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Los derechos humanos de mujeres y personas LGBTIQ+ corren riesgo con el nuevo triunfo electoral de Milei, en Argentina
El partido oficialista, Libertad Avanza, ganó con más del 40 % y promete “transformación cultural”. Detrás de los votos y la polarización parlamentaria, emerge otro temor por el desmontaje silencioso de políticas de inclusión, la ofensiva simbólica contra quienes denuncian violencia, la amenaza sobre el derecho al aborto legal y la precarización que se vuelve cuerpo en las mujeres y disidencias. Entre la desesperanza, la confusión administradas y la resistencia en shock, una pregunta insiste: ¿Cómo se defiende lo que costó décadas construir y se planifica la esperanza de un futuro en igualdad?
Por Celina de la Rosa
En Argentina, el nuevo mapa político tras las elecciones legislativas del 26 de octubre redefine el escenario de la disputa política, económica y cultural. La Libertad Avanza (LLA), partido del presidente Javier Milei, obtuvo el 40 % de los votos a nivel nacional, con una asistencia electoral muy baja. Junto con aliados del PRO, podrá consolidar un bloque robusto, aunque sin mayorías automáticas.
Mientras, el peronismo, con su 31,64 %, mantuvo la primera minoría parlamentaria, dejando un Congreso polarizado, sin control absoluto de nadie y en el que las fuerzas provinciales —aunque no crecieron como proyectaban— serán importantes para garantizar quórum, sostener vetos presidenciales y aprobar leyes clave para la política “anarcocapitalista”.
Con los números sobre la mesa, el Congreso Nacional quedó huérfano de control absoluto: 83 diputados libertarios + 23 del PRO, 106 en total; 98 del peronismo al otro lado; fuerzas provinciales orbitando en torno al quórum (129). En el Senado, La Libertad Avanza pasará de 6 a 18 escaños y, con los 6 del PRO, llegaría a 24, necesitando acuerdos para lograr mayoría simple y el tercio requerido para bloquear o impulsar normas sensibles. El peronismo retrocede, pero sigue siendo la fuerza con mayor volumen legislativo: 98 diputados y 28 senadores.
Es un equilibrio frágil. El gobierno de Milei gana fuerza política, pero deberá negociar tema por tema, sobre todo allí donde los retrocesos en derechos se vuelven más visibles y resistidos. La nueva bancada legislativa asumirá a partir de diciembre, cuando comience la segunda mitad del mandato presidencial de Milei.
Si bien seguirá sin tener mayorías propias, el Gobierno podrá defender su agenda en el Congreso y, según anunció el propio Milei, buscará acuerdos con algunas fuerzas para impulsar reformas.
Con esta nueva conformación parlamentaria no se alcanzó la paridad y los desafíos para obtener normas con perspectiva de género y diversidad se tornan más difíciles de alcanzar. Las voces de legisladoras, abogadas laboralistas y activistas consultadas para este reportaje coinciden en un diagnóstico crítico a partir del fortalecimiento de Milei. Alertan que en una situación económica agobiante del día a día, un tejido social fragmentado y con un tutelaje de Donald Trump la dirección parece marcada hacia un cambio de paradigma, donde el Estado deja de ser garante de igualdad para transformarse en actor que habilita desigualdades y legítima violencias.
“El martes, apenas pasadas las elecciones, apareció un cartel monumental en algunos puntos neurálgicos de Buenos Aires. La figura de una mujer embarazada con una flecha señalando su vientre. Figuraba el slogan ‘La batalla cultural comienza aquí’. Y debajo, como sentencia demográfica disfrazada de destino nacional ‘Faltan 120.000 argentinos por año’”, nos contó Romina Chiesa, activista feminista y actual Directora de Políticas para la Igualdad del Municipio de San Martín, provincia de Buenos Aires.
No es solo un afiche. Es una tesis pegada en la vía pública, para la cual la maternidad se convierte en destino y en cifra contable del futuro.
La señal se refuerza desde arriba. Uno de los principales referentes de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja —pronto a asumir como diputado nacional— se encargó de despejar cualquier duda en una entrevista televisiva. En el canal de noticias, LN+, sin rodeos, hiló la continuidad entre esa imagen y el programa político del oficialismo.
