No dejar a nadie atrás sigue siendo una deuda del IGSS en Guatemala
Escrito por Derik Mazariegos
Un informe de la Red INSPIR y We Social Movements plantea rutas para integrar al 70% de la fuerza laboral al sistema de seguridad social. Se considera ampliar la base de cotizantes a fin de que más personas puedan tener acceso a salud digna y pensiones en la vejez.
Por Derik Mazariegos
En un país donde siete de cada diez trabajadores operan fuera de la formalidad, el acceso a la seguridad social continúa siendo limitado y desigual. El informe “Afiliar a los trabajadores independientes guatemaltecos: Opciones para elevar la protección social y reducir la informalidad laboral”, elaborado por la Red INSPIR y We Social Movements (WSM), publicado el 30 de enero de 2026, pone el foco en una de las principales brechas del modelo económico nacional.
Entre sus hallazgos se encuentra que alrededor del 70.3% de la población económicamente activa, es decir, quienes tienen un empleo o están buscando uno, trabaja en condiciones de informalidad. A esto se suma que cerca del 80% no tiene acceso real a servicios como atención médica o una pensión para la vejez. En Guatemala, la seguridad social se organiza principalmente a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que ofrece atención médica, medicamentos, hospitalización, subsidios cuando una persona no puede trabajar por enfermedad o accidente, y pensiones en la vejez o en casos de invalidez. Sin embargo, estos beneficios dependen de estar afiliado y cotizar, lo que en la práctica deja fuera a la mayoría de quienes trabajan en la informalidad.
Esta situación refleja una estructura laboral que incorpora a la mayoría de la población sin garantizar derechos ni estabilidad. En la práctica, implica que gran parte de las personas trabaja sin protección frente a enfermedad, desempleo o envejecimiento, y que los ingresos generados en esta etapa difícilmente se traducen en seguridad futura. Sin acceso al sistema, una enfermedad puede convertirse en deuda, un accidente en pérdida total de ingresos y la vejez en una etapa sin garantías económicas, sostenida casi exclusivamente por redes familiares.
En un momento en que la población en edad de trabajar sigue creciendo, esta realidad tensiona el llamado bono demográfico, que es cuando hay más gente lista para trabajar que personas dependiendo de ellas, algo que podría ayudar al país a avanzar más rápido. El problema es que ese impulso se debilita cuando la mayoría entra a trabajos precarios. Tener más personas trabajando no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida, porque lo hacen en un sistema que no garantiza estabilidad ni derechos. Así, en lugar de convertirse en una oportunidad, el crecimiento de la población activa termina acumulando empleo inestable, especialmente entre los jóvenes que empiezan a trabajar sin acceso a seguridad, ingresos sostenidos ni posibilidades claras de salir adelante.
¿Qué significa no tener seguridad social?
Más allá de las cifras, no contar con seguridad social implica quedar fuera de un sistema que protege en los momentos más críticos de la vida. No es solo no estar afiliado. Es no tener respaldo cuando el cuerpo falla, cuando el trabajo se interrumpe o cuando el ingreso desaparece.
El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercado laboral en Guatemala: análisis de los últimos 10 años, proyecciones para los próximos 30 años y recomendaciones de políticas de empleo, publicado en 2024, describe esta ausencia como una exclusión directa de los mecanismos que permiten enfrentar riesgos básicos. Eso significa que una lesión en el trabajo, una enfermedad o un embarazo no solo afectan la salud, sino también la capacidad inmediata de generar ingresos.
Sin esa cobertura, las consecuencias se trasladan rápidamente al entorno familiar. La pérdida de ingresos por invalidez o fallecimiento no activa ningún tipo de protección económica. Tampoco existen apoyos para enfrentar gastos asociados, lo que obliga a resolver estas situaciones con recursos propios, endeudamiento o ayuda de terceros.
El impacto se vuelve más evidente con el paso del tiempo. Quienes trabajan durante años sin cotizar difícilmente acceden a una pensión en la vejez. El mismo informe advierte que, si no cambian las condiciones actuales, millones de personas podrían llegar a la edad adulta mayor sin ingresos garantizados, dependiendo de familiares o de actividades que ya no siempre pueden sostener.
