Entre 2019 y 2023, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 3 mil 559 agresiones contra mujeres defensoras siendo los departamentos de Guatemala, Izabal, Alta Verapaz y Chiquimula con el mayor reporte. Once años después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el gobierno de Bernardo Arévalo presentó este jueves la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. La iniciativa se lanza en un contexto de criminalización contra defensores de derechos humanos, donde fiscales, periodistas, líderes indígenas, activistas y operadores de justicia están en prisión o han salido al exilio.

Foto: Francisco Simón Francisco

Por Isela Espinoza*

La lucha por justicia de la familia de Florentín Gudiel Ramos, defensor asesinado en 2004, se materializó este jueves con la presentación de la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos (2025-2035), un instrumento destinado a garantizar la integridad y el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en Guatemala.

“Este evento es una acción simbólica de cumplimiento con uno de los puntos establecidos en la sentencia de la Corte-IDH en agosto de 2014 que ordena la construcción y aprobación de una política pública para la protección para personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala. Para que actos como el asesinato de mi papá no se vuelvan a repetir”, dijo Makrina Gudiel Álvarez, hija del defensor asesinado el 20 de diciembre de 2004, durante su intervención en la presentación de la política.

Florentín Gudiel Ramos era alcalde comunitario elegido por el Consejo Comunitario de Desarrollo de la aldea Cruce de la Esperanza, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Su asesinato se encuentra en la impunidad como consecuencia de las irregularidades cometidas al inicio de la investigación.

En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso del defensor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Según argumentó la CIDH, envió el caso a Corte-IDH porque el Estado de Guatemala no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso.

En 2014, la Corte-IDH dictó la sentencia que incluye entre otras recomendaciones, la creación de una política pública como la presentada este jueves por el presidente Bernardo Arévalo. Esta política pública será coordinada por el Ministerio de Gobernación y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH).

Makrina señaló que esta política debió ser construida y aprobada en 2016 durante el gobierno de Jimmy Morales. Sin embargo, el contexto político de su gestión que terminó por expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no lo permitió. Y tampoco fue posible en el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

“Ha sido muy complicado el proceso. En 2016 ya debió estar construida y aprobada esta política. Sin embargo, lo que recibimos a cambio fue control, seguimiento, amenazas. Yo misma tengo muchas denuncias incluso atentados contra la vida que nos obligó a desplazarnos de nuestra comunidad para poder sobrevivir. Eso ha sido un proceso tortuoso”, dijo Makrina Gudiel a Prensa Comunitaria.

Además, señaló como desafíos para desarrollar esta política: la fragilidad del Estado y la falta de recursos financieros. Pero, resaltó que el apoyo de instituciones internacionales como ACNUR, la Unión Europea y de UDEFEGUA hizo posible desarrollar 22 sesiones durante dos años que concluyeron con esta política pública.

“Nuestro esfuerzo por dar a conocer y difundir el contenido de la política pública de protección les da prioridad a las mujeres defensoras, sobre todo indígenas. La puesta en marcha de la política pública es una referencia para abordar el núcleo de la obligación de Estado sobre prevenir y proteger los derechos humanos con un enfoque transformador que atienda las condiciones estructurales que permiten y provocan las afecciones de estos derechos con grandes consecuencias en las condiciones de la vida de las mujeres”, afirmó Gudiel durante su intervención en la presentación de la política que se realizó en el Palacio Nacional ante la presencia de defensoras y defensores, activistas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas. 

Líderes indígenas y comunitarios participaron en la presentación de la Política Pública para Protección de Defensores. Foto: Gobierno de Guatemala.

¿En qué consiste la política pública para la protección de defensores?

La política define como persona defensora de derechos humanos a “toda persona que, individual o colectivamente, actúe o busque actuar para promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, según estándares internacionales. El documento también enfatiza que la condición de defensor se determina exclusivamente por la actividad realizada, sin importar si recibe remuneración, pertenece a una organización o actúa de forma ocasional o permanente. 

