¿Qué esperan las organizaciones de derechos humanos del nuevo Fiscal General?
Escrito por Glenda Alvarez
Organizaciones de mujeres, diversidad sexual y acompañamiento a víctimas reaccionan a la llegada del nuevo Fiscal General y esperan cambios reales frente a años de impunidad, violencia y exclusión en el sistema de justicia guatemalteco.
Por Glenda Alvarez
El Ministerio Público (MP) cambiará de dirección luego de uno de los períodos más cuestionados en la historia reciente del sistema de justicia guatemalteco.
Gabriel Estuardo García Luna fue designado como nuevo Fiscal General y jefe del MP para el período 2026-2030, en medio de una crisis institucional marcada por la persecución política, debilitamiento democrático y retrocesos en derechos humanos durante la administración de Consuelo Porras. El cambio oficial de mando está previsto para el próximo 17 de mayo.
Su nombramiento ocurre después de un proceso de elección rodeado de tensiones legales y políticas. La Comisión de Postulación integró inicialmente una nómina de seis candidatos que posteriormente fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), tras cuestionamientos relacionados con la evaluación de aspirantes y criterios de calificación. Días después, la Comisión elaboró una nueva nómina y finalmente el presidente Bernardo Arévalo designó a García Luna como nuevo jefe del ente investigador.
El relevo ocurre luego de ocho años de gestión de Consuelo Porras. Durante su dirección, Porras fue incluida por Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos, mientras organismos internacionales denunciaron el uso del Ministerio Público para perseguir periodistas, fiscales anticorrupción y operadores de justicia.
Una transición observada por organizaciones de la sociedad civil
La llegada de Gabriel Estuardo García Luna al Ministerio Público ha comenzado a generar distintas reacciones entre organizaciones feministas, de diversidad sexual y colectivos que acompañan a víctimas de violencia y violaciones a derechos humanos. Aunque varios sectores reconocen el cambio de administración como una posibilidad para replantear el rumbo institucional del MP, también advierten que el cambio real no podrá construirse únicamente desde el relevo de una figura.
Durante los últimos años, organizaciones sociales denunciaron el debilitamiento de fiscalías, retrocesos en investigaciones, criminalización de voces críticas y múltiples barreras en el acceso a la justicia para mujeres, personas LGBTIQ+ y víctimas de violencia. En ese contexto, distintos colectivos coinciden en que la nueva gestión deberá demostrar con acciones concretas si existe voluntad de transformar las prácticas que marcaron la administración de Consuelo Porras.
Ruda conversó con organizaciones de mujeres, diversidad sexual y acompañamiento a víctimas para conocer cuáles son sus expectativas frente a esta nueva etapa del Ministerio Público, qué desafíos enfrentaron durante los últimos años y qué cambios consideran urgentes dentro del sistema de justicia guatemalteco.
“La impunidad no es una percepción, es una experiencia cotidiana”
Para Adriana Astolfi Muñoz, integrante de OTRANS y del Centro de Documentación y Situación Trans de Latinoamérica y el Caribe (CEDOSTALC), la llegada del recién electo Fiscal General representa una nueva etapa para el país, aunque insiste en que las expectativas deben construirse desde la vigilancia ciudadana y no desde el optimismo.
“Su nombramiento ocurre después de varios años marcados por profundas denuncias nacionales e internacionales contra la administración de Consuelo Porras, señalada por debilitar institucional y democráticamente al país, perseguir operadores de justicia y criminalizar voces críticas”, expresó Muñoz.
Desde las organizaciones de diversidad sexual, el cambio es observado con cautela. Adriana señaló que las mujeres trans, personas no binarias y población LGBTIQ+ continúan enfrentando exclusión, violencia e impunidad dentro del sistema de justicia.
“En Guatemala la impunidad no es una percepción, es una experiencia cotidiana. Muchas mujeres trans hemos denunciado históricamente que ir al Ministerio Público significa encontrarse con burlas, indiferencia o criminalización”, afirmó.
La activista aseguró que, aunque el MP cuenta con mecanismos para registrar casos relacionados con población LGBTIQ+, muchos expedientes continúan investigándose sin enfoque de identidad de género ni de derechos humanos.
Para Muñoz, el principal reto del nuevo Fiscal General será demostrar si realmente existe voluntad de transformar el funcionamiento interno del Ministerio Público.
“El nuevo fiscal debe ser observado y evaluado no por sus discursos, sino por las decisiones concretas que tome. El Ministerio Público necesita cambios sustanciales en protocolos de atención, investigación y articulación con organizaciones sociales”, sostuvo.
La activista también cuestionó el fondo estructural del sistema de justicia en Guatemala.
“La pregunta no es solamente quién dirige el Ministerio Público, sino para quién funciona la justicia en Guatemala”, concluyó.
“Muchas veces las mujeres terminan enfrentándose a procesos revictimizantes”
Desde Fundación Sobrevivientes, organización que acompaña casos de violencia contra mujeres, niñez y delitos sexuales, las expectativas frente a la nueva administración del MP se centran en revisar el funcionamiento de las fiscalías y los modelos de atención a víctimas.
Claudia Hernández, directora de la organización, afirmó que durante los últimos años identificaron múltiples barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia.
“En el modelo de atención a mujeres cuestionan mucho a las víctimas y prácticamente intentan convencerlas de no poner una denuncia, a menos que tengan golpes visibles”, denunció Hernández.
Según explicó, muchas mujeres llegan a denunciar violencia y terminan enfrentándose a procesos revictimizantes dentro de las propias fiscalías. En algunos casos, deben relatar varios episodios de violencia para que sus denuncias sean aceptadas, mientras numerosas investigaciones avanzan lentamente por falta de personal y debilidad institucional, especialmente en los municipios.
