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Niñas de Chimaltenango exigen al presidente asegurar la protección de la niñez
Escrito por Joel Solano
En el marco del Día Internacional de la Niñez, las organizaciones Asogen y Coincidir denunciaron graves vacíos estatales en Chimaltenango, donde contabilizan 169 casos de agresiones contra menores de edad y reportan que hasta un 30 % de las niñas atendidas ha sufrido violencia sexual.
Por Joel Solano
En las aldeas de Chimaltenango, las niñas despiertan de madrugada a moler maíz, jalar agua y cuidar a sus hermanos pequeños antes de pedir permiso para ir a la escuela o asistir a un taller comunitario. En ese contexto rural, donde la violencia física y sexual suele resguardarse tras las paredes del hogar, la labor territorial de organizaciones como la Asociación Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades y Coincidir busca encarar la impunidad instalada en los caseríos del departamento.
Chimaltenango: el drama invisible de una niñez golpeada por la violencia y el olvido estatal
En el marco del Día Internacional de la Niñez, Asogen y la Asociación COINCIDIR advierten sobre la gravedad de la violencia que golpea a las infancias en el departamento de Chimaltenango, donde la falta de prevención y los vacíos en la atención estatal perpetúan un entorno de desprotección para las y los menores de edad.
"La violencia contra la niñez no es un caso aislado, sino una estructura que lastra el desarrollo de nuestras comunidades y destruye el futuro de los niños y niñas", señalan ambas organizaciones desde su trabajo territorial, al tiempo que recalcan que es urgente articular respuestas interinstitucionales eficaces que garanticen entornos seguros.
Por su parte, la licenciada Alva Gordillo Aguirre, representante de Asogen, explica que las denuncias de abuso y maltrato infantil aumentan progresivamente tanto en las zonas urbanas como en las rurales del territorio, exigiendo que las instituciones de justicia dejen de invisibilizar estas agresiones y asuman su responsabilidad en la defensa de los derechos de la infancia.
La fragmentación de los datos y el muro de la burocracia
A pesar del trabajo constante en la protección de la infancia en Chimaltenango, los registros sobre el impacto real de la violencia en el territorio siguen incompletos debido a la propia dinámica del sistema estatal.
“Nosotras no recibimos las denuncias directamente desde el inicio, sino que los casos nos llegan remitidos por las instituciones públicas que dan el primer abordaje”, explicó Gordillo Aguirre. Esta ruta institucional fragmenta la recopilación de datos y dificulta precisar las cifras exactas de niñas y niños agredidos. Ante esta realidad, la profesional sostiene que la falta de estadísticas unificadas no opaca la gravedad de la situación en los barrios y aldeas, destacando que detrás de cada expediente transferido por el Estado hay una vida humana que requiere atención urgente y justicia sin dilaciones.
El silencio y la falta de denuncias formales ocultan una parte sustancial de las agresiones que sufren las infancias en Chimaltenango, donde la violencia física, psicológica y sexual suele asumirse como algo cotidiano dentro de los hogares y comunidades. A esta costumbre impuesta se suman el miedo al entorno y los obstáculos para alcanzar las instituciones públicas, factores que alimentan un profundo subregistro en los datos oficiales.
De acuerdo con el trabajo territorial de Asogen, en lo que va del año 2026 las atenciones en el departamento abarcan desde agresiones emocionales hasta abusos sexuales y situaciones de constante amenaza contra menores de edad. En el municipio de Zaragoza se registra una realidad alarmante: “el 50 % de los casos atendidos corresponde a violencia sexual, el 30 % a violencia psicológica o emocional y el 20 % a vulneraciones graves de derechos”, un desglose que expone la urgencia de romper con la impunidad y proteger la integridad de la niñez en cada aldea y casco urbano, asegura Gordillo Aguirre.
Exigencia de justicia ante abusos y petición de educación integral en sexualidad. Foto. Asociación Coincidir
En la región se contabilizan 169 casos generales de niñas, niños y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos, de los cuales 10 corresponden específicamente al municipio de Zaragoza. Ante estas cifras, defensores comunitarios señalan que cada expediente representa a una infancia golpeada por la falta de un entorno seguro, por lo que remarcan la urgencia de que las instituciones públicas dejen de ver estos datos como simples números y asuman una atención pronta y efectiva.