Esta política abarca a activistas, autoridades y líderes indígenas, operadores de justicia, mujeres defensoras, periodistas, comunicadores comunitarios y funcionarios públicos, siempre que sus acciones sean pacíficas y promuevan los derechos humanos.

El instrumento incluye acciones, mecanismos de prevención de riesgo y amenazas así como un sistema de protección y protocolos de investigación cuando se vulnera la vida y seguridad de un o una defensora de derechos humanos. 

Su presentación busca enfrentar un contexto histórico de agresiones contra defensores, que incluyen asesinatos, criminalización, hostigamiento y discursos de odio. Según datos de la UDEFEGUA entre 2019 y 2023 se registró un incremento en los ataques, con un alarmante aumento de las agresiones digitales.

Estos contextos de violencia tienen consecuencias en las condiciones de vida de las mujeres defensoras. UDEFEGUA registra al menos 3 mil 559 agresiones contra mujeres defensoras siendo los departamentos de Guatemala, Izabal, Alta Verapaz y Chiquimula con el mayor reporte. Estas agresiones se intensifican para personas defensoras en el área de justicia, periodistas y pueblos indígenas.

Sobre libertad de expresión, la política documenta una alarmante impunidad: sólo el 7.9 % de los casos denunciados ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas entre 2011-2020 recibieron sentencia o medidas aplicadas, mientras en 2023 se registraron 66 ataques contra comunicadores -un aumento del 73.68 % respecto al año anterior-, incluyendo 58 obstrucciones a fuentes, 33 intimidaciones y 3 asesinatos.

Destaca que el deterioro del entorno para la prensa se evidencia en la criminalización de periodistas que investigaban corrupción y en el incumplimiento de compromisos internacionales, como la protección diferenciada a comunicadores y la legislación pendiente para reconocer las radios comunitarias indígenas ordenada por la Corte-IDH desde 2021.

“El Estado ha actuado de manera diferenciada contra periodistas y comunicadores sociales, especialmente durante el último quinquenio, aunque durante los últimos años la violencia contra las y los periodistas ha sido un continuum histórico en el país y ha escalado de manera significativa”, indica el documento. 

La implementación de la política será monitoreada por un Consejo Coordinador, con participación de instituciones públicas y organizaciones sociales, entre ellas la Escuela Florentín Gudiel. “Este cierre de ciclo implica pasar de ser una organización reactiva ante los ataques y agresiones contra personas defensoras para pasar a ser una entidad promotora del acceso a la información y la participación como derechos para una gobernanza que prevenga, legitime y fortalezca la figura de persona, organización y comunidad defensora de derechos humanos”, agregó Makrina Gudiel.

Tras la presentación, Fabiola Santizo, defensora de los derechos de las mujeres, resaltó la importancia de la creación de la política como un logro y avance para el cumplimiento de los derechos de los defensores y defensoras. Sin embargo, resaltó que continuarán en la lucha en un contexto en donde la violencia aún está latente “en todas sus manifestaciones y sobre todo la criminalización”.

Gobierno se reconoce “que las personas defensoras no son adversarias sino aliadas de la democracia”. Foto: Francisco Simón Francisco 

Elementos claves de la política:

1. Prevención de riesgos: creación de mecanismos para prevenir agresiones mediante formación institucional, diálogo y combate a la desinformación.

2. Protección integral: diseño de un sistema de protección con enfoque diferencial, que incluye alertas tempranas y protocolos interinstitucionales.

3. Acceso a la justicia: fortalecimiento de la coordinación con el sector justicia para investigar y sancionar las agresiones contra defensores.

4. Reparación digna: garantía de medidas de reparación y no repetición para las víctimas, con enfoque interseccional.

5. Participación y legitimación: reconocimiento público del papel de las personas defensoras y creación de espacios de seguimiento con la sociedad civil.

Conoce la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 

Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de los derechos humanos en Guatemala | Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

https://copadeh.gob.gt/politica-publica-para-la-proteccion-de-personas-defensoras-de-los-derechos-humanos-en-guatemala/

*Con información de Prensa Comunitaria.