó Castro.
Fuentes de la comunidad consultadas por Ruda, que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que Maribel Gómez Estrada tenía conflictos familiares lo que pudo provocar la intención de asesinarla. Además, ante el desconocimiento de la labor que realizan las comadronas y los prejuicios que vinculan su trabajo con “hacer brujería”, así como la coincidencia de los diminutivos de sus nombres, influyeron en que los sicarios le dispararon a María Eugenia y se dieran a la fuga.
Días después del femicidio, uno de los dos sospechosos fue capturado y ligado a proceso por asesinato. Posteriormente, el segundo presunto implicado también es capturado y ligado a proceso por el mismo delito.
Las primeras audiencias se desarrollaron en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de La Libertad, Petén. El Ministerio Público presentó un peritaje balístico y declaraciones de testigos para demostrar la culpabilidad de Rodríguez Villanueva y Morales.
Sin embargo, en la etapa intermedia, donde se discute si los acusados van a un debate oral y público, el 14 de agosto el juez les favoreció al cambiar el delito de asesinato por homicidio, que posee penas leves de entre 15 a 20 años de prisión. Mientras el delito de asesinato incluye penas de 25 a 50 años de prisión. Según el juez, el cambio de delito se fundamenta en un “error en los roles” de los asesinos.
El caso fue trasladado al Tribunal de Sentencia de San Benito, Petén, en donde se inició el debate oral y público a cargo del juez Juan Antonio Pereira.
El Ministerio Público y el querellante adhesivo solicitaron cambiar el delito de homicidio a delito de asesinato. Sin embargo, el juez no aceptó, tampoco permitió interrogar a los acusados, según fuentes consultadas.
Previo a la sentencia, el 16 de octubre a través de un comunicado la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA) alertó sobre la impunidad en el caso. “Existe una profunda preocupación e incertidumbre, ya que la defensa supuestamente ha estado tergiversando los hechos en un intento de lograr que estos criminales queden en la impunidad”, manifestaron.
Además, exigieron a las autoridades acciones contundentes en este y otros casos de femicidio.
El pasado martes 28 de octubre, el juez absolvió a los acusados del delito de homicidio y les otorgó libertad inmediata.
Para las organizaciones y pobladores que exigen justicia para María Eugenia, la sentencia del juez no fue sorpresa ante la impunidad que existe en el sistema de justicia. Sin embargo, lamentaron que el caso de la promotora de salud comunitaria quede sin una resolución justa.
Una abogada del Bufete para Pueblos Indígenas, afirmó que ahora revisarán las “valoraciones que dio el juez a todos los órganos probatorios y lo que continúa es una apelación especial”.
Además, exhortó a las organizaciones y a las mujeres a denunciar, aunque exista temor porque no hay justicia, pero es importante sentar precedentes para que estos casos de violencia no queden en la impunidad. Además, abogó por crear redes de apoyo con organizaciones de mujeres donde puedan sentirse acompañadas para realizar las denuncias correspondientes.
Está previsto que este 5 de noviembre, se le entregue la sentencia del caso al Bufete para Pueblos Indígenas. Al contar con la copia de la sentencia tendrán 10 días para plantear la apelación especial, la cual se conocerá en una Sala de Petén.
“Ahora más que nunca exigimos justicia por la muerte de María Eugenia Santos, que su caso no quede impune y que exista garantía de Derechos para todas y todos”, manifestaron organizaciones de mujeres en ese departamento del país.
Imagen de archivo de la comadrona y promotora de salud comunitaria en Santa Amelia. Foto: Cortesía.
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