Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU aborda la criminalización de operadoras de justicia en Guatemala
Escrito por Glenda Alvarez
Exfiscales y abogadas guatemaltecas expusieron que el sistema penal en el país ha sido utilizado para perseguir a mujeres que investigaron casos de corrupción, en un patrón que incluye prisión preventiva abusiva, ataques digitales y desplazamiento forzado.
Por Glenda Alvarez
La criminalización en Guatemala no solo encarcela, expulsa o silencia. También castiga a las mujeres por haber ejercido autoridad, por haber investigado redes de corrupción y por haberse atrevido a ocupar un lugar que el poder aún insiste en reservar para otros.
Ese fue el centro de la discusión en el evento paralelo “Criminalización de las operadoras de justicia en Guatemala: desafíos estructurales y respuestas institucionales”, realizado el 12 de marzo de 2026 en el marco de la La 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), la cual se está llevando a cabo actualmente en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
El panel reunió a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret L. Satterthwaite; a las abogadas guatemaltecas Flor Gálvez, Joceline Jácome y Xiomara Sosa; y a las ponentes Adriana García y Sonia Acabal. La moderación estuvo a cargo de Romina Canessa, abogada senior del Cyrus R. Vance Center for International Justice.
La actividad no se limitó a describir una crisis institucional, lo que hizo fue ponerle rostro, cuerpo y consecuencias a una política de persecución que, según las participantes, ha sido impulsada desde el Ministerio Público y sostenida por sectores del sistema judicial en Guatemala para castigar a quienes investigaron casos de corrupción, defendieron derechos humanos o confrontaron estructuras de poder.
Un patrón de persecución
La primera en exponer fue Adriana García, asesora experta del Rule of Law Lab de NYU School of Law, quien explicó que la persecución actual no comenzó con los ataques al gobierno de Bernardo Arévalo, sino que viene de años atrás y ha afectado a jueces, juezas, fiscales y otras personas vinculadas a la lucha contra la corrupción.
García señaló que distintos organismos internacionales (entre ellos la CIDH, Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea) han advertido sobre el uso abusivo del derecho penal en Guatemala. Según explicó, el patrón identificado tiene tres dimensiones: obstaculización de investigaciones de corrupción, utilización del derecho penal como mecanismo de persecución e intentos de desestabilización democrática.
También subrayó que Guatemala tiene obligaciones internacionales claras en materia de independencia, imparcialidad y rendición de cuentas dentro del Ministerio Público, pero que en la práctica no existen mecanismos eficaces para exigir responsabilidades a la Fiscalía General.
“No son incidentes aislados”
La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, dijo que lo que ocurre en Guatemala no puede entenderse como una suma de casos individuales. Afirmó que existe un patrón de persecución contra operadores de justicia, periodistas, autoridades indígenas, estudiantes y personas defensoras de derechos humanos.
Según expuso, este patrón incluye campañas de hostigamiento en línea, uso abusivo de la prisión preventiva, manipulación en la asignación de casos, retrasos judiciales y reserva de expedientes para limitar el escrutinio público. También advirtió que muchas de las mujeres perseguidas no solo enfrentan criminalización, sino violencia diferenciada por razón de género.
“Estas mujeres se han enfrentado a abuso, acoso en línea, en lugares públicos, han sido detenidas, y especialmente para las mujeres indígenas es un proceso realmente doloroso”, resumió.
“Nos quieren regresar a la vida privada”
En la primera ronda del panel, la moderadora preguntó cómo se entrelazan las represalias institucionales con los estereotipos de género. Las respuestas de las panelistas apuntaron a una misma idea: la criminalización contra mujeres operadoras de justicia no solo castiga su trabajo, también castiga el hecho de haber ocupado espacios de poder.
Joceline Jácome, abogada guatemalteca y consultora de Abogados Sin Fronteras Canadá, dijo que esos estereotipos aparecen incluso dentro de las audiencias. Habló de desacreditación profesional, ataques personales y argumentos denigrantes por parte de la contraparte, sin que los jueces sancionen esas prácticas. Para ella, el efecto es claro: enviar un mensaje disuasivo a otras mujeres jóvenes interesadas en litigar casos de derechos humanos.
Flor Gálvez, exintegrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y del Ministerio Público, actualmente en el exilio, fue más directa. Dijo que las mujeres criminalizadas son castigadas por haberse enfrentado al poder y que la intención es empujarlas de nuevo al espacio privado.
“A quienes se enfrentan al poder se les quiere devolver a lo privado”, afirmó. “Nos quieren regresar nuevamente a la vida privada”.
Xiomara Sosa, exfiscal guatemalteca, coincidió en que la persecución contra exoperadoras de justicia tiene una dimensión profundamente patriarcal. Señaló que el mensaje ha sido claro para las mujeres que investigaron a sectores poderosos: recordarles “cuál es su lugar”.
