La denuncia de la cantante Belinda por violencia digital y mediática contra el cantautor Lupillo Rivera ha puesto en los reflectores el papel fundamental en la protección de las víctimas de violencia digital en Latinoamérica. Aquí te contamos cuáles son los tipos de violencia digital más frecuentes y cómo afecta a las mujeres en cualquier ámbito que se desenvuelven.

Por Ruda

El rumor sobre una supuesta relación amorosa entre la cantante y actriz Belinda y el cantautor Lupillo Rivera ha dejado de ser solo material para portales de espectáculos, y ahora forma parte de documentos oficiales en una investigación ante las autoridades judiciales mexicanas.

El cuchicheo sobre el supuesto romance comenzó en 2019, cuando ambos artistas coincidían como jueces mentores (coaches) en el reality show "La Voz México".

Aunque inicialmente ninguno de los dos cantantes confirmó la relación, el rumor subió de tono cuando se hizo público que el músico se había tatuado el rostro de la artista en el brazo, lo cual fue considerado por sus seguidores como una prueba de una relación amorosa entre ambos. 

Sin embargo, durante seis años, Belinda ha negado y evitado consistentemente confirmar cualquier romance con su colega, pero el caso tuvo un giro inesperado cuando este año Lupillo Rivera publicó el  libro biográfico titulado “Tragos Amargos”. 

Según los medios de comunicación mexicanos, el cantante asegura en su libro que tuvo un noviazgo con Belinda que duró cerca de siete meses y, durante  la promoción de su libro, sostuvo que tiene un celular “con pruebas” de esa relación sentimental. 

Luego de esas aseveraciones, Belinda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Lupillo Rivera por violencia digital y mediática.

Para sustentar su denuncia, la prensa mexicana, informó que la artista se ampara en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, gracias a un conjunto de reformas publicadas en el diario oficial en enero de 2020. Estas reformas, conocidas como “Ley Olimpia”, incluyeron  la incorporación de la violencia digital y violencia mediática a ese marco legal.

Las reformas al código penal y la ley que protege a las mujeres  fueron impulsadas por la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima en 2014 de la difusión no autorizada de un video de contenido sexual.

Bajo esas reformas, la Fiscalía de la Ciudad de México le otorgó medidas de protección a Belinda, entre ellas la prohibición a Lupillo de acercarse o hacer cualquier referencia a la artista. 

¿Qué es la violencia digital?

La violencia digital no es un fenómeno aislado; es una extensión de las relaciones de poder, el odio hacia las mujeres y los grupos no heteronormativos y la misoginia que han dominado históricamente los diferentes espacios de la vida social, indica el informe “ Entre el menosprecio y las amenazas: análisis de violencia digital contra las mujeres en ocho países de Iberoamérica”, publicado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe describe que los patrones de control, acoso y humillación ejercidos en el ámbito privado, laboral o político, se han trasladado al espacio virtual, utilizando la tecnología como una nueva arma para mantener la subordinación de las mujeres y perpetuar el ciclo de violencia de género.

La virtualidad permite a los agresores, en la mayoría de los casos, actuar desde el anonimato y con más impunidad. Los ataques buscan deshumanizar, humillar y avergonzar a las víctimas, a menudo empleando la desinformación para crear narrativas de odio. 

A pesar del aumento de la violencia digital, las grandes plataformas de redes sociales siguen siendo criticadas por no establecer límites que frenen su avance. 

Loreto Bravo, coordinadora de estrategia de protección y cuidados digitales de IM-Defensoras, explica que esto se atribuye al diseño de estas plataformas, que a menudo está alineado con los intereses de sus ricos propietarios, quienes pueden tener opiniones que desestiman el cambio climático, apoyan políticas migratorias represivas o se alinean con el militarismo.

“Las tecnologías a las que hoy en día tenemos acceso pertenecen a empresarios muy ricos, multimillonarios, de los más millonarios en el mundo, estamos hablando de Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, o sea, estamos hablando de hombres con muchísimo poder, no solo económico, sino mucho poder político”, dice Bravo.