“Está en la Constitución. Tiene que primar la vida desde la concepción”, dijo Pareja, como quien enuncia un principio eterno, no una interpretación ideológica. El periodista a su lado le preguntó si eso significaba reabrir el debate sobre el aborto. Sebastian Pareja no dudó en responder: “Yo no lo descarto. Es un tema central para los argentinos. Argentina tiene que dejar los falsos debates. Hubo toda una moda de pintarse de verde, de sentirse en esa dirección. Estamos hablando de la vida de seres humanos, es complejo el tema".
A una avanzada que no necesita decir “vamos a derogar la ley del aborto” se suman las nuevas intervenciones de sectores que se oponen a la autonomía reproductiva de las mujeres.
En un artículo, Mariana Carbajal - periodista de Página 12 - reveló que, bajo un discurso de “acompañamiento a embarazos vulnerables”, gobiernos locales alineados con el ascenso político de estas fuerzas –incluido el de la ciudad de Buenos Aires– están habilitando la injerencia directa de organizaciones religiosas en centros de salud públicos para desalentar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Así se va instalando en el aire, en las salas de espera, en los pasillos de los hospitales, en las dudas de las profesionales que todos los días garantizan derechos.
Con este relato coincidió Romina Chiesa, exdirectora nacional de protección del ex Ministerio Nacional de Mujeres Géneros y Diversidad. Chiesa manifiesta que “hoy, en muchos municipios y provincias, ya es difícil acceder a una interrupción voluntaria del embarazo. A veces depende del humor político del territorio, de los recursos disponibles o del coraje de quienes acompañan. Pero sigue habiendo una ley que ampara un derecho, que marca que no es un delito, un resguardo mínimo. Ahora, imagínate, si instalan esa ‘transformación cultural’ como bandera de Estado. Si abren la puerta a la derogación. Si hacen del disciplinamiento moral una política pública. No hace falta prohibir de inmediato, basta con sembrar miedo. Instituciones enteras pueden aferrarse a ese discurso para retroceder. Nosotras sabemos que eso significa volver —no solo al antes de la ley— sino al antes del Fallo F.A.L. Volver al silencio y al riesgo como única certeza”.
Chiesa aludió a un hito clave en la ampliación de derechos para personas gestantes en Argentina: el Fallo F.A.L. de la Corte Suprema, que confirmó que todo aborto por violación es no punible según el artículo 86 del Código Penal, sin requisitos adicionales. Ese antecedente remite a los costos de la criminalización cómo la muerte evitable de Ana María Acevedo, joven santafesina a quien se le negó un aborto terapéutico y el tratamiento oncológico adecuado, lo que derivó en su fallecimiento; la condena injusta de Belén, joven tucumana encarcelada casi tres años tras un aborto espontáneo; y el caso de Lucía, niña de 11 años obligada a continuar con un embarazo producto de una violación pese a solicitar la interrupción legal. Estos episodios, de fuerte repercusión internacional, mantienen en la memoria el impacto real de impedir el acceso al aborto seguro.
El primer capítulo de esta historia, según Chiesa, se escribió desde que asumió Milei en el Estado nacional con la desarticulación acelerada de su estructura de género y diversidad. “El cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el desfinanciamiento de programas como Acompañar, el incumplimiento de la Ley Brisa (subsidio para hijos de víctimas de femicidio) y la degradación de áreas provinciales y municipales replican un patrón en la militancia y en la gestión. El mensaje llega desde la punta de la pirámide. Reducen el valor de los dispositivos de protección frente a la violencia por motivos de género o de la educación sexual integral”, contó Chiesa sobre cómo para propios y ajenos la agenda de feminismos y las disidencias ya no es prioridad.
La actual diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, lo formuló sin eufemismos: “El oficialismo no tiene un solo proyecto que nombre la inclusión, la igualdad o los derechos de mujeres y diversidades”. Lo que hay, dijo, es una estrategia inversa de iniciativas que no buscan legislar sino horadar consensos históricos, instalar sospechas, “construir un enemigo público y un clima social donde el gobierno hace una práctica habitual atacar a las mujeres y diversidades”.
Con más bancas para el oficialismo, advirtió la diputada, ese discurso puede transformarse en norma con proyectos para blindar abusadores y pedófilos, criminalizar a mujeres y madres protectoras, perseguir a quienes denuncian violencia y revisar conquistas que parecían irreversibles. “No descarto que intenten ir también contra la Ley de Identidad de Género”, señaló. “Pero en ese momento son todos supuestos”, agregó.