El exilio como extensión del castigo
Uno de los momentos más duros del panel fue cuando Flor Gálvez habló del exilio. Contó que ese día cumplía cuatro años de haber salido de Guatemala y recordó que tuvo que hacerlo de forma abrupta, sin poder despedirse de su familia. “Salí con una maleta y mi perro”, dijo.
Explicó que el exilio no solo rompe trayectorias profesionales, sino también proyectos de vida, vínculos familiares y estabilidad emocional. Señaló además que muchas mujeres salen del país sin redes de apoyo, sin acompañamiento psicológico, sin respaldo económico y sin saber siquiera dónde van a dormir.
Por eso insistió en que la respuesta internacional no debe quedarse solo en la documentación de los hechos, sino avanzar hacia medidas integrales de protección, acompañamiento y reparación.
La prisión preventiva como castigo anticipado
Cuando se abordó el uso de la prisión preventiva, Xiomara Sosa sostuvo que en Guatemala se ha convertido en una herramienta de castigo y ejemplificación, especialmente contra mujeres operadoras de justicia.
Nombró a varias abogadas que han sido enviadas a prisión: Leily Santizo, Paola Escobar, Aliss Morán, Samari Gómez y Claudia González. Dijo que no fue casual que todas fueran mujeres. Para ella, el mensaje era castigar a quienes se atrevieron a investigar a presidentes, ministros, empresarios y redes de corrupción.
Incluso relató que, en una audiencia, un representante de la Fundación contra el Terrorismo le dijo que lo que le estaba ocurriendo “le había pasado por haberse salido de la cocina”.
La frase, dijo, resume de forma brutal el carácter patriarcal de esa persecución.
Defender también implica ponerse en riesgo
La criminalización no afecta solo a quienes fueron fiscales o juezas. También alcanza a quienes asumen su defensa.
Joceline Jácome explicó que actualmente ejerce la defensa de aproximadamente diez exoperadores de justicia, entre ellos Claudia González, y que en Guatemala ya existe un patrón claro: las abogadas y abogados que defienden a personas criminalizadas también pueden convertirse en objetivos de persecución.
Según relató, a finales de 2024 y principios de 2025 hubo alertas sobre posibles órdenes de captura contra integrantes del colectivo que ejerce esas defensas. Eso las obligó a activar medidas de seguridad, reubicaciones temporales y estrategias constantes de autoprotección.
Para Jácome, litigar estos casos implica trabajar en un entorno de hostigamiento, incertidumbre y riesgo permanente.
Violencia digital para callar y disciplinar
La tercera parte del panel se concentró en los ataques en redes sociales. Las panelistas denunciaron que la violencia digital en Guatemala opera de forma coordinada, con mensajes misóginos, filtración de información reservada y campañas dirigidas a desacreditar a las operadoras de justicia.
Xiomara Sosa contó que antes incluso de ser capturada ya circulaban mensajes en redes anunciando órdenes de aprehensión. Dijo que muchas de esas publicaciones contenían información que solo podía provenir del Ministerio Público. También habló de insultos, burlas sobre el cuerpo y expresiones humillantes.
Flor Gálvez relató que desde que comenzó a alzar la voz públicamente empezó a recibir ataques como “zorra”, “fea”, “gorda” o “vamos tras de ti”. Explicó que esa violencia no se queda en la pantalla: genera miedo, autocensura, desgaste emocional y un impacto directo en la autoestima.
“Para mí que me digan zorra no son palabras al aire”, dijo, “son intentos de disciplinamiento”.
Por su parte, Joceline Jácome subrayó que estos ataques forman parte de una estructura organizada: se replican al mismo tiempo, en distintas plataformas y con el mismo objetivo de deslegitimar la trayectoria profesional de las mujeres perseguidas.
Una justicia que también debe proteger a quienes la defienden
En el cierre, las panelistas insistieron en que la independencia judicial es una condición básica para el acceso a la justicia, no solo para quienes juzgan, sino también para quienes denuncian, investigan o defienden derechos.
Jácome recordó que el acceso a la justicia no comienza en el tribunal, sino desde el momento en que una mujer presenta una denuncia y espera que el sistema responda sin prejuicios ni arbitrariedades.
Xiomara Sosa, por su parte, planteó que Guatemala necesita cambios de fondo en la carrera judicial y en la forma en que se eligen magistraturas, para que las mujeres puedan acceder a esos espacios sin depender de pactos o favores.
El cierre institucional estuvo a cargo de Sonia Acabal, de Protection International Mesoamérica, quien dijo que el acceso a la justicia también debe garantizarse para quienes buscaron justicia y hoy enfrentan violencia institucional por haberlo hecho.
La conversación dejó claro que la criminalización de operadoras de justicia en Guatemala no es solo una disputa legal. Es también una forma de castigo político y de género. Castiga a las mujeres por investigar, por ocupar espacios de autoridad, por defender a otras personas perseguidas y por no aceptar el lugar que históricamente se les ha querido imponer.
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