Por ello, organizaciones de derechos humanos y actores regionales han señalado que las políticas de moderación de contenido son a menudo insuficientes, inconsistentes o sesgadas, permitiendo que los discursos de odio y las agresiones misóginas proliferen sin consecuencias para los agresores. 

En contextos de autoritarismo como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, la violencia digital escala a la violencia política dirigida contra mujeres que ocupan o aspiran a cargos públicos, defensoras de derechos humanos y periodistas con el fin de sacarlas de la esfera pública y silenciar sus voces. 

Paralelamente, la retórica polarizante de figuras relevantes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la llamada "cultura woke", exacerba estos climas de intolerancia, lo que se ha traducido en acciones concretas, como la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas de El Salvador, limitando la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.

“El informe de violencia digital contra las mujeres” publicado en 2023 por ONU Mujeres define a la violencia digital como  “una manifestación más dentro de las violencias de género que se ejercen en contra de las mujeres en espacios digitales o utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.  

La defensora de derechos humanos Olimpia Coral Melo, de México, durante la presentación de su libro “Violencia digital y mediática” realizada en diciembre del año pasado, declaró que “la  violencia digital son todos aquellos actos gravados y perpetuados en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, la intimidad, la seguridad y los derechos humanos de las personas que habitan el internet y sus espacios digitales”.

Asimismo, la activista de los derechos de las mujeres agregó que, la violencia digital aunque afecta también a los hombres, tiene un mayor impacto en la vida de las mujeres debido a la hipersexualización de los cuerpos femeninos. 

“Lo que no es verdad es que no nos impacta de la misma forma a mujeres y a hombres, lo que no es verdad es que la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres en proporción a la hipersexualización de los cuerpos de los hombres no tienen el mismo impacto social”, señaló Melo. 

Para Amnistía Internacional, estas formas de violencia que se cometen a través de la tecnología son parte de una secuencia ininterrumpida de violencia de género contra las mujeres, niñas y personas LGBTI, que se fundamenta “en la desigualdad de género, la asimetría de poder y los estereotipos y normas de género nocivos, que a su vez reproduce”.

Ruda on Instagram: "🇬🇹 ¿Sabes reconocer la violencia digital?📱

En Guatemala está normalizada que pasa desapercibida: burlas, capturas privadas, audios filtrados, sexualización de niñas y adolescentes, doxing, ataques a defensoras, estas son algunas formas de #ViolenciaDigital.

👉🏽 Te contamos con información de @unfpaguatemala y @nomasviolenciadigital. Qué es la violencia digital, cómo opera y por qué afecta de forma desproporcionada a mujeres, adolescentes y diversidades. Desliza para leer y compartir.
#NosQueremosLibres 🪽"

45 likes, 1 comments - ruda.gt on December 11, 2025: "🇬🇹 ¿Sabes reconocer la violencia digital?📱

En Guatemala está normalizada que pasa desapercibida: burlas, capturas privadas, audios filtrados, sexualización de niñas y adolescentes, doxing, ataques a defensoras, estas son algunas formas de #ViolenciaDigital.

👉🏽 Te contamos con información de @unfpaguatemala y @nomasviolenciadigital. Qué es la violencia digital, cómo opera y por qué afecta de forma desproporcionada a mujeres, adolescentes y diversidades. Desliza para leer y compartir.
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Guatemaltecas luchan por una ley 

El aumento de actos de violencia digital y la falta de un  marco legal específico para sancionar y prevenirla ha impulsado a organizaciones feministas, con el apoyo de  la presidenta de la Comisión de la Mujer, Sonia Gutiérrez Raguay, a promover una iniciativa de ley contra la violencia sexual digital en Guatemala.

La parlamentaria indígena ha sido víctima de ataques digitales en varias ocasiones. El 16 de noviembre de este año, denunció la utilización de una cuenta de Whatsapp con su imagen y su nombre, desde la cual están mandando mensajes pidiendo dinero para unas fundaciones. 

