La exclusión y la violencia que sufren personas de la comunidad trans es abordada con organización y participación política, sin embargo, los asesinatos contra ellas continúan en impunidad. El Estado no responde a sus demandas por lo que ya se habla de un transfemicidio.
Han pasado 24 días desde que las y los estudiantes manifestaron pacíficamente y no han parado de demostrar su rechazo a la fraudulenta elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde solo participaron los cuerpos electorales de afines a Walter Mazariegos. Desde entonces, las intimidaciones contra las estudiantes no han parado.
El 2 de julio en la Ciudad de Guatemala, el Colectivo Trans de trabajadoras sexuales del Trébol zona 11 comunicó el asesinato de una de sus integrantes, Nancy Sacul Tut.
Cada 30 de junio algunos sectores de la población, que niegan la memoria histórica, celebran con pompa el Día del Ejército. Podría decirse que ese fue el caso de Consuelo Porras, actual fiscal general del Ministerio Público (MP), al haber destituido a Hilda Pineda; la investigadora que logró enviar a juicio a Efraín Ríos Montt, y a varios militares involucrados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
Está por cumplirse un año desde la muerte violenta de MELISSA ALEJANDRA PALACIOS CHACÓN, una hija, hermana, nieta, sobrina, amiga, soñadora y visionaria mujer quien fue privada de su vida el 5 de julio del año 2021; la investigación practicada por Ministerio Público arroja como autores intelectuales y materiales de la muerte violenta a María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Ovalle, quienes sin ningún tipo de respeto a la vida humana planificaron darle muerte desde el 3 de julio del año 2021 culminando el crimen el 5 de julio del año 2021.
El jueves 23 de junio el diputado Aldo Dávila por medio de Twitter alertó a la población guatemalteca, acerca de la iniciativa 6076 “Ley de Fortalecimiento de Guatemala de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ejército”, que consiste en un sustento legal para la represión al derecho de manifestar usando a la Policía Nacional Civil (PNC) y al ejército.
Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala siguen en franco deterioro. En las últimas dos semanas ocurrió la agresión policial y detención arbitraria del periodista Robinson Ortega, del medio Relax TV de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, hecho sucedido el 16 de junio; un día después, el intento de asesinato del periodista Maynor Mérida en Chiantla, Huehuetenango. Cuatro días más tarde, en la capital, se produjo la agresión policial en contra de Vanesa Ordóñez, de Festivales Solidarios, y Carlos Hernández Ovalle, de Prensa Libre y Guatevisión –a quien además le destruyeron parte de su equipo –, mientras ambos reporteros cubrían la detención de un estudiante universitario durante una jornada de protestas.
Este lunes 27 de junio, el juez Jesús Mazarigos, del Tribunal de Sentencia Puerto Barrios, condenó a María Cuc Choc, a dos años de prisión conmutables, por usurpación agravada y si desea recuperar su libertad tendrá que pagar Q10.00 por cada día de esos dos años que le han impuesto, un alrededor de Q7, 200 para evitar la cárcel. María Choc es una mujer Q’eqchi, quien ha trabajado como intérprete y traductora y, ha brindado su ayuda a mujeres que han sufrido violencia sexual.
Las organizaciones de mujeres en Guatemala se han dedicado a defender los derechos de estas y empoderarlas. Hay trece organizaciones que tienen una lucha poco conocida, que es acompañar a las mujeres sobrevivientes de violencia.
Estados Unidos era un referente en cuanto a los derechos de las mujeres, desde la histórica sentencia de 1973 “Roe vs. Wade” de la Corte Suprema en donde se estableció que el aborto es un asunto de privacidad y autonomía sobre el cuerpo. Hoy 24 de junio, luego de haberse filtrado el 2 de mayo un borrador de las opiniones de de cuatro jueces y una jueza referentes al derecho al aborto, se oficializa la culminación de 49 años en protección legal para la interrupción de un embarazo dejando a criterio de los congresos de cada estado la legislación sobre el mismo.
Se ha cumplido un mes de la elección a rector de la Universidad de San Carlos (Usac) que ha sido señalada por docentes, estudiantes y comunidad sancarlista como fraudulenta. Un total de 11 miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) solicitaron que se revisara de oficio la elección llevada a cabo en el Parque de la Industria donde solo los electores afines a Walter Mazariegos votaron.
Fundación Sobrevivientes enfocará esfuerzos para prevenir violencia contra las mujeres y la niñez en cuatro departamentos
Los departamentos de Escuintla, Guatemala, Retalhuleu y Suchitepéquez según datos que compartió la Fundación Sobrevivientes del Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público en el 2021 se denunciaron 43, 377 delitos en contra de mujeres, niñas y adolescentes. La Fundación Sobrevivientes ha atendido a 3 mil mujeres sobrevivientes de violencia.
La extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, cumplió 107 días en prisión cuando fue escuchada por el juez Sergio Mena en su audiencia de etapa intermedia. El juez dictó enviarla a juicio por el delito de incumplimiento de deberes luego de 10 horas de audiencia. La medida sustitutiva de arresto domiciliario le fue negada y se ordenó trasladarla del Centro de Prisión Preventiva Mariscal Zavala a la Cárcel de Matamoros. La prisión de Virginia ha sido calificada por psicólogas como una tortura, y ahora continuará en el área de mujeres de Matamoros a donde fue trasladada desde el 8 de junio.
Las cuestionadas acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en contra de operadores de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio y estudiantes universitarias ahora también han escalado hasta el Congreso de la República, al solicitar el retiro de antejuicio a la diputada Ligia Hernández, jefa de bloque de Semilla. La solicitud de retirar el antejuicio está acompañada de una denuncia por abuso de autoridad, que según la Bancada Semilla, fue trasladada dos días después que se oficializó la reelección de Porras.
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Cuando el feminismo habla que no hay lugares seguros para las mujeres, niñas y adolescentes, este análisis se comprueba con los testimonios y denuncias de mujeres. Un ejemplo es el fenómeno internacional #MeToo que generó e influyó en diversos países, como en Guatemala, promoviendo la discusión y la posibilidad que las mujeres alzaran la voz y rompieran el silencio en redes sociales, medios de comunicación y páginas de Internet para hablar sobre la violencia y acoso que enfrentaron por parte de hombres; figuras públicas del arte, la política y funcionarios del Estado.
Según el Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP), entre 2019 y 2021 se han desestimado 24,104 denuncias de Violencia Contra la Mujer (VCM) en su manifestación psicológica, económica, física y sexual.
Entre el 2021 y los últimos meses de 2022, según datos de las Clínicas de Violencia Sexual de los Hospitales del Sistema Nacional de Salud, 5 mil 724 niñas, niños y adolescentes han sido atendidos por agresión sexual. De ellos, solo 153 casos se han registrado en el Ministerio Público (MP). Esta información dada a conocer por la diputada Andrea Villagrán revela la falta de seguimiento y justicia para la niñez y juventud.