Estudiantes sancarlistas de Santa Rosa se organizan tras el despido de su docente de Medicina
Escrito por Prensa Comunitaria
En Cuilapa, Santa Rosa, el conflicto de la Universidad de San Carlos de Guatemala dejó de ser una discusión lejana para convertirse en una experiencia cotidiana: organización estudiantil, cambios administrativos y una carrera de Medicina en proceso de consolidación reflejan cómo la crisis institucional se manifiesta en los territorios.
Por Prensa Comunitaria
La permanencia de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sostenida con un proceso fraudulento, exclusión y control institucional, empieza a mostrar sus efectos más allá del discurso político. Lo que durante meses se sostuvo como continuidad administrativa hoy enfrenta cuestionamientos relacionados con la organización interna, la claridad en la toma de decisiones y el funcionamiento de los centros regionales.
Santa Rosa, territorio de origen del propio Mazariegos, se ha convertido en un punto clave para leer esa crisis. Lejos de ser un espacio ajeno al conflicto, distintos sectores sostienen que los centros universitarios del departamento fueron de los primeros en alinearse a la actual gestión, con estructuras cercanas a su línea de poder y decisiones que, por años, se mantuvieron sin demasiada confrontación pública.
Estudiantes de medicina se pronuncian ante el fraude en la USAC. Créditos: Redes sociales
En el Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO), con sede en Cuilapa, estudiantes de distintas carreras se declararon en asamblea permanente. La decisión responde, según explican, a una acumulación de inquietudes relacionadas con procesos administrativos, falta de información institucional y cambios recientes dentro del centro universitario.
A las preocupaciones se suma lo que sucede con la carrera de Medicina, una de las más recientes en la sede regional. Primero, la incertidumbre con la inscripción, la cual ya fue regularizada después de varios meses de incertidumbre.
Lo que ocurre en CUNSARO no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio donde las decisiones institucionales que impactan directamente la experiencia estudiantil en los territorios.
De la imposición en rectoría a la crisis en los centros regionales
El 8 de abril de 2026, se consumó el fraude para imponer a Walter Mazariegos; sin embargo, la crisis no comenzó ese día. Venía incubándose desde antes en decisiones políticas, administrativas y académicas que poco a poco fueron tensando la vida universitaria, especialmente en las sedes regionales.
En Santa Rosa, esa tensión se conectó con una estructura de poder que ya era vista por estudiantes y docentes como cercana a Mazariegos. Dentro de ese entramado aparece el nombre de José Luis Aguirre Pumay, entonces director de CUNSARO, quien posteriormente dejó el cargo para asumir una magistratura suplente, electo por el CSU.
Tras su salida, la conducción del centro universitario quedó en manos de Elmer Amílcar Carrillo Chávez, quien hasta entonces fungía como coordinador académico y pasó a desempeñarse como director interino en medio de la conflictividad.
Para el estudiantado, la transición no fue un simple relevo administrativo. Ambos nombres aparecen ligados a una misma línea de conducción cercana a la gestión actual de la USAC. Por eso, cuando la crisis empezó a sentirse dentro del campus, no fue leída como un accidente, sino como la manifestación local de una estructura de poder ya consolidada.
La expansión académica como vitrina y el caso de Medicina como síntoma
Uno de los antecedentes más importantes de esta historia es la apertura de nuevas carreras en los centros universitarios regionales. En CUNSARO, esa expansión fue presentada como una muestra de crecimiento institucional. Medicina, Arquitectura y Psicología aparecieron como parte de una oferta académica ampliada que prometía acercar nuevas oportunidades de formación al departamento. Pero detrás del anuncio comenzaron a abrirse grietas.
La carrera de Medicina fue anunciada en septiembre de 2025 con la intención de iniciar en febrero de 2026. En el discurso institucional, la habilitación de una nueva carrera se presentó como un logro. En la práctica, estudiantes y docentes empezaron a encontrar un proceso acelerado, desordenado y sin suficiente claridad. Según testimonios recabados para esta nota, la implementación avanzó antes de que existieran condiciones académicas mínimas para sostenerla.