“Utilizando mi nombre se encuentran haciendo gestiones o requerimientos, lo cual es falso, en ningún momento he autorizado a nadie, ni estoy haciendo algún tipo de requerimiento por mensajes”, publicó la diputada en su cuenta de X (antes Twitter). 

La propuesta de ley, presentada originalmente en 2024, recibió un dictamen favorable en julio de este año, tras ser modificada por la comisión. Su objetivo es frenar la violencia digital que afecta a las mujeres guatemaltecas. Además, la funcionaria ha intentado incluir esta iniciativa en la agenda, lo ha hecho en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres.

Uno de los casos que ejemplifican esta problemática ocurrió en 2024, cuando tres alumnas de un colegio de la capital sufrieron la difusión de fotografías suyas alteradas con inteligencia artificial. Según la investigación del Ministerio Público, cuatro compañeros de las estudiantes convirtieron sus fotos cotidianas en imágenes de contenido sexual para su venta.

La normativa busca penalizar la alteración de fotografías mediante inteligencia artificial y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. "Esta iniciativa es una oportunidad histórica para proteger la dignidad, la integridad y la participación ciudadana de las mujeres en espacios digitales y públicos", declaró Sonia Gutiérrez el 8 de septiembre pasado, en un evento de apoyo a la moción. 

La legisladora señaló que, de 114 mujeres encuestadas sobre la violencia tecnológica, el 64% reportó haber sido víctima de ciberacoso, difamación, sextorsión o suplantación de identidad, si bien sólo el 8% presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Flor de María Gálvez Álvarez, exabogada de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),  lamenta la falta de voluntad de la actual legislatura por aprobar una ley que proteja a las mujeres de la violencia digital. 

“Lamentablemente es una legislatura de apafuegos, van legislando conforme a lo que va sucediendo. No se ha abordado este tema muy importante, porque las tecnologías van cambiando y hay que ir incorporando determinados tipos penales”, explica Gálvez. 

La abogada es parte de un grupo de mujeres operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y periodistas guatemaltecas que han sido víctimas de violencia digital y aunque denunció los ataques en su contra, al no haber una legislación que la proteja, su denuncia fue tomada por el delito de amenazas.

Avance lento en Latinoamérica 

Para ONU Mujeres uno de los avances más significativos en el marco normativo para regular la violencia digital en Latinoamérica son las reformas penales conocidas como  la “Ley Olimpia” en México, las cuales reconocen la violencia digital y mediática como una “acción dolosa”, cuyas sanciones van de 3 a 6 años de prisión y multas. 

Además, esa normativa incluye la violencia mediática estableciendo que son “actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueven directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permiten la difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres”. 

En los últimos meses, varias iniciativas han sido presentadas al congreso mexicano, para que se apruebe un marco regulatorio para la Inteligencia Artificial (IA). Las propuestas responden a la rápida proliferación de la IA generativa, que ha sembrado incertidumbre sobre la titularidad de los derechos, el uso de contenido protegido para su entrenamiento y el riesgo de los "deepfakes".

Por su parte en Ecuador el 6 de mayo de 2021 fue aprobada una reforma en  el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar la violencia sexual digital, incluyendo la difusión no consentida de contenido íntimo y el uso de inteligencia artificial con fines sexuales.

En Brasil, el 24 de septiembre de 2018, fue aprobada la ley N° 13718, la cual  penalizó la divulgación de escenas de sexo o violación, conocidas también como pornografía de venganza y estableció causas de aumento de pena para crímenes como el estupro colectivo y correctivo.  Por otra parte, el Marco Civil de Internet  exige a los proveedores eliminar contenido sexual no consentido.

Para el caso de Argentina, cuenta con leyes como la del "grooming" con penas de seis  meses a cuatro años de prisión y el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que penaliza la difusión de contenido sexual no autorizado.

El Salvador cuenta con la  Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) aprobada en 2010, la cual sanciona con penas de tres a cinco años de prisión la violencia psicológica, sexual y simbólica, incluyendo la difusión no consentida de material. 

