OACNUDH documentó 1,465 ataques a defensores en su informe anual sobre Guatemala
Escrito por Simón Antonio
“En 2025 continuaron los intentos del Ministerio Público por revertir los resultados del
proceso electoral de 2023”, señala el informe, que expone la criminalización de autoridades indígenas por el Paro Nacional en Defensa de la Democracia como Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toc, detenidos entre abril y agosto de 2025.
Por Simón Antonio Ramón
El 27 de febrero se presentó en Ginebra el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Guatemala del 2025, que resalta la continua actuación del Ministerio Público (MP) contra la democracia como la criminalización de autoridades indígenas y la cancelación del partido político Movimiento Semilla.
El informe documentó 1 mil 465 ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, incluidos periodistas y personas operadoras de justicia, en su mayoría cometidos por actores estatales, especialmente del sector justicia. “La criminalización, las intimidaciones y las amenazas continúan siendo las principales formas de ataques”, señala el informe.
Criminalización de pueblos y dirigentes indígenas
El informe monitorea cuatro ejes temáticos como la igualdad y no discriminación que aborda la situación de pueblos indígenas, garífunas y afrodescendientes, en el que concluye, “la discriminación racial y el racismo sistémico continuaron repercutiendo en el goce de los derechos de los Pueblos Indígenas, garífunas y afrodescendientes”, apuntó.
Además, planteó su preocupación sobre la criminalización contra autoridades indígenas tras haber defendido la democracia en 2023 como los casos de Luis Pacheco, Héctor Chaclán, presidente y tesorero de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, y Esteban Toc, vicealcalde de la Municipalidad de Sololá en el periodo 2022-2023.
También le preocupa la criminalización de las formas de organización comunitarias al ser consideradas como estructuras criminales que limita el ejercicio de los derechos colectivos a la autonomía y la libre determinación y a su derecho de reunión pacífica.
“Las autoridades indígenas continuaron enfrentando la criminalización asociada a su liderazgo en las manifestaciones pacíficas de 2023 y el efecto intimidatorio de tal criminalización”, señaló.
La criminalización de autoridades y dirigentes indígenas es preocupación para OACNUDH. Foto Prensa Comunitaria
Además, denunció que la criminalización de Leocadio Juracán, dirigente de la organización Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y su detención en el Aeropuerto Internacional La Aurora se hizo de manera irregular, porque los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) no llevaban la orden de detención emitida por el juzgado sino un papel en manuscrito.
También resaltó la falta de adopción de medidas para frenar la contaminación en territorios indígenas como el caso del Valle de Palajunoj en la cabecera departamental de Quetzaltenango y el Lago de Atitlán. “Generada principalmente por vertederos municipales de desechos sólidos a cielo abierto, depósito de aguas residuales, erosión por malas prácticas agrícolas y deforestación, como la que se da en la cuenca del lago de Atitlán (Sololá) y en el Valle de Palajunoj”, resaltó.
El informe documenta que durante el 2025 se realizaron ocho desalojos forzosos y siete amenazas de desalojos emitidos por los tribunales de justicia y cuatro desalojos extrajudiciales, ejecutados por personas no identificadas. Los desalojos generaron hechos violentos entre comunitarios con personal de seguridad privada de una finca y personal de la Policía Nacional Civil (PNC). Según el informe, los desalojos se ejecutan sin observar los estándares internacionales.
“Estos procesos afectan particularmente a las mujeres quienes, al ser desplazadas, suelen tener la carga de encontrar nuevas formas de acceder al agua para uso doméstico y buscar educación para sus hijos, entre otras tareas que les son atribuidas como responsabilidades exclusivas”, indica.
El informe también resaltó la discriminación contra las personas de la diversidad sexual y registró 25 asesinatos en 2025 relacionados con la identidad de género y orientación sexual “ocho hombres gais, nueve mujeres transgénero, tres mujeres lesbianas, un hombre transgénero, siete hombres bisexuales y una mujer travesti”, según datos del Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género de la Asociación Lambda.