La doctora Anita Chuy, quien fue incorporada como docente en esa carrera, relata que desde el inicio tuvo dudas. Pensó que una carrera como Medicina requería planificación previa: programas anuales, bibliografías definidas, cursos claros, documentos completos y un tiempo razonable para diseñar la propuesta académica.
En cambio, lo que encontró fue una cadena de reuniones vagas, convocatorias ambiguas e incluso intentos de construir material promocional cuando todavía no existía una base académica suficientemente consolidada.
Según su relato, hubo momentos en los que se convocó a médicos para asistir a actividades donde se filmarían videos con estudiantes de primer ingreso, en un contexto en el que ni siquiera existían asignaciones formales ni una estructura definida. Para ella, aquello respondía más a una lógica de propaganda que a un proceso serio de instalación académica.
Docencia en medio de decisiones aceleradas
Las dudas sobre el proceso de implementación de la carrera de Medicina se profundizaron cuando la doctora Anita Chuy fue contactada para integrarse como docente. Según su testimonio, la comunicación ocurrió el 26 de enero, cuando se le informó que podría impartir el curso de Salud Pública y que debía indicar, vía mensaje, los días y horarios disponibles para asumir dos secciones.
Tras enviar su disponibilidad, recibió como referencia un programa de estudios correspondiente al Centro Universitario de Occidente (CUNOC), con el cual comenzó con la revisión de contenidos y bibliografía. De acuerdo con lo indicado, su primer día de clases estaba previsto para el viernes 30 de enero. Sin embargo, ese día no se desarrollaron actividades académicas por el aniversario de la universidad, situación que, según relata, no fue comunicada formalmente por la administración, enterándose por terceros del cierre de las instalaciones.
Días después, el 2 de febrero, fue contactada nuevamente para confirmar su incorporación. Ese mismo día se presentó al centro universitario e inició sus labores docentes conforme a lo acordado.
Este proceso, según su relato, evidencia un inicio marcado por decisiones aceleradas. La incorporación de docentes se dio en plazos reducidos, sin una presentación formal del claustro ni espacios de coordinación académica amplios. A esto se sumó la utilización de programas de referencia de otras sedes universitarias, lo que reflejaba una fase inicial de estructuración de la carrera.
Un elemento que reforzó esta percepción fue la falta de claridad en la asignación de cursos. La propia doctora señala que, previo a iniciar clases, recibió una llamada de la coordinación académica consultándole sobre la posibilidad de impartir otra materia distinta a la ya asignada, lo que evidenciaba limitaciones en la organización interna.
A pesar de este contexto, decidió asumir el compromiso docente. Reorganizó su agenda profesional, preparó el material correspondiente y se presentó ante sus estudiantes, con quienes estableció una relación cercana basada en el acompañamiento académico.
Una carrera que funciona, pero sin suficiente certeza administrativa
El escenario se complicó con el paso de los días. La falta de comunicación institucional clara dio lugar a un ambiente marcado por versiones contradictorias y desinformación.
Los estudiantes señalaron que existía incertidumbre sobre distintos procesos administrativos, así como preocupación por la ausencia de orientaciones oficiales que permitieran comprender con claridad su situación académica. En ese contexto, también circularon rumores y señalamientos entre distintos sectores estudiantiles, lo que generó tensiones internas.
Según videos difundidos en redes sociales, comenzaron a aparecer mensajes que buscaban responsabilizar a determinados grupos por la interrupción de actividades académicas. Frente a ello, su postura fue mantener el enfoque en el acompañamiento académico del estudiantado, promoviendo la continuidad de la formación sin desconocer el contexto de inconformidad existente.
En términos prácticos, Medicina ya estaba funcionando en las aulas, pero sus bases administrativas seguían siendo confusas. Para el estudiantado, esa fragilidad no se limitó a un detalle técnico. Significó avanzar durante semanas sin certeza sobre si su carrera estaba plenamente reconocida dentro de la estructura universitaria.