La LEIV también castiga la difusión de pornografía con la imagen de la mujer sin consentimiento. Por otra parte, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos (LEDIC) de 2016  sanciona el acoso. el hurto de identidad  y la producción o difusión de contenido sexual explícito.

Impacto y riesgos

La violencia digital puede tener impactos significativos más allá del ámbito digital, incluidos riesgos físicos, emocionales y económicos.

La doctora Claudia Salazar, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, expone en una columna publicada en el sitio Comercio y Justicia, que las víctimas pueden presentar trastornos en su salud mental como depresión y ansiedad. 

“En ese mismo orden su desarrollo intelectual puede verse disminuido, tienen dificultades para socializar, empiezan a surgir ideas suicidas, cambia y se dificulta la comunicación familiar”, señala Salazar.

Loreto Bravo explica que tras un ataque digital la víctima sufre impactos emocionales, económicos, sociales y la autocensura en el caso de personas defensoras o periodistas.

“Salirse de la redes, dejar de publicar, dejar de escribir, dejar de levantar la voz y eso es un impacto que nos parece serio”, dice la coordinadora de IM-Defensoras.

En las afectaciones emocionales señala la depresión, la ansiedad y el miedo, en las consecuencias económicas menciona la pérdida de trabajo o fuente de ingresos y en los impactos sociales y comunitarios describe la estigmatización de la víctima. 

Gálvez agrega que los ataques digitales generaron estigma hacia ella lo que provocó que se autocensurara y dejara de exponer lo que estaba sucediendo en Guatemala.

Prevención y cuidados colectivos

Bravo recuerda que ante la necesidad de protegernos de la violencia digital es importante comprender que las tecnologías actuales son propiedad de poderosos multimillonarios, cuyos intereses no están alineados con el bienestar de los usuarios. 

Además, muchas veces no solo facilitan y simplifican la violencia, sino que también pueden generarla al cerrar cuentas de activistas, defensoras de derechos humanos y periodista o vulnerar derechos de privacidad.

La especialista recomienda protegerse de la violencia digital usando contraseñas fuertes, frases alfanuméricas que sean difíciles de adivinar pero fáciles de recordar. 

Además, indica el uso de VPN (Red Privada Virtual) para evitar que las compañías de telecomunicaciones monitoreen las actividades en línea. Luego sugiere el uso obligatorio de antivirus como Malwarebytes y Kaspersky. “Aunque las versiones de pago ofrecen protección más completa, incluso las versiones gratuitas son mejores que ninguna”, recalca Bravo.

La representante de IM-Defensoras explica que es fundamental desarrollar conciencia sobre el “phishing” y no abrir archivos, imágenes o enlaces desconocidos, incluso si parecen provenir de fuentes conocidas. Asimismo recomienda realizar copias de seguridad de la información regularmente en discos duros externos para garantizar la recuperación de los datos en caso de fallos del dispositivo, pérdida o robo. 

En cuanto a las personas que comparten  imágenes íntimas con su consentimiento advierte que deben usar plataformas seguras como Signal. Y en caso de ser víctima de violencia sexual recuerda que existen leyes que protegen contra la difusión de imágenes íntimas y para ello recomienda el sitio web acoso.online como recurso para encontrar leyes que protegen contra este tipo de abusos en los países de América Latina.

En el caso de mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodista Maka explica que desde La Iniciativa Mesoamericana abogan por la "protección y cuidado digital", haciendo hincapié en un análisis de riesgos holístico que incluye no solo los riesgos digitales, sino también los físicos, emocionales y económicos.

“El cuidado digital colectivo implica acuerdos construidos a partir del análisis de riesgos y contextos. Por ejemplo, los activistas estudiantiles que organizan manifestaciones pueden acordar usar Signal para la comunicación, ya que su modelo de negocio se basa en donaciones en lugar de la venta de datos, a diferencia de WhatsApp”, dijo Bravo. 

La especialista recalca que la efectividad de estos acuerdos colectivos depende de que todos los participantes los respeten, “si se rompe un acuerdo, la seguridad se ve comprometida independientemente de la plataforma utilizada”, concluyó.