Virginia Laparra salió de la Torre de Tribunales a través del sótano, escoltada por agentes del Sistema Penitenciario y rodeada de periodistas. A su paso, se escuchaba un coro de hombres lanzando comentarios sexuales desde las carceletas. La exfiscal quetzalteca acababa de ser sentenciada a 4 años de prisión conmutables por “abuso de autoridad en forma continuada” por la jueza Oly González por una denuncia que, desde 2018, ha buscado establecer que una fiscal no puede denunciar a los jueces.
Llegó la etapa de conclusiones en el juicio contra la exfiscal quezalteca Virginia Laparra. El Ministerio Público (MP) pidió que se le condene a 8 años de prisión por “abuso de autoridad continuado” y los querellantes se adhirieron a la solicitud, añadiendo una disculpa pública. Ellos insisten en que la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Quetzaltenango “abusó de su poder” al denunciar administrativamente al entonces juez Lesther Castellanos.
El 29 de noviembre se llevó a cabo el segundo día del juicio contra Virginia Laparra, antigua jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango (FECI). Durante la jornada, se escuchó el testimonio de Lesther Castellanos, querellante adhesivo y presunto agraviado del caso. También se presentaron peritajes y pruebas materiales.
Las abogadas fueron denunciadas de “obstrucción a la justicia y colusión” por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). Obtuvieron falta de mérito por el primer delito, por lo cual resta resolver su situación penal sobre el delito de colusión.
Las cuestionadas acciones que ha realizado el Ministerio Público (MP) en contra de operadores de justicia, periodistas, defensoras de derechos humanos, defensoras del territorio y estudiantes universitarias ahora también han escalado hasta el Congreso de la República, al solicitar el retiro de antejuicio a la diputada Ligia Hernández, jefa de bloque de Semilla. La solicitud de retirar el antejuicio está acompañada de una denuncia por abuso de autoridad, que según la Bancada Semilla, fue trasladada dos días después que se oficializó la reelección de Porras.
Por más de un mes, Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, ha permanecido privada de libertad en el Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala en zona 17. De acuerdo con el abogado Ramón Cadena y Marco Antonio Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), el estado anímico de Laparra está deteriorado debido a la persecución en su contra.
Desde el Centro de detención Mariscal Zavala.