Desinformación, rumores y estudiantes cada vez más solos
A medida que crecían esas dudas, también lo hacía el sentimiento de abandono. Estudiantes comenzaron a expresar que se sentían solos, que no recibían información clara sobre los procesos administrativos y que persistía la incertidumbre sobre su situación académica. Señalaban, además, que no existían pronunciamientos públicos desde el cuerpo docente que contribuyen a aclarar el contexto que estaban atravesando. En ese escenario, la desinformación empezó a multiplicarse.
En paralelo, circularon versiones contradictorias sobre los procesos de evaluación, inconformidades de padres de familia ante la falta de claridad en los mecanismos de ingreso a la carrera, así como señalamientos que responsabilizaban a distintos grupos estudiantiles por las dificultades en el desarrollo académico. Para algunos sectores, estas dinámicas configuraron un ambiente confuso que dificultaba la organización colectiva y generaba tensiones dentro de la comunidad universitaria.
Anita Chuy sostiene que una de las principales tensiones fue el intento de enfrentar a estudiantes de Medicina con los de otras carreras, especialmente Derecho. En esos días, dice, circularon audios y mensajes que responsabilizaban a ciertos grupos por impedir la continuidad académica. Su postura fue la contraria: insistió en que Medicina no podía abandonar las clases por completo porque ni siquiera tenía aún certeza administrativa, pero al mismo tiempo defendió el derecho a la manifestación.
En este contexto, también existe el temor a expresarse públicamente. En el departamento de Santa Rosa, particularmente en los centros universitarios, estudiantes y actores vinculados al proceso coinciden en que la situación que atraviesa la Universidad de San Carlos ha generado un ambiente de cautela, donde muchas personas optan por no dar declaraciones con nombre propio. El riesgo de represalias, la incertidumbre institucional y las tensiones internas han contribuido a que varias voces prefieran mantenerse en el anonimato, lo que, a su vez, limita la posibilidad de visibilizar con mayor amplitud lo que ocurre dentro de estas sedes regionales.
El pronunciamiento de Anita Chuy y la ruptura del silencio docente
En medio de ese clima, Anita decidió pronunciarse públicamente. En un comunicado difundido el 11 de abril, se presentó como médica, egresada orgullosa de la USAC y docente de Medicina en CUNSARO. En ese texto expresó respaldo a los estudiantes de Medicina y también a los de Derecho, exigió respeto al derecho de manifestación, pidió garantías de seguridad y reclamó el restablecimiento de la democracia y la autonomía universitaria.
La frase central del documento fue directa: “No me callo y me expreso”.
Para ella, el problema no era solo la situación de Medicina. También lo era el silencio del resto de la estructura docente y administrativa en un momento en que el conflicto ya no podía seguir tratándose como una molestia menor.
El oficio que buscó sacar las clases del campus
Dos días después de ese pronunciamiento, apareció otra señal de cómo la administración respondió al conflicto. El director interino, Elmer Amílcar Carrillo Chávez, firmó un oficio para solicitar el uso de la Escuela Tipo Federación Domingo Faustino Sarmiento como sede temporal de actividades académicas, argumentando la imposibilidad de acceso a las instalaciones del centro universitario.
Ese documento fue interpretado por el estudiantado como una maniobra para desplazar la crisis fuera del campus en lugar de abrir un proceso real de diálogo. Para quienes estaban en la asamblea, el traslado de clases no resolvía nada: solo desarticulaba la presencia universitaria en su espacio natural y alimentaba la narrativa de un centro cerrado, cuando ellos sostenían que no existía una toma total que justificara tal medida.
Oficio firmado por el director interino Elmer Carrillo para usar la Escuela Tipo Federación Domingo Faustino Sarmiento como sede. Foto USAC
El despido: una “reestructuración” sin claridad pública
La destitución de Anita Chuy ocurrió en ese mismo clima de tensión. Según su testimonio, el lunes siguiente llegó a impartir clases con normalidad. Desarrolló su sesión, conversó con estudiantes sobre cómo organizarse y, ya en el patio, siguió orientándolos sobre la necesidad de unificar sus representaciones estudiantiles.
Fue entonces cuando la secretaria de dirección salió a buscarla. El director interino quería hablar con ella.