La narrativa de "Falsas denuncias" y criminalización, nuevo frente contra las víctimas
A la ofensiva institucional le sigue una cultural y legislativa. La instalación mediática y parlamentaria del concepto de “falsas denuncias”, sostenido por actores anti-derechos, adquiere un nuevo estatuto con una conformación tan numerosa para la ultraderecha gobernante. La referente feminista, Romina Chiesa, alertó sobre el impacto concreto de esta narrativa: “lo que antes era discurso marginal ahora lo dice el Estado. Eso habilita violencias y genera miedo en quienes necesitan denunciar”.
La recién electa diputada del oficialismo, Karen Reichardt, sostuvo recientemente que “los varones también sufren violencia de género porque hay un montón de denuncias falsas”. La frase, rápidamente viralizada, opera como legitimación política de un discurso que busca desestimar denuncias reales y debilitar las herramientas de protección.
En este escenario, figuras como Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación; los parlamentarios Carolina Losada, Juan Carlos Pagotto, Lilia Lemoine y Gerardo Milman empujan iniciativas que buscan incrementar las penas para intimidar a denunciantes y testigos. Hay varios proyectos de ley presentados en el Congreso, uno de ellos con dictamen de comisión, y una reforma del Código Penal.
La táctica se construye de datos sin evidencia, casos aislados convertidos en regla, asociaciones de “víctimas de falsas denuncias”, hostigamiento judicial y mediático para quienes rompen el silencio y quienes las acompañan.
El backlash hace sentir su efecto también en periodistas como Luciana Peker y Manuela Calvo, quienes debieron exiliarse tras amenazas por cubrir casos de abuso sexual en la infancia mediatizados como el de Thelma Fardin o la niña Arcoíris. No son excepciones, son advertencias. Cabe señalar que en este marco de vulneraciones a la libertad de expresión, Argentina deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 19 de noviembre.
Organizaciones civiles expondrán, entre otros casos, el de la periodista feminista Julia Mengolini, quien fue blanco de una campaña de ataques digitales coordinados que incluyó la difusión de un deepfake pornográfico.
Si bien existe el riesgo de que se reactiven proyectos legislativos que, bajo el pretexto de frenar “denuncias falsas”, podrían terminar blindando a abusadores, la diputada Mónica Macha sostuvo que ninguno lograría un consenso significativo. Advirtió que es una lectura errada creer que la sociedad respaldaría iniciativas contra mujeres y diversidades, y que esa idea forma parte del relato que impulsa el gobierno de Milei. “Ya demostramos en las calles el nivel de organización y el apoyo transversal e intersectorial que construimos en estos años”, afirmó.
La reforma laboral para volver a empezar por el principio
En materia económica, las advertencias también son severas. La abogada laboralista Natalia Salvo, entrevistada para esta nota, describió un escenario de desprotección creciente para mujeres y diversidades: “Este gobierno niega las desigualdades estructurales y las llama privilegios. La consecuencia es la habilitación de despidos discriminatorios por motivos de género, identidad u orientación sexual”.
Javier Milei negó en campaña la brecha de ingresos entre mujeres y varones que este año se acentuó en Argentina. En el primer trimestre de 2025, las mujeres obtuvieron en promedio un 27,8 % menos que los varones en su ocupación principal. Es el valor más alto desde principios de 2023 y está por encima del promedio de los últimos tres años.
Entre las primeras reformas legislativas que se propone instalar La Libertad Avanza, está la insistencia en refundar el derecho laboral aún cuando se contraponga a la Constitución Nacional. No solo como paso de su norte ideológico sino también como parte de los pedidos de acreedores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y como garantía servil para sostener el apoyo de Scott Besent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
El texto de la reforma llegará en diciembre con los nuevos parlamentarios, pero ya es promocionada por referentes del gobierno de Milei como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y circula a través de trascendidos.
La hoja de ruta es clara. Primero intentaron desmontar la estructura laboral con el Decreto presidencial 70/23 (hoy suspendido por una acción cautelar de la CGT), terminar con la vigencia permanente de los convenios colectivos (es decir, que pierdan validez si no se firma uno nuevo), limitar la representación sindical, eliminar multas por trabajo no registrado, extender el período de prueba, crear un fondo de despido que traslada el costo al trabajador, entre otros.
