La Revolución llegó a Guatemala un 20 de octubre de 1944: un movimiento ciudadano, junto a miembros de las fuerzas armadas, derrocó al presidente de facto Federico Ponce Vaides y puso fin a décadas de gobiernos dictatoriales. Se conformó la Junta Revolucionaria de Gobierno que convocó de inmediato a elecciones democráticas y con la llegada de Juan José Arévalo Bermejo a la presidencia, inició la Década primaveral en el país.
En el día de la Revolución, los líderes ancestrales del país dieron un mensaje para reafirmar que continuarán con el paro nacional indefinido hasta que renuncien los funcionarios golpistas.
El 5 de octubre marcó el inicio de una serie de tomas en la ciudad de Guatemala, inspiradas por el levantamiento y toma de carreteras que comenzaron tres días antes las autoridades indígenas y ancestrales de los 48 Cantones en Totonicapán y municipios de Sololá. Hoy se cumplen 17 días de resistencia en las calles y carreteras.
El memorial que plantea la acción penal señala a funcionarios del MP y el juez Fredy Orellana de abuso de poder, así como secretarios generales de partidos políticos de interferir “ilegalmente” en el proceso electoral.
Desde el 2 de octubre las autoridades indígenas y ancestrales de los pueblos originarios se declararon en paro nacional indefinido, hasta que se obtenga la renuncia de diversos funcionarios públicos, que señalan de atentar contra el proceso democrático. Desde ese día, diversos sectores de la población han respaldado y acompañado a las lideresas y líderes indígenas con diversas expresiones de manifestaciones pacíficas y artísticas.
El Ministerio Público, una de las instituciones más criticadas y señaladas por las acciones contra el proceso electoral, decidió gastar Q432 mil en un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de la institución, que principalmente están enfocados en atender a la fiscal general Consuelo Porras.
Orellana ordenó en julio, minutos antes de conocerse la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral, la suspensión de la personería jurídica de Semilla y ha autorizado los allanamientos en el TSE.
Unas 80 autoridades indígenas y ancestrales señalaron al presidente Alejandro Giammattei de tener un plan para incriminar a la ciudadanía en actos vandálicos y de violencia en las jornadas de protesta del paro nacional indefinido. Una de esas acciones involucra a diputados oficialistas de Chimaltenango que están usando el tema de la planta de agua Yaxá Pixcayá como excusa.
Luego de la reunión que duró casi cuatro horas con el presidente Alejandro Giammattei las autoridades indígenas anunciaron que las manifestaciones y tomas de carretera continuarán. “Si no tiene carácter para pedir la renuncia, él también se va a ir”, recalcó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad maya Q’anjob’al de Huehuetenango.
La violencia ha estado presente desde los días que precedieron al #ParoNacionalIndefinido: fiscales del Ministerio Público (MP) se presentaron el viernes 29 y sábado 30 de septiembre a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con uso de la fuerza extrajeron las cajas que contienen las actas de votaciones, además del allanamiento en la sede del partido político Movimiento Semilla, cuyo binomio integrado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera resultaron electos para dirigir el Ejecutivo. A partir del descontento popular por esas acciones, comenzaron las protestas ciudadanas. Sin embargo, Ciudad Cayalá, en la zona 16 capitalina, es el punto donde más actos de violencia e intimidación hacia manifestantes se han evidenciado.
Niñas de todas las edades y de diversos territorios conmemoraron el día de la niña en Guatemala, con representaciones artísticas que ponen en el tintero las deudas que tiene el Estado, con ellas en particular y con la niñez en general, como la educación, salud, seguridad y migración.
En el amparo provisional se ordena a las instituciones denunciadas que garanticen el derecho a manifestar de la ciudadanía guatemalteca, quien durante nueve días ha participado en la movilización exigiendo la renuncia de Consuelo Porras.
A lo largo de la historia, en las luchas colectivas, las mujeres han desempeñado un papel protagónico. Gracias a su participación y compromiso muchos de los beneficios de los que hoy gozamos, es gracias a su trabajo.
Por Angie Ross
Tras siete días de manifestación pacífica, los manifestantes en distintos puntos en donde se mantiene la toma de carretera permitieron el ingreso de pipas con combustible y camiones con alimentos para abastecer a la población. Las autoridades de 48 Cantones dicen que hasta ahora siguen en la postura de que los funcionarios que buscan un golpe a la democracia renuncien y así detendrán las movilizaciones.
Óscar Adolfo Trejo Galicia, fue capturado la mañana de este domingo por la Policía Nacional Civil (PNC), en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva, tras ser identificado como el agresor de una mujer, en una tienda Super 24.
Autoridades ancestrales e indígenas de los diversos pueblos originarios del país, mantienen la digna resistencia y la manifestación pacífica e indefinida, en medio de la persistencia para exigir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el Fiscal Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. Además, han reiterado que debe acabar el llamado pacto de corruptos, que mantiene capturado al Estado.
Pese a un amparo provisional otorgado al CACIF por la CC que busca desalojar a la población que está en resistencia, el paro nacional continúo sumando apoyo desde el sector salud hasta comerciantes locales. Aseguran que no se moverán de las carreteras tomadas hasta que renuncien los funcionarios que atentan contra la democracia. Las manifestaciones llevan ya cuatro días consecutivos y este viernes se espera que continúen.
El tercer día del Paro Nacional convocado por los 48 Cantones estuvo marcado por diferentes incidentes e intentos por agredir a quienes se encontraban participando en la manifestación pacífica.