Esta situación no afecta a todos por igual. La desprotección es mayor en áreas rurales y entre población indígena, donde el acceso al sistema es significativamente más bajo. En esos contextos, la ausencia de seguridad social se suma a otras desigualdades, ampliando la distancia en el acceso a servicios básicos y condiciones de vida dignas.
En ese sentido, no tener seguridad social es una forma de exposición constante. Cada enfermedad, cada accidente o cada año que pasa sin ingresos estables se convierte en un riesgo acumulado, sin un sistema público que lo amortigüe.
Un sistema que no crece al ritmo del país
El informe señala que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) sí cuenta con capacidad técnica, pero no ha crecido al mismo ritmo que el país. Actualmente, su cobertura apenas alcanza a una quinta parte de la población.
Esto ocurre incluso cuando la institución reporta avances internos. Según su Informe de Gestión 2024-2025, el IGSS ha incrementado su recaudación en más de 12%, mantiene resultados financieros positivos y ha ampliado sus servicios, infraestructura y procesos digitales. Sin embargo, estos avances no se han traducido en una expansión sostenida de la cobertura.
Parte de esta limitación responde a un diseño institucional que arrastra restricciones desde su origen. El IGSS fue pensado principalmente para trabajadores con empleo formal, es decir, personas con contrato y empleador, bajo una lógica corporativista, donde sectores con poder, como el empresarial, participan directamente en la toma de decisiones sobre la política social , por lo tanto, en el funcionamiento de lo público. La forma en que el sector empresarial ha incidido dentro de la institución ha orientado el sistema hacia un modelo que responde a sus propias lógicas, más que a las necesidades de la mayoría de la población.
Esto choca directamente con la realidad del país. En Guatemala, la mayoría de personas no tiene un empleo formal. Muchas trabajan por cuenta propia, en pequeños negocios o en actividades para sostenerse día a día. Incluso entre quienes sí tienen un empleo asalariado, la mayoría gana cerca del salario mínimo, lo que hace difícil pagar una cuota completa de seguridad social sin el respaldo de un empleador.
A esto se suma un Estado con pocos recursos. Guatemala recauda menos impuestos que la mayoría de países de la región, lo que limita su capacidad para financiar y expandir la seguridad social. Esta falta de inversión sostenida responde a un modelo que históricamente ha priorizado bajos niveles de tributación y ha reducido el margen del Estado para garantizar derechos básicos.
Según el informe Productividad, salario y competencia en Guatemala de Oxfam, el país también invierte menos que otras regiones, lo que debilita la generación de empleo digno y el acceso a protección social.
En la práctica, todo esto se convierte en brechas de desigualdad. Para quienes trabajan por su cuenta, afiliarse al IGSS implica pagar la cuota completa y enfrentar trámites complejos. Aun así, el informe muestra que el problema no es la falta de voluntad. Más del 70% de los trabajadores independientes estaría dispuesto a afiliarse si existieran opciones más accesibles y adaptadas a su realidad.
Este dato cambia la forma de entender la informalidad. Más que una suma de decisiones individuales, revela un sistema que excluye de forma estructural. La falta de acceso a la seguridad social responde a un modelo económico que concentra la riqueza, limita la capacidad del Estado y deja fuera a la mayoría de quienes trabajan.
Qué se propone para cambiar el sistema
Frente a estas barreras, el informe plantea varios cambios para que más personas puedan entrar al sistema de seguridad social, sobre todo quienes trabajan por cuenta propia.
Entre las propuestas aparecen cuotas más flexibles, la posibilidad de afiliarse solo a ciertos programas, como salud o pensión, y subsidios parciales del Estado para cubrir una parte del aporte que hoy recae completamente en el trabajador independiente. El informe señala que muchas personas quedan fuera porque el costo actual supera lo que pueden pagar con sus ingresos.
El documento también propone crear versiones más accesibles del Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes del IGSS. A estas opciones las denomina EMA 60% y EMA 70%. Se trata del mismo programa que cubre atención médica y pagos por incapacidad temporal, pero con un alcance reducido.
En estos casos, el número indica el nivel de cobertura. Un EMA 60% daría acceso a una parte de los servicios de salud y prestaciones económicas. Un EMA 70% ampliaría esa cobertura, aunque sin alcanzar el paquete completo del sistema. La intención es permitir que más personas tengan acceso a servicios básicos de salud y protección económica, aunque sea de forma parcial, en lugar de quedar totalmente excluidas.