Varias de esas medidas, aunque frenadas parcialmente, reaparecieron en la Ley Bases en vigencia actualmente, que modificó la Ley de Contrato de Trabajo. “Ahora circula una segunda avanzada, aún sin proyecto formal pero ya anticipada públicamente, que apunta a reemplazar el salario mínimo por pagos por productividad, permitir salarios en ‘especies’ (como tickets o beneficios no monetarios) y profundizar la flexibilización”, remarcó Salvo.
De acuerdo a esta abogada laboralista, quien fue candidata a diputada por el peronismo pero no alcanzó a obtener una banca por Ciudad de Buenos Aires, la Ley Bases ya reformula principios clave del derecho laboral, entre ellos, la nulidad del despido discriminatorio, ahora reemplazada por una indemnización agravada. “Discriminar sale más caro, pero se puede”, sintetizó.
En su análisis, la eliminación de la moratoria previsional tuvo un impacto contundente: “Nueve de cada diez mujeres que no tenían aportes ya no pueden jubilarse”.
Esto agrava la feminización de la pobreza y consolida una inequidad histórica: las trayectorias laborales interrumpidas por tareas de cuidado se transforman en condena a la vejez sin ingresos.
También alerta sobre la amenaza de flexibilizar la jornada laboral a 13 o 14 horas. “Hace inviable compatibilizar el trabajo con la vida familiar. Se retrocede décadas en agenda de cuidados”, agregó.
Resistencias: política, territorio y memoria feminista
Frente a este panorama complejo, las entrevistadas no hablan en tono de derrota. Al contrario, señalan la emergencia de nuevas articulaciones entre feminismos, movimientos populares y sindicatos. Chiesa lo resume así: “La esperanza no es abstracta. Está en la lucha, en las redes territoriales que pudimos construir. Para mí teníamos mucha fe en las elecciones y obtuvimos como un cimbronazo. Entonces, creo que es el momento de repensar lo cercano, los errores que tuvimos, pero también a futuro”.
“Es cierto que el gobierno suma más diputados, pero durante estos dos años ya ha gobernado con alianzas estables y acuerdos legislativos que funcionaron como una co–gestión de hecho. La historia también advierte como pasó en 2017 cuando el macrismo ganó las intermedias y dos meses después entró en una crisis de la que nunca volvió. Nada está definido”, reforzó Macha.
En el Congreso, la estrategia es doble: bloquear iniciativas que impliquen retrocesos y avanzar con proyectos de igualdad como la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo en plataformas y la ampliación de juzgados laborales, detalló Salvo
Las organizaciones sociales, mientras tanto, refuerzan el trabajo comunitario, desde el acompañamiento a víctimas hasta el sostenimiento de ollas populares y redes de cuidado. “Para los feminismos y el movimiento LGBTIQ+, el desafío no es solamente resistir. Es construir organización, sostener comunidad y volver a encender esperanza. Nuestra fuerza está en la memoria de lo que ya conquistamos juntas. Lo mejor de nuestras vidas sociales tiene que estar en el horizonte, en el futuro, y para eso militamos”, concluyó Mónica Macha.
El escenario argentino actual es una encrucijada. El riesgo de perder conquistas históricas convive con una capacidad demostrada por el movimiento feminista para transformar la realidad.
Los impactos ya son visibles: caída de apoyos económicos para mujeres en situación de violencia, más la falta de dispositivos que atiendan las situaciones de consumo problemático de sustancias, la falta de contención para quienes sostienen en lo cotidiano la alimentación en cada barrio y crisis en el abastecimiento estatal de medicamentos, preservativos, anticonceptivos, misoprostol, reactivos para el control de VIH y medicación para hormonización, entre otros.
“Tampoco tenemos que habilitar discusiones que hoy no existen. En Argentina el aborto es legal, y va a seguir siéndolo. Es la victoria de un feminismo de masas, profundamente popular, transversal y comprometido. No seré parte del próximo Congreso Nacional, pero donde haya que defender los derechos de las mujeres ahí nos encontrarán”, contestó Macha, que será legisladora provisional el año siguiente.
Hoy, esa memoria se vuelve brújula. Como dijo Romina Chiesa, “Nada nos fue regalado. Cada derecho fue arrancado con organización, creatividad y calle. Y así se van a defender”.