Desprotección en el hogar y fallas en la respuesta institucional
En las comunidades del territorio, las organizaciones advierten que la niñez permanece desprotegida dentro de sus propios hogares, donde la falta de controles y el aislamiento hacen que la violencia se mantenga oculta. “A nivel familiar los principales agresores son familiares y no hay cámaras ni mecanismos de protección que vigilen lo que ocurre puertas adentro”, señalan desde las entidades comunitarias. Esta situación se agrava por el abandono institucional, pues ni el Estado ni las autoridades locales desarrollan campañas de prevención para orientar a las familias y frenar las agresiones.
Esta vulnerabilidad quedó dolorosamente al descubierto tras lo sucedido recientemente con Madelin Adelaida Chacach Balán, la niña de 5 años originaria de la aldea Rincón Grande, en el municipio de Zaragoza.
“A nivel familiar los principales agresores son familiares y cuando ocurre una emergencia no hay una actuación inmediata de las instituciones como la PNC, la PGN ni el MP, cuando debió haber una reacción rápida del municipio y la comunidad”, explican desde las organizaciones. Enfatizan que ni la Alerta Alba-Keneth ni la supuesta vigilancia en los accesos de las localidades logran resguardar a las niñas si la información no se difunde a tiempo y las instituciones estatales siguen fallando en reaccionar con rapidez.
Frente a los casos de agresión sexual e infanticidio, la respuesta de la justicia suele enredarse en trámites que profundizan el dolor de las familias afectadas. “Cada instancia tiene sus protocolos de actuación para llevar a cabo los procesos de investigación”, señala Gordillo Aguirre al referirse a los procedimientos que guían a entidades como el Inacif y el Ministerio Público para resguardar la cadena de custodia. Sin embargo, en la práctica comunitaria, estos mecanismos burocráticos generan dilaciones innecesarias y revictimizan a los familiares en cada diligencia, lo que pone de manifiesto la urgencia de humanizar los peritajes forenses.
Ante esta realidad, las organizaciones de base priorizan una atención humana y adaptada a las necesidades de quienes enfrentan el dolor. “Específicamente en este caso se ofrece acompañamiento integral, en principio psicológico como primer acercamiento a la familia, para ir definiendo los otros acompañamientos en el proceso: legal, social y médico de ser necesario, lo que la familia requiera”, indicó Gordillo Aguirre, asegurando que la respuesta no debe imponerse desde escritorios lejanos, sino construirse al ritmo y decisión de los propios afectados.
Debilidad estructural y la necesidad de una labor integral
A nivel territorial existen estructuras orientadas a frenar la desprotección y articular respuestas. En este entramado operan “mecanismos como la Codevet (Comisiones Departamentales de Prevención de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas) para prevenir la violencia; la Red de Derivación para la atención de casos, y las Comupre (Comisión Municipal de Prevención de la Violencia y el Delito) a escala municipal”, detalla Gordillo Aguirre. Además, la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) interviene en el ámbito comunitario para contrarrestar este flagelo, aunque el impacto real sigue dependiendo de la coordinación con los gobiernos municipales y las aldeas.
El avance de las investigaciones judiciales exige un compromiso libre de interferencias. “Que cada instancia asuma el rol que le corresponde, ya que los protagonismos entorpecen los procesos judiciales y de investigación, necesarios para el acceso a la justicia, pronta y cumplida”, enfatizó la experta.
Sin embargo, la atención a la infancia choca directamente contra un sistema debilitado por la falta de personal y recursos. “En Chimaltenango no se cuenta con un juez titular en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la ley penal, por lo que es necesario y urgente el nombramiento de un juez para este juzgado”, manifestó Gordillo Aguirre. Asimismo, sostiene que es imprescindible involucrar a sectores fundamentales como educación, salud y a las Oficinas Municipales de Niñez, exigiendo que cuenten con protocolos de actuación inmediata.