Otra propuesta importante es la creación de Promotoras de Afiliación de los Trabajadores Independientes, conocidas como PATI. Estas entidades facilitarían la afiliación colectiva y simplificarían los trámites. El informe toma como referencia el caso de AMUSSOL en República Dominicana, donde este tipo de organización ha permitido que más trabajadores independientes se incorporen al sistema.
Quién decide y quién queda fuera
Aunque varias de estas propuestas son técnicamente viables, el propio informe advierte que su implementación depende de su diseño y de decisiones políticas de fondo. Para que funcionen, el Estado tendría que involucrarse más, tanto en el financiamiento como en la transformación de un sistema que hoy responde principalmente a una minoría con empleo formal.
Esto implica destinar más recursos públicos a la seguridad social en un país donde la recaudación de impuestos sigue siendo muy baja, por debajo del 15 % del PIB. Según Oxfam LAC, Guatemala recauda bastante menos que el promedio de América Latina y el Caribe, que supera el 21 %, y mucho menos que países de la OCDE, un grupo de países con mayor capacidad para financiar servicios públicos. Esto limita directamente la posibilidad de ampliar servicios como salud, pensiones y protección social.
Esta es, en primer lugar, una limitación fiscal. El problema, aparte de que se recaude poco, es cómo se recauda. En Guatemala, quienes más tienen no necesariamente son quienes más aportan. La carga tributaria recae desproporcionadamente en sectores con menos ingresos, mientras los grupos de mayores recursos mantienen mecanismos para reducir o evitar su contribución. Esto limita directamente la posibilidad de financiar un sistema de seguridad social más amplio y justo. Hablar de ampliar cobertura sin discutir más impuestos a los sectores de mayores ingresos es dejar intacto el problema.
Pero el problema también tiene una dimensión institucional. El IGSS forma parte de un modelo corporativista en el que actores no electos participan directamente en la toma de decisiones públicas. Su Junta Directiva es la autoridad máxima del Instituto y está integrada por representantes del Estado, sectores técnicos, profesionales, empleadores y trabajadores.
Actualmente, la integran José Adolfo Flamenco Jau por el Organismo Ejecutivo, Manuel de Jesús Archila Cordón por la Junta Monetaria, Mario David Cerón Donis por la Universidad de San Carlos, Luis Rodolfo Narciso Chúa por el Colegio de Médicos, Oscar Eduardo Montoya White por el sector patronal y Adolfo Lacs Palomo por el sector laboral.
Aunque esta estructura se presenta como equilibrada, distintos análisis sobre la distribución del poder económico en Guatemala muestran que existe una alta concentración en pocos grupos empresariales. Ese peso es económico y político. Se traduce en mayor capacidad de incidencia, mayor estabilidad en la representación y mayor influencia en decisiones.
Esto condiciona el funcionamiento de instituciones como el IGSS, que terminan respondiendo más a esas lógicas que a las necesidades de la mayoría de la población.
A esto se suma la estructura de la economía. Gran parte de los ingresos y del poder económico está concentrado en pocos sectores y en pocas empresas. En áreas como la telefonía móvil, el cemento o el gas propano, unos pocos actores controlan la mayor parte del mercado. Ese poder también influye en las decisiones públicas, mientras el sistema tributario no logra corregir esas desigualdades.
El resultado es un Estado con menos capacidad para actuar. Depende más de la deuda y cuenta con menos recursos para invertir en políticas que beneficien a la mayoría. El horizonte de “no dejar a nadie atrás” choca con los límites estructurales.
El informe también señala que ampliar la cobertura no será posible con medidas aisladas. Se necesita una estrategia sostenida en el tiempo. Esto incluye reformas fiscales que permitan recaudar más y de forma más equitativa, así como cambios en la gobernanza del sistema. La formalización no puede recaer solo en cada trabajador. Requiere cambios en las reglas del sistema, más recursos y decisiones políticas que se mantengan en el tiempo.
Sin ese respaldo, las propuestas corren el riesgo de quedarse en el papel y no transformar realmente el acceso a la seguridad social en Guatemala.
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