El pacto de silencio que obliga a niñas a vivir con sus abusadores
Escrito por Derik Mazariegos
«La entregaron a los 8 años. Él “la respetó” hasta que pudiera tener hijos. Tuvo su primera hija a los 11 años. De los 11 a los 21 años, ha tenido 4 hijos. Él tiene 10 años de diferencia»”.
Por Derik Mazariegos
A pesar de las prohibiciones legales, los matrimonios y uniones infantiles persisten bajo el amparo de la costumbre y la pobreza, perpetuando un ciclo de violencia sexual,embarazos forzados y exclusión
El decreto 13-2017 marcó un hito en la protección de la niñez guatemalteca al reformar el Código Civil y prohibir, sin excepciones, el matrimonio de personas menores de 18 años. Sin embargo, siete años después, la realidad en los territorios demuestra que la ley, por sí sola, no erradica las estructuras de poder que sostienen estas prácticas.
El informe Más allá de lo visible (FLACSO/UNFPA, 2025) revela que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF) no desaparecieron tras la reforma legal. Por el contrario, han mutado hacia la informalidad, protegiéndose tras el silencio comunitario y, en algunos casos, la complicidad de autoridades locales.
Lejos de desaparecer, esta práctica se ha transformado para adaptarse a las restricciones legales, as familias y los agresores recurren a autoridades comunitarias y abogados con el fin de redactar "cartas de compromiso", documentos sin validez jurídica en los que un hombre adulto promete contraer matrimonio con la menor cuando esta cumpla la mayoría de edad.
Este mecanismo, que reviste de aparente formalidad una práctica ilegal, encubre una crisis humanitaria caracterizada por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de niñas y adolescentes, quienes quedan expuestas a un ciclo intergeneracional de exclusión, violencia y pobreza.
La tríada de la violencia
El informe identifica un patrón recurrente que explica la persistencia de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Guatemala. Los expertos la definen como un ciclo de violencias estructurales interrelacionadas: la violencia sexual, el embarazo infantil y la unión forzada. Estas tres fuerzas son engranajes de un mismo sistema de control patriarcal.
Con frencuencia el ciclo comienza con la violencia sexual. Los datos evidencian una marcada brecha de edad entre las mujeres que experimentaron su primera relación sexual y sus parejas, ya que mientras ellas tenían en promedio 15 años, los hombres alcanzaban los 22.
Cuando esa violencia deriva en un embarazo, muchas veces ocasionado por hombres pertenecientes al entorno cercano o que ejercen alguna posición de autoridad, las familias presionan a la víctima para que establezca una unión con su agresor.
Esta decisión responde a normas patriarcales y mandatos de género que buscan preservar el denominado "honor familiar" y la búsqueda de un proveedor económico, aun cuando ello implique consolidar la situación de violencia y vulneración de derechos que originó el embarazo.
Datos de una tragedia silenciosa
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9 de cada 10 adolescentes embarazadas han estado casadas o unidas alguna vez.
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16 años es la edad promedio del primer embarazo en estas circunstancias.
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El 56% de las menores de 18 años unidas de manera informal se autoidentifican como mayas, xinkas y garífunas.
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9 de cada 10 adolescentes que se unen dejan de estudiar debido al embarazo.
Créditos: Estuardo de Paz
Esta tríada destruye cualquier proyecto de vida autónomo. Luego de un matrimonio o unión forzada, las niñas enfrentan sobrecarga de trabajo de cuidados, abandono escolar, problemas de salud mental y física, y un aislamiento profundo de sus redes de apoyo. Las uniones forzadas no son una salida a la vulnerabilidad, sino una estrategia sistémica de control sobre los cuerpos y el futuro de las mujeres desde su niñez.
¿Por qué la reforma de 2017 no ha frenado las uniones?
La investigación concluye que existe una amplia brecha entre la legislación y la realidad territorial. El informe documenta cómo, para evitar la cárcel por violación (un delito penado por la ley si la víctima es menor de 14 años), los hombres adultos mantienen a las menores en uniones de hecho clandestinas, sin formalizar ningún vínculo legal.
El informe documenta incluso casos en Quiché, donde los padres negocian la entrega de sus hijas bajo la condición de que el agresor les administre métodos anticonceptivos forzados hasta que cumplan los 18 años, ocultando así la evidencia del delito a través del embarazo.
Además, muchos hijos nacidos de estas uniones a menudo no son inscritos en el Registro Nacional de Personas (RENAP) para no dejar rastro legal de la relación entre un adulto y una menor, y los recién nacidos son despojados de derechos básicos como la identidad y la salud.
Por otra parte, la investigación demuestra que los matrimonios y uniones de niñas no son un fenómeno homogéneo. Las dinámicas culturales y económicas dictan cómo se manifiesta la violencia en cada región.
Alta Verapaz: La sombra de la finca
En comunidades q'eqchi'es, las uniones forzadas tienen profundas raíces históricas ligadas a la colonización y al sistema de fincas alemanas.
Originalmente, algunas familias unían a sus hijas pequeñas con hombres de su misma comunidad para protegerlas de las violaciones de los finqueros y capataces. Con el tiempo, esa estrategia de supervivencia se ha tergiversado en una norma patriarcal alimentada por la pobreza extrema y las relaciones desiguales de poder.
El informe recoge testimonios que evidencian cómo las niñas son "entregadas" a hombres mayores a cambio de bienes básicos: "Me das a tu hija porque le voy a construir una casa de 36 láminas", cita el informe. En algunos casos, los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) actúan como legitimadores de estas uniones cuando hay un embarazo de por medio.
Izabal: Entre la matrilínea y la explotación
En comunidades garífunas y afrodescendientes (Livingston y Puerto Barrios) el panorama es distinto. Aquí, la cultura matriarcal y matrilineal actúa como un factor protector.
Si una adolescente queda embarazada, la red de cuidado familiar (abuelas y tías) la sostiene; no es obligada a unirse a su agresor ni es marginada. Sin embargo, enfrentan un acecho diferente. La hipersexualización de las mujeres afrodescendientes, sumada al turismo y la pobreza, ha creado un mercado de trata. El informe denuncia la presencia de "jubilados" —hombres mayores retornados de EE. UU.— que buscan a niñas vulnerables, perpetuando la prostitución y el abuso bajo la fachada de apoyo económico.
"Las niñas no existen. Las unen al ser unas niñas, no opinan, no se les deja hablar, pasan años sin ver a sus familias, no tienen acceso a dinero." — Testimonio recabado en Chiquimula.
Romper el cerco
El informe concluye que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas en Guatemala no constituyen una "tradición ancestral", sino una violación sistemática de los derechos humanos que ha sido legitimada mediante discursos que apelan a la costumbre y perpetuada por la insuficiente respuesta institucional del Estado.
Su erradicación demanda una estrategia integral que trascienda las reformas legales y las medidas punitivas, incorporando acciones orientadas a transformar las condiciones sociales, económicas y culturales que sostienen esta práctica.
Ello implica romper el pacto de silencio que normaliza la violencia en numerosas comunidades, garantizar una Educación Integral en Sexualidad (EIS) pertinente y culturalmente adecuada, fortalecer los mecanismos de protección y ampliar las oportunidades de educación, autonomía económica y desarrollo para niñas y adolescentes.
Mientras las niñas sigan siendo vistas como una respuesta a la pobreza familiar o como un medio para preservar normas patriarcales, las reformas legales seguirán enfrentando serias limitaciones para traducirse en cambios efectivos en la vida de quienes permanecen expuestas a estas formas de violencia.
Link al informe:
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