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El Ministerio Público (MP), cuya Fiscal General, Consuelo Porras tiene total apoyo del presidente Alejandro Giammattei y el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, avalaron la persecución en contra del director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y contra el partido Movimiento Semilla. Desde el pasado 19 de julio existe una orden de aprehensión contra Cinthya Rojas, por aparente falsedad ideológica con agravación electoral y asociación ilícita.
Recientemente la Red Centroamericana de Periodistas llevó a cabo el foro titulado: el periodismo centroamericano bajo ataque. Durante este evento, se discutió la preocupante situación en la que se encuentran los medios de comunicación y los periodistas independientes en toda la región, quienes son objeto de hostigamiento, criminalización y persecución.
🙅🏽♀️🙅🏽♀️ Con el uso oportunista de la indumentaria indígena en campañas electorales, las y los políticos pretenden crear una "ilusión" de cercanía con los pueblos originarios.
Cuatrocientos sesenta y dos días ha pasado en prisión Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en Quetzaltenango, quien enfrenta un largo proceso para poder demostrar su inocencia. El 16 de diciembre del año pasado, Virginia fue condenada a cuatro años de cárcel por abuso de autoridad, una sentencia considerada por su abogada defensora, Geraldine López, como ilegal e injusta.
Era casi mediodía, el calor se desbordaba por los pasillos de la Torre de Tribunales y apenas corría aire mientras el termómetro marcaba una temperatura de 30 grados centígrados aproximadamente; con paciencia la abogada defensora Geraldine López, permaneció afuera de la Sala segunda de Apelaciones del Ramo Penal en el décimo nivel, en espera de la resolución que finalmente fue denegada a su defendida, la exfiscal Virginia Laparra. Pasaron cuatro meses desde que Virginia presentó ese recurso legal que buscaba revertir la condena de cuatro años en su contra y demostrar así su inocencia.
Hace 30 años, se declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Con esta conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca recordar la importancia de la libertad de buscar, difundir y recibir información para las sociedades. En la actualidad, el trabajo de las y los periodistas se ve amenazado en el país, en un contexto donde el derecho a la información debe prevalecer.
“Creo que la lucha constante y no claudicar es lo que me tiene en prisión”, fueron las palabras de Virginia Laparra luego de escuchar la resolución que la mantiene en prisión preventiva. Junto a sus abogadas vistió una playera con el mensaje #LibertadParaVirginia y “Presa de conciencia” como fue llamada por la organización Amnistía Internacional.
En el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, se realizó una audiencia en la que la defensa de Virginia Laparra tenía cuatro solicitudes. Sin embargo, al inicio de esta, renunciaron a dos y únicamente solicitaron la reforma del auto de procesamiento y la revisión de medidas de coerción.
Dulce Archila escuchó con atención la audiencia de presentación de pruebas, previo al inicio del juicio en su contra. En un cuaderno, tomó nota, dibujó y registró las veces en las que fue mencionada, contó treinta en total. Hoy, la jueza aceptó un aproximado de cuarenta de las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) que podrán ser utilizadas durante el debate oral y público el 10 de mayo del 2023.
Previo al inicio del juicio contra Nanci Sinto, se llevó a cabo la audiencia de presentación de pruebas este 31 de marzo. En ella, la jueza Sonia Carol Martínez Obregón admitió más de cincuenta pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP) y los querellantes adhesivos, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero solo una de las expuestas por la defensa. Tras finalizar, la defensa de Nanci, el MP, la PGN y el Congreso de la República fueron llamados a participar en una segunda audiencia a puertas cerradas y sin conocer el motivo.
Este 30 de marzo se realizó la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la artista y activista (artivista) Dulce Archila, donde se dio a conocer la apertura a juicio y medida de coerción.
El Estado insiste en criminalizar a Nanci Sinto por participar en las protestas ciudadanas del 21 de noviembre de 2020. Este 28 de marzo, se llevó a cabo por segunda ocasión, la audiencia de etapa intermedia del caso en contra de la defensora y activista indígena, donde la jueza Sonia Martínez Obregón decidió enviarla a juicio, aún cuando existen recursos legales presentados sin resolver.
El 28 de febrero la defensora maya Kaqchikel, Nanci Sinto, fue notificada por la Corte de Apelaciones que se reactivaría el proceso penal en su contra por el delito de depredación de bienes culturales. Ante esto Nanci Sinto y su defensa técnica presentaron un amparo en contra de la reactivación del juicio.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, cientos de mujeres de diversos territorios de Guatemala se hicieron presentes en las calles de la Ciudad de Guatemala, para denunciar que el Estado no ha cumplido en garantizar protección y justicia.
Más de un año pasó para que el sistema de justicia iniciara el debate oral y público contra Sebastiana Pablo Hernández y Micaela Solís, defensoras maya K’iche’ perseguidas penalmente por la municipalidad de Joyabaj, Quiché. El juzgado les otorgó criterio de oportunidad.
Dulce Archila es la segunda mujer denunciada por el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, acusada de realizar “pintas” en las paredes del Congreso. Luego de seis meses criminalizada, recuperó su libertad al no haberse demostrado su participación en la realización de las pintas, ni que esa acción hubiera deteriorado el patrimonio cultural. La jueza Wendy Coloma dictó el sobreseimiento de su caso, al igual que con Nanci Sinto, declarando que ya no puede ser perseguida por depredación de bienes culturales.
Las expectativas estaban puestas en el Juzgado Duodécimo especializado en Delitos contra el Ambiente y el Patrimonio Cultural. Este viernes 10 de junio, se decidiría cómo quedaría en la historia el momento en que el Estado denunció a una mujer joven, maya kaqchikel y activista por los derechos humanos, por expresar su descontento en una manifestación. Una joven que, además, había sido agredida reiteradamente por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC).
La antropóloga kaqchikel Aura Cumes presentó un amicus curiae titulado “¿Qué significa la identidad nacional para los pueblos mayas?”, para incluir en la defensa de Nanci Sinto, acusada de depredación de bienes culturales, con el análisis se busca dar elementos que ayuden a la jueza a tomar una decisión informada. En el documento se analizan las categorías de identidad nacional y patrimonio cultural sobre las cuales se ha criminalizado a Nanci Sinto considerando al edificio del Congreso como “parte de la identidad nacional”.
Con más de 2 años de audiencias canceladas sin ningún motivo, ligada a proceso y con arraigo, privada de su libertad y presa en su propia casa, la defensora del territorio María Choc lleva desde el 2018 un caso de tortura por parte del sistema de justicia guatemalteco.
En dos ocasiones, la representación del Congreso de la República ha solicitado que el caso contra Nanci Sinto por “depredación de bienes culturales” sea declarado bajo reserva parcial. Esto quiere decir que Nanci y su defensa no pueden dar declaraciones sobre su caso, también implica restricciones para los medios de comunicación, los cuales no podrían ingresar a las audiencias.