“Existe un retroceso de lo que ya se había avanzado a través de capacitaciones y modelos de atención. Muchas veces las mujeres llegan acompañadas de abogados y aun así reciben comentarios que minimizan la violencia”, señaló.
La organización también advirtió sobre deficiencias en investigaciones relacionadas con violencia sexual e intimidad sexual, donde la falta de herramientas tecnológicas dificulta identificar a agresores o avanzar en los procesos judiciales.
“Muchas mujeres terminan denunciando en redes sociales porque no encuentran una respuesta institucional”, afirmó Hernández.
Para Fundación Sobrevivientes, uno de los principales retos de la nueva administración será fortalecer las fiscalías con personal, presupuesto y capacidades tecnológicas, especialmente en territorios donde las denuncias aumentan y la respuesta institucional continúa siendo limitada.
“Esperamos que esta nueva administración haga revisiones reales, evalúe al personal y fortalezca las fiscalías, no solo viendo números, sino la calidad de la atención y las investigaciones”, agregó.
“El Ministerio Público debilitó esos espacios de articulación”
Desde Mujeres Transformando el Mundo (MTM), la expectativa frente a la nueva administración del Ministerio Público se centra en retomar mecanismos de coordinación institucional y fortalecer la atención integral para mujeres víctimas de violencia.
Paula Barrios, coordinadora general de la organización, señaló que uno de los principales retos urgentes será revisar el funcionamiento del Modelo de Atención Integral para las Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI), ubicado en la colonia La Verbena, zona 7 de la capital.
Para muchas mujeres, denunciar implica trasladarse hasta este sector de la ciudad sin condiciones mínimas de seguridad, transporte o acompañamiento, especialmente durante horarios nocturnos.
“Consideramos que deben tomarse mecanismos urgentes, como habilitar espacios de parqueo, garantizar atención 24 horas y condiciones de seguridad para las mujeres que llegan a denunciar”, afirmó Barrios.
La organización alertó que el modelo de atención ha perdido capacidad de respuesta y actualmente enfrenta retrasos en las denuncias, disminución de personal investigador y poca articulación institucional.
MTM también señaló la necesidad de fortalecer las fiscalías municipales con personal especializado y ampliar la cobertura de atención para casos de violencia contra la mujer, una promesa que, según la organización, no fue cumplida durante la administración saliente.
Además, consideró prioritario retomar las redes de coordinación entre el Ministerio Público, centros de atención a víctimas, hospitales y otras instituciones encargadas de atender casos de violencia sexual y violencia contra mujeres.
A nivel institucional, MTM aseguró que durante administraciones anteriores existían mesas técnicas y espacios de articulación con fiscalías para abordar casos complejos de violencia contra mujeres, mecanismos que desaparecieron durante la gestión de Consuelo Porras.
“El Ministerio Público debilitó esos espacios y esas articulaciones para procurar una justicia pronta a las mujeres”, señaló Barrios.
La organización también considera que uno de los principales desafíos de la nueva administración será recuperar la credibilidad del MP y garantizar atención digna a las víctimas. Barrios agregó que, además de revisar procesos de criminalización impulsados durante la gestión anterior, la nueva administración deberá promover una reingeniería institucional con perspectiva de género.
“Esperamos que el Ministerio Público vuelva a trabajar por los grupos vulnerables, especialmente mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan violencia sexual y maternidad forzada”, concluyó.
“Existe una oportunidad, pero también incertidumbre”
Desde el Observatorio de Asociación LAMBDA, la llegada de Gabriel Estuardo García Luna al Ministerio Público es vista como una posibilidad de transformación institucional, aunque también genera dudas sobre cómo abordará las demandas de las poblaciones LGBTIQ+.
Diego Lima, coordinador del Observatorio, opina que la designación del nuevo Fiscal General se sustenta principalmente en su trayectoria técnica y experiencia dentro del sistema de justicia.
“En su plan de trabajo hay conceptos como la lucha contra la opacidad, el fortalecimiento de la transparencia, la meritocracia dentro de la carrera fiscal y elementos que durante la gestión de Consuelo Porras fueron totalmente olvidados”, afirmó.
Sin embargo, el Observatorio advierte que el nuevo Fiscal General no ha presentado propuestas claras para atender la violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+.
“Hay un vacío muy crítico sobre el tema de poblaciones LGBT. No existen estrategias claras y directas para abordar la violencia y discriminación que afectan a estas poblaciones”, explicó Lima.
A pesar de ello, la organización estima que García Luna podría tener apertura para impulsar cambios institucionales debido a su trayectoria y cercanía con sectores progresistas.
“Creemos que tiene la capacidad de trascender el discurso y reconocer a las personas LGBT como sujetas de derecho y sujetas a recibir una atención diferenciada”, señaló.
La organización también espera que los crímenes por prejuicio contra personas LGBTIQ+ sean investigados bajo estándares internacionales y con una perspectiva técnica especializada.
Aunque reconocen que existe una oportunidad de cambio dentro del Ministerio Público, desde Asociación LAMBDA aseguran que todavía persiste incertidumbre sobre cómo la nueva administración abordará las demandas históricas de estas poblaciones.
Aunque las organizaciones consultadas reconocieron que el relevo en la jefatura del MP representa una oportunidad para replantear el rumbo institucional, también coinciden en que la confianza no se recuperará desde los discursos.
Para colectivos de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y grupos que acompañan a víctimas, el verdadero reto de la nueva administración será demostrar si el Ministerio Público puede volver a convertirse en una institución que investigue, atienda y garantice justicia, en lugar de profundizar la impunidad y la exclusión.
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