Paola Pérez y una hermana que busca justicia por su femicidio
Escrito por Isela Espinoza
Después de casi siete años del femicidio de Paola Pérez, una joven trabajadora y estudiante universitaria, el sospechoso de haberla asesinado fue capturado el pasado 1 de febrero a pesar de existir la orden de captura desde 2025. Este lunes 2 de marzo se prevé la audiencia de primera declaración en donde la familia de Paola espera que sea ligado a proceso penal.
Por Isela Espinoza
Paola Azucena Pérez Meza tenía 27 años cuando fue asesinada el 16 de mayo de 2019. Su sueño de ser profesora de física fundamental quedó truncado. El caso de Paola tiene detrás el desgaste de una familia que lleva casi siete años de búsqueda por justicia, enfrentando negligencias en la investigación, y alerta la estadística de los femicidios que continúan en aumento cada año en Guatemala acogidos por la impunidad que impera en el sistema de justicia.
Este lunes 2 de marzo a las 11:30, en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Amatitlán, está prevista una audiencia de primera declaración de Alberto Ramírez Cifuentes, capturado el pasado 1 de febrero por posible comisión del delito de femicidio. Su detención se dio durante un operativo en el marco del estado de sitio declarado por el presidente Bernardo Arévalo tras la ola de ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La audiencia de primera declaración de Ramírez Cifuentes se había programado para el 11 de febrero, pero se pospuso para el 2 de marzo porque el abogado defensor del sospechoso argumentó tener otra audiencia ese día. Ramírez Cifuentes tenía orden de captura desde mayo de 2025. Entonces, ¿por qué no había sido arrestado antes? Es una pregunta que la familia de Paola realiza sobre el proceso de investigación.
Entre las aficiones de Paola se encontraba la lucha libre. Foto: Familia Pérez Mesa
El sueño que dio con su paradero
Paola desapareció el 16 de mayo de 2019. Ese día a las 13:30 horas su familia recibió la última comunicación de ella a través de WhatsApp. El día de su desaparición, Paola ganó una salida temprano del call center ubicado en la zona 10 y en donde trabajaba desde hacía tres años. Luego, se dirigió al centro comercial Los Próceres, de donde se tiene el último registro de ella.
Su familia no sospechó que ese día desaparecería. Sin embargo, las alertas se encendieron cuando llamaban a su teléfono y no contestaba. Al inicio pensaron que se encontraba estudiando en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) de la Universidad de San Carlos, donde después del trabajo asistía a la jornada nocturna del profesorado en Física- Matemática.
Como muchas familias que viven las horas pesadas del tráfico y distancia entre su lugar de trabajo y hogar, Paola y su hermana Sara habían decidido desde hacía unos años atrás dejar su hogar junto a su madre en la zona 6 de Mixco para vivir solas, con el objetivo de acortar distancia y ahorrar tiempo. La primera parada fue en La Florida, zona 19. Pero luego Sara se casó y Paola se trasladó a vivir a un mini apartamento ubicado en Ciudad Real II, zona 12 de Villa Nueva.
“Pensamos que estaba trabajando, nunca nos pasó por la mente que estuviera desaparecida. Buscamos en hospitales y con amistades, pero nadie sabía nada hasta que el 23 de mayo mi mamá tuvo un sueño. Me llamó temprano y me dijo: tu hermana no aparece y yo soñé la puerta de un edificio y decía INACIF. Yo voy a ir a ver, me dijo”, contó Sara.
Paola era la tercera de cinco hijos (cuatro mujeres y un hombre). Su mamá acudió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) junto a su hijo. Ahí le enseñaron fotografías del 16 de mayo con las que identificó a Paola cuyo cuerpo estaba registrado como XX.
Su hermana, Sara Pérez Meza, nos relató que Paola siempre llevaba una cartera con sus documentos y su celular. Pero estos nunca aparecieron. Según el informe del Ministerio Público (MP), Paola fue encontrada por una persona cerca del cementerio de la aldea Mesillas Bajas, en Amatitlán. Esta persona alertó a una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que pasó cerca de esa área desolada.
“Determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento. Se le realizaron todas las pruebas toxicológicas para saber si había sido violada o ultrajada, pero no. Se sabe que fue por estrangulamiento”, afirmó Sara quien en los últimos siete años se ha encargado de buscar justicia para su hermana.
Paola era “atrevida”, recordó Sara, al contar cómo compró una motocicleta pasola de color rojo con gris. “Hasta en tacones ella andaba ahí. Después compró su carro que andaba vendiendo. El día de su desaparición andaba en bus, pero el carro nunca apareció”, agregó.
Desde el 23 de mayo de 2019, la lucha por la justicia y esclarecer los motivos de por qué le quitaron la vida a Paola se ha convertido en un sube y baja de emociones y procesos burocráticos. “Hemos llevado un recorrido lento en la investigación. Cuando fue encontrada dimos toda la información que teníamos, pero esta se perdió. Es un desgaste físico y emocional porque la investigación ha sido lenta”, dijo Sara quien hizo la solicitud para que el caso fuera trasladado a la capital ya que actualmente se encuentra en el Juzgado de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente de Amatitlán.
Sin embargo, le dijeron que no se podía debido a que había inconsistencias en la investigación. “Esto es contradictorio porque es una investigación que ellos mismos han hecho como MP”, aseveró. Hasta el momento el expediente ha pasado por manos de cuatro fiscales.
Además, la distancia de la Fiscalía también ha sido un obstáculo para la familia debido a que residen en otro municipio de Guatemala y llegar a Amatitlán requiere inversión de tiempo y dinero. El sospechoso del femicidio es pastor de una iglesia evangélica. A él Paola lo conoció cuando vivía en La Florida.
En el caso de Paola, el Instituto de la Víctima (IDV) ha brindado acompañamiento legal a la familia. Según explicó el IDV, “implica asesoría, representación y seguimiento constante a las actuaciones dentro del proceso penal velando porque sus derechos sean respetados”. Ruda buscó ampliar más la información sobre el caso, sin embargo, ante la audiencia de primera declaración la institución afirmó que desea resguardar el debido proceso y no afectar el desarrollo de la diligencia judicial. “Nuestro compromiso es estar al lado de las víctimas, especialmente cuando han enfrentado obstáculos o situaciones adversas y acompañarlas firmemente en la búsqueda de justicia”, agregó.
Sara está por finalizar el pensum de la carrera de Derecho. Para ella ha sido un proceso de aprendizaje fuerte porque cuando se trata de un familiar la defensa es dura. “Me pongo a pensar que si yo no defiendo los derechos de los míos cómo puedo ir a defender los derechos de alguien más. (El lunes) será triste porque es volver a revivir el por qué fue y lograr justicia para mi hermana”, concluyó.
Según la investigadora del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), Andrea Monterroso, desde que se creó el delito de femicidio en 2008 hasta 2024, han fallecido 2 mil 816 mujeres víctimas de femicidio y solo han sido condenados 1 mil 247 hombres por este delito. En Guatemala, la tasa es de 1.9 femicidios por cada 100 mil mujeres. En 2024 los femicidios aumentaron 2.2 % más que en 2023.
En 2019, al participar por primera vez en la vigilia de la no violencia contra la mujer, su hermana Sara creó una página en Facebook llamada Movimiento Justicia por Paola. Foto: Familia Pérez Meza
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Isela Espinoza
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