Dentro de la oficina, Carrillo (según el relato de la doctora) le dijo que solo estaba siguiendo órdenes. Le comentó que había pedido referencias sobre ella y que le hablaron bien de su perfil profesional, pero que desde Guatemala había llegado la instrucción de retirarla por “reestructuración de personal”.
No le mostró una resolución final. No le entregó una justificación administrativa completa. Solo le comunicó la decisión.
Cuando salió, los estudiantes ya la esperaban afuera. Ella les confirmó lo que había pasado: “Sí, efectivamente, me echaron”.
Para ella, no fue una sorpresa. “Era una muerte anunciada”, dice. Su acompañamiento al estudiantado, su postura crítica frente a las irregularidades y su decisión de respaldar públicamente la protesta la habían colocado, según su lectura, en el lugar de quien debía ser apartada.
La reacción estudiantil: asamblea permanente y exigencia de restitución
La noticia del despido se propagó rápidamente y provocó una reacción inmediata. Estudiantes de distintas carreras comenzaron a movilizarse, no sólo para expresar solidaridad con la doctora, sino para convertir su reinstalación en una exigencia central del movimiento.
Estudiantes de Medicina muestran apoyo a la Dra. Anita Chuy. Créditos: Cortesía
La Asamblea General Estudiantil formalizó esa demanda en un memorial entregado el 15 de abril. En él exigieron la restitución inmediata de Anita Chuy, la remoción del licenciado Julio César Rivera, la convocatoria a elecciones pendientes y el cese de coacciones académicas. También denunciaron presiones, amenazas y uso del punteo o la asistencia como mecanismos de chantaje.
La declaratoria de asamblea permanente marcó un punto de quiebre. En Santa Rosa, donde durante meses el conflicto universitario se había administrado con bajo perfil, los estudiantes estaban ya no solo denunciando, sino exigiendo públicamente cambios concretos.
Una docente fuera del aula, pero no fuera de la lucha
A pesar del despido, Anita Chuy insiste en que lo ocurrido no la saca del conflicto. “No me quitan la voz”, sostiene. Explica que su interés en estar en CUNSARO nunca fue económico, sino vocacional. Lo que le dolió no fue perder el puesto, sino dejar a los estudiantes en medio de una carrera frágil, sin certezas y bajo presión.
Su trayectoria hace que su caso tenga un peso particular. Con más de 14 años de experiencia médica, pasó por el IGSS, clínica propia, liderazgo gremial como presidenta de la Asociación de Médicos de Santa Rosa y responsabilidad sobre la sede del Colegio de Médicos en el departamento, no era una figura marginal dentro del centro universitario por eso, su salida fue leída también como una advertencia.
La Dra. Anita Chuy sigue apoyando la resistencia estudiantil en Cuilapa. Créditos: Cortesía.
En la parte final de su relato, la doctora vincula lo sucedido con dinámicas de poder que, según su percepción, trascienden el ámbito universitario. Señala que, después del conflicto, ha recibido advertencias indirectas que interpreta como formas de presión, en un contexto donde, afirma, tampoco ha existido un pronunciamiento público desde espacios gremiales vinculados a su ejercicio profesional.
Para ella, este silencio resulta significativo dentro del escenario que enfrenta. Aunque no existe documentación pública que permita verificar de manera concluyente estos señalamientos, su testimonio refuerza una idea que atraviesa todo el caso: en Santa Rosa, la crisis universitaria no se limita al aula, sino que se conecta con otros espacios de influencia.
Lo que hoy ocurre en Cuilapa no se explica solo por una protesta estudiantil, ni únicamente por la destitución de una docente, ni por el desorden de una carrera nueva. Se trata de la forma en que la crisis de legitimidad de la USAC empieza a expresarse en los territorios donde antes dominaba el silencio.
En Santa Rosa, la imposición de Walter Mazariegos ya no se discute sólo como un problema de rectoría. Se siente en la fragilidad de la oferta académica, en la incertidumbre de los estudiantes, en el control administrativo y en el castigo a quienes deciden hablar.
Participaron de esta nota
Prensa Comunitaria
402 artículos