“Nos matan por ser personas trans”: informe documenta violencia, exclusión y transfemicidios en Guatemala
Escrito por Glenda Alvarez
Un informe presentado por OTRANS documentó 439 casos de violencia contra personas trans y población LGBTIQA+ en Guatemala, durante 2025. La investigación evidencia cómo la discriminación, la exclusión y la impunidad continúan afectando el acceso a derechos básicos y poniendo en riesgo la vida de esta población.
Por Glenda Alvarez
En un país donde existir fuera de la heteronorma continúa siendo motivo de exclusión, la Organización Trans Reinas de la Noche (OTRANS-RN) presentó el pasado 15 de mayo el informe nacional “Voces silenciadas, cuerpos sin derechos”, una investigación que documenta violaciones a derechos humanos contra personas trans y población LGBTIQA+ en Guatemala.
La presentación se realizó en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
El informe fue elaborado junto al Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOSTALC) y reúne datos construidos desde la documentación comunitaria liderada por personas trans y defensoras territoriales.
Según los hallazgos, durante 2025 se documentaron 439 casos de violencia y vulneraciones de derechos humanos de estas poblaciones en 19 departamentos del país, alcanzando el 86% del territorio nacional.
Los casos fueron registrados en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.
Durante la conferencia de prensa, representantes de OTRANS afirmaron que la violencia contra las personas trans y diversas no puede entenderse como hechos aislados, sino como una expresión estructural de desigualdad y exclusión social.
Foto: Informe “Voces silenciadas, cuerpos sin derechos”.
La violencia más extrema
Uno de los datos más alarmantes del informe es el registro de 17 asesinatos contra personas LGBTIQA+ durante 2025, incluidos 13 transfemicidios y cuatro crímenes contra personas de la diversidad sexual.
Aunque en Guatemala el transfemicidio no está tipificado legalmente, organizaciones trans han utilizado el término desde hace más de una década para nombrar los asesinatos motivados por odio, prejuicio, misoginia y violencia contra mujeres trans.
El informe señala que estos crímenes ocurren en un contexto donde el Estado continúa sin desarrollar políticas específicas de protección para la población trans y LGBTIQA+, mientras persiste la impunidad y la falta de acceso efectivo a la justicia.
“La impunidad constituye uno de los principales factores que perpetúan esta violencia”, expresaron las organizaciones durante la presentación.
Los datos muestran además que únicamente el 10% de mujeres trans denuncia los hechos de violencia sufridos. En hombres trans la cifra baja al 3%, mientras que en la población LGBTIQA+ apenas alcanza el 5%.
Durante la conferencia, integrantes de OTRANS explicaron que muchas personas abandonan los procesos de denuncia debido a la falta de seguimiento institucional, el temor a la revictimización y la desconfianza hacia el sistema de justicia.
“Muchas veces lo naturalizan como que me acerco al sistema y no me siguen, no me dan la atención necesaria”, señaló una de las representantes de la organización.
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Foto: Informe “Voces silenciadas, cuerpos sin derechos”.
La exclusión también se vive en el trabajo, el acceso a la vivienda y a la salud
El informe expone que la discriminación impacta directamente en las condiciones de vida de las personas trans y diversas.
Según los datos recopilados en el informe: el 47% de mujeres trans se dedica al trabajo informal, el 55% de hombres trans también y únicamente el 24% de la población trans accede a un empleo formal.
La precariedad laboral también repercute en el acceso a una vivienda digna. Más de la mitad de las personas consultadas indicó vivir en viviendas rentadas o en condiciones inestables.
Durante la conferencia, representantes de OTRANS denunciaron que muchas personas trans quedan excluidas de programas sociales y oportunidades laborales debido a que sus documentos oficiales no coinciden con su identidad de género.
“También aportamos a la sociedad, pero la misma sociedad nos limita en cuanto a derechos, oportunidades y reconocimiento”, expresaron.
En salud, el informe documenta actos de discriminación en hospitales y centros asistenciales, incluyendo casos donde personas trans aseguran haber recibido tratos estigmatizantes o incluso negación de atención médica.
El documento recuerda además que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar las identidades trans como una enfermedad desde 2021, aunque en Guatemala persisten prácticas institucionales que continúan patologizando las identidades trans.
“No somos estadísticas”
El informe también enfatiza en el papel de las personas trans como lideresas, defensoras y constructoras de comunidad.
OTRANS destacó que gran parte de la documentación fue realizada por defensoras comunitarias en distintos territorios del país, quienes registraron casos de violencia desde sus propias comunidades, en un contexto donde el Estado tampoco cuenta con registros oficiales amplios sobre violencia contra personas trans y población LGBTIQA+
Las organizaciones insistieron en que la violencia no inicia únicamente con el asesinato, sino desde etapas tempranas de la vida: en la escuela, en la familia, en las iglesias, en instituciones públicas y en espacios comunitarios donde continúan enfrentando discriminación estructural.
Frente a este panorama, OTRANS exhortó al Estado de Guatemala a reconocer públicamente la violencia estructural contra las personas trans y población LGBTIQA+, implementar políticas de prevención de crímenes de odio y garantizar investigaciones con enfoque de derechos humanos.
“Las personas trans y LGBTIQA+ no son estadísticas. Son lideresas, defensoras, trabajadoras y constructoras de comunidad”, señalaron durante la presentación del informe.
Y concluyeron con estas palabras que resumen el fondo del informe:
“Guatemala necesita avanzar hacia un país donde ninguna identidad sea motivo de violencia, exclusión o muerte”.
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