“Si cada instancia asumiera con responsabilidad el rol que le corresponde seguramente se pudiera construir una sociedad más justa, más humana, más equitativa, pero en las actuales circunstancias de inseguridad y violencia es complejo”, reconoce Gordillo Aguirre. No obstante, explica que desde Asogen impulsan procesos preventivos enfocados en hombres, mujeres, niñez, adolescencia y funcionarios a todo nivel, con la convicción de que solo un esfuerzo colectivo permitirá que las infancias crezcan libres de miedo.
Coro de niñas alzando la voz frente al Palacio Nacional para exigir el cumplimiento de sus derechos. Foto. Asociación Coincidir
La realidad de las niñas: desigualdad, tareas de cuidado y nuevas amenazas
En Guatemala, la violencia machista y las desigualdades cotidianas golpean directamente la vida y los derechos de las niñas, condicionando desde el alimento que reciben hasta su oportunidad de ir a la escuela, donde la educación para las mujeres se descarta bajo la idea de que “se van a ir rápido con marido” o “rápido van a salir embarazadas”.
Según la labor de acompañamiento de la Asociación Coincidir, para asistir a un espacio comunitario las niñas deben cumplir primero agotadoras jornadas levantándose de madrugada a lavar, cocinar y jalar agua. Su derecho a participar se reduce a un permiso frágil que muchas veces deben cumplir cargando además con el cuidado de sus hermanos pequeños.
Niñas pintando sus manos en contra de los trabajos forzados en el hogar y reclamando su derecho a estudiar. Foto. Asociación Coincidir
Esta realidad se refleja en cifras desgarradoras: 7 de cada 10 niñas atendidas señalan haber sufrido alguna forma de violencia física, emocional o por negligencia, mientras que 3 de cada 10 han sobrevivido a la violencia sexual, detonante principal de los embarazos prematuros en un contexto carente de educación integral en sexualidad. A este trabajo directo con cerca de 5 mil niñas en las regiones de Jalapa y Chimaltenango, tanto en sectores urbanos como rurales se suma que ese 30 % equivale a cerca de 1,500 niñas impactadas por violencia sexual.
A este escenario se añade la desprotección en los entornos digitales, donde las paredes del hogar ya no garantizan seguridad: engaños con perfiles falsos en videojuegos, suplantación de voz con inteligencia artificial, ciberbullying y grooming amenazan a la niñez, exponiéndoles al acoso, la violencia sexual y la desaparición.
Acompañamiento comunitario y desafíos estructurales
A través de la educación popular, la organización Coincidir acompaña a las comunidades en la creación de sus propios sistemas de protección a la niñez, enfocando sus esfuerzos en prevenir violaciones de derechos, responder a sus necesidades y respaldar la denuncia legal ante hechos de violencia sexual. Con cuatro centros de atención diaria en Chimaltenango y uno en Jalapa, la entidad promueve el crecimiento y la autonomía mediante el arte, el deporte, la formación, la organización comunitaria y la incidencia política.
Para llevar a cabo proyectos como Paz y buen vivir, Hagamos comunidad por la niñez, Creciendo en paz y Tejidos rurales de protección a la niñez, el trabajo enfrenta profundos desafíos que aborda el director de Coincidir, Saúl Interiano, en su libro Protección comunitaria de la niñez y adolescencia.
Entre estas barreras, Interiano destaca la feminización del cuidado, donde la mentalidad machista relega la protección infantil como un “asunto de menor importancia que una carretera, un foco o un drenaje” y exclusivo de las mujeres, mientras reserva las grandes decisiones para los hombres. Esta costumbre se refleja en las escuelas y centros de salud, donde las madres asumen la presencia absoluta porque, como sostienen las propias niñas, existe la noción masculina de que ellos “ya están pagando por el derecho, por ejemplo, el derecho a la educación, entonces le toca a la mujer ir a la escuela”.
A este panorama se suma el desgaste de la organización comunitaria por la pobreza, el crimen organizado y un individualismo arraigado que asume que cada familia debe ver “cómo le hace” con sus hijos e hijas, manteniendo la violencia como un tema estrictamente privado bajo la noción de que las niñas y los niños son propiedad de los padres. Por último, la desatención del Estado resulta evidente en políticas públicas que no pasan del papel hasta las comunidades, una falta de respaldo que se evidencia cuando ciertos funcionarios restan valor a las denuncias presentadas por las redes organizadas del territorio.