Más de 600 muertes violentas de mujeres
En el capítulo que se refiere a las mujeres y las niñas denunció que continúa la violencia sexual contra las niñas menores de 14 años. “Al 31 de diciembre de 2025, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público había registrado 26.351 casos de violencia contra las mujeres, incluidos 623 posibles femicidios y muertes violentas y más de 9.370 casos de violencia sexual. Entre enero y diciembre de 2025, se registraron 54.788 nacimientos en madres niñas y adolescentes entre 15 y 19 años y 2.101 en madres niñas menores de 14 años”, apunta el documento.
La violencia contra las mujeres también fue parte del informe presentado en Ginebra. Foto Prensa Comunitaria
Con respecto a las personas con discapacidad, el informe señala que solo se han hecho mejoras parciales a las infraestructuras, y el número y la capacidad de personal encargado, pero persisten condiciones de hacinamiento, sobremedicación y actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, contrarios a los estándares internacionales.
Acceso a la justicia
El informe documentó al menos 1.375 ataques por parte de actores estatales y particulares tanto en el espacio digital y desde el MP y los juzgados; 29 de estos dirigidos contra operadores de justicia y abogados (17 mujeres y 12 hombres). “Destacan los casos contra el juez Eric García, la abogada Claudia González, el exfiscal Stuardo Campo y la ex auxiliar fiscal Paola Pimentel, así como el traslado indebido de la jueza Nancy Anel Oajaca”.
Señaló los retrocesos en casos de justicia transicional como la aplicación de Ley de Reconciliación Nacional en el caso Panel Blanca en donde se busca juzgar delitos contra deberes de humanidad; la solicitud de clausura provisional del proceso penal en favor de cinco personas previamente acusadas en 2021 y 2022 en el caso Diario Militar.
También retrasos en los procesos de los casos Genocidio Ixil (1978-1982), Molina Theissen, Rancho Bejuco, Mujeres Achí I, Masacre de las Dos Erres y la desaparición de Luz Leticia.
Además el retraso en el cumplimiento del amparo definitivo sobre el cuidado del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). “Urge el cumplimiento de la sentencia de amparo emitida por la Corte Suprema de Justicia y contenida en el expediente núm. 1281-2019 relativa al traslado definitivo del inmueble que alberga el archivo y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso archivístico en condiciones óptimas”.
Libertad de expresión, actividad periodística y derechos humanos
En 2025, el OACNUDH documentó 40 ataques contra la libertad de expresión y al acceso a la información de los periodistas, los medios de comunicación y las comunicadoras y los comunicadores comunitarios. “Además, persistió una marcada desconfianza hacia el sistema de justicia, lo que desincentiva la presentación de denuncias ante la falta de investigaciones adecuadas”, señala.
Resaltó la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre la criminalización de periodistas del desaparecido medio El Periódico, por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que confirmó la decisión de la jueza del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, que resolvió que el caso debe ser conocido en un Tribunal de Imprenta.
“Esta resolución constituye un precedente relevante para la protección de la libertad de expresión y la labor periodística en Guatemala, en consonancia con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, que establecen que las críticas hacia funcionarios y entidades públicas forman parte del debate democrático y no deben ser objeto de criminalización”, señaló.
También resaltó que siguió de cerca el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Pueblos Indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros contra Guatemala, sobre la demanda de radios comunitarias.
“Las víctimas informaron que no aceptan la propuesta del Estado de otorgar temporalmente el uso de las frecuencias FM de la radio nacional TGW a favor de las cuatro radios comunitarias víctimas en el caso por carecer de seguridad jurídica y por la falta de un estudio técnico sobre la disponibilidad del espectro radioeléctrico para cumplir con la sentencia”, señaló.
Denunció la criminalización de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por el caso Toma USAC: Botín Político como también la expulsión de diez estudiantes en mayo de 2025. “Estos hechos se suman a los ataques y las represalias contra estudiantes, docentes, trabajadores y personas defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado anomalías en el proceso de elección del rector de esta Universidad, las cuales se han ido documentando desde 2022 y están relacionadas con el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.
El informe señala que valora los esfuerzos del gobierno ante la promoción de la Política Pública para Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la promulgación de la Plan de Búsqueda Humanitaria y del Plan Nacional de Dignificación y Reparación para las Víctimas del Conflicto Armado Interno, presentado en el Palacio Nacional el 25 de febrero en el Día de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno.
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Simón Antonio
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