Protesta por calles más seguras, mejor atención médica y combate a la desnutrición infantil. Foto. Asociación Coincidir
Rutas de justicia y la propuesta desde la niñez
En el camino de la justicia, Saúl Interiano señala que la clave radica en discernir con precisión cuándo un caso debe denunciarse por la vía penal y cuándo requiere un abordaje social o administrativo. Explica que persisten graves errores comunitarios, como denunciar hechos que se resuelven socialmente o conciliar abusos que exigen juicio; situaciones alarmantes donde la comunidad llega a respaldar al agresor y expulsa a la víctima, o donde el cuerpo docente “cierra filas” para proteger a un maestro acusado de algún abuso. Además, enfatizó que el sistema de protección estatal resulta altamente revictimizador, pues carece de programas públicos de apoyo tras las medidas dictadas por los jueces y no cuenta con un ente rector que acompañe a la niñez de principio a fin.
Para Interiano, los centros comunitarios y talleres son un pilar fundamental donde las participantes aprenden a reconocer las artimañas de los abusadores sexuales y adquieren herramientas de defensa personal mediante disciplinas como el boxeo, el judo y el karate.
Frente a esta urgencia, resulta fundamental que el Congreso apruebe la Iniciativa 6743 para el fortalecimiento familiar y la protección especial de la niñez. Interiano señala que es indispensable retomar una política pública integral que aterrice en los cantones y aldeas, priorizando las políticas sociales básicas, de asistencia social y de protección especial, recordando las palabras del obispo Pedro Casaldáliga: “Un Estado, cuando es débil en lo social, acaba siendo fuerte en lo policial”.
Finalmente, niñas y adolescentes de comunidades como San Luis Jilotepeque, El Tejar, San Andrés Itzapa, Parramos y Patzicía, en el marco del Día Internacional de la Niñez, dirigen sus peticiones al presidente Bernardo Arévalo. Entre sus principales demandas destacan:
El fin de los abusos sexuales y del matrimonio infantil forzado que afecta a niñas de tan solo 12 y 14 años.
La aprobación del Decreto 10-2026 y la impartición de Educación Integral en Sexualidad en las escuelas.
Un trato digno e inclusivo en el ámbito educativo, mediante la supervisión docente, contratación de psicólogas y capacitación para la atención de niñas con discapacidad.
El fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la eliminación de cantinas cercanas a centros escolares.
Centros de salud abastecidos con medicamentos.
Una distribución justa de los programas gubernamentales de ayuda alimentaria para combatir la desnutrición infantil sin favoritismos.
Cartas manuscritas y firmas de las niñas de Chimaltenango donde exigen al Estado educación integral en sexualidad, fin a los abusos y al trabajo doméstico infantil, acceso a salud y medicinas, y calles seguras. Foto. Asociación Coincidir
Garantizar un futuro libre de violencia para las infancias de Chimaltenango exige trascender el discurso institucional y convertir los reclamos territoriales en acciones de Estado urgentes, articuladas e impostergables. La efectividad en las investigaciones, la asignación de recursos a los juzgados locales y la aprobación de reformas como la Iniciativa 6743 o el Decreto 10-2026 no representan simples trámites normativos, sino el compromiso ético de toda una sociedad para romper la cadena del abandono. En un departamento golpeado por el silencio y las fallas del sistema, escuchar y atender las exigencias de las niñas y adolescentes es la única ruta posible para construir entornos donde crecer no signifique un acto de sobrevivencia.
Participaron de esta nota
Jasmín López
Las uniones de pareja, civiles o informales, en las que ambos o uno de sus integrantes es menor de 18 años es una práctica que persiste en Guatemala. La mayoría de estas relaciones se dan entre niñas y hombres adultos, quienes aprovechan los contextos vulnerables en los que viven las menores de edad. El 9 de octubre, jóvenes lideresas provenientes de Quiché, Jalapa y Alta Verapaz se reunieron en el conversatorio “Niñas libres de uniones forzadas”, en la ciudad de Guatemala, donde expusieron cuáles son las causas de este problema y cómo se puede combatir.