En Argentina, con la llegada de la ultraderecha de la mano del presidente Javier Milei, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo se han deteriorado. El propio Gobierno justifica el ataque directo físico y virtual. El 19 de noviembre, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y otras organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa.

Por Celina de la Rosa

Muchos se sorprenden que se hable de ataques a la libertad de expresión en Argentina. Un país que en su historia reciente, después de la dictadura cívico militar, ha sido un puntal para reafirmar la vigencia de los derechos humanos y en especial la libertad de expresión de la población y con ello el resguardo a la tarea de la prensa. 

Suelen hacer comparaciones “odiosas” con países del continente americano donde los riesgos de ser periodista llegan al nivel de poner en juego la vida. Como si no te mataran, no desaparecieran, no te quejes. Sin embargo, en Argentina con la llegada de la ultraderecha a la administración del Estado nacional, los cambios en las dinámicas de la comunicación fueron evidentes, novedosos y hasta crueles. 

Aquí tres testimonios que pueden dar cuenta de la dimensión del problema al que se enfrenta la libertad de expresión en el país del extremo sur americano. El propio Gobierno niega haber modificado las reglas de juego, reivindica las redes sociales como un canal directo de comunicación, justifica el ataque directo físico y virtual. Mientras la palabra presidencial de Javier Milei se toma como mantra:: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

La era de la desinformación de género, discursos de odio y violencia política 

Sandra Chaher presentó el informe de su organización Comunicar para la Igualdad en el que se analiza cuatro campañas de ataquess comunicacionales del gobierno de Milei en 2025: El discurso de Davos -contra el feminismo y la colectividad LGBTIIQ+-; ataque directo a través de comunicación oficial, redes sociales e incluso de proceso judiciales contra todo tipo de periodistas-; coordinación en el ataque a Julia Mengolini - como blanco del periodismo feminista y del kirchnerismo-; y la campaña de desinformación Natalidad -contra la Ley de Interrupción Legal del Embarazo-.

“Llevamos varios años dando cuenta del deterioro del debate público generado por el aumento de los discursos de odio, los prejuicios y las estigmatizaciones. También observamos cómo este retroceso en la libertad de expresión estuvo vinculado al ascenso de las extremas derechas en la política argentina", explicó Sandra Chaher.

El 23 de enero de 2025, el presidente Javier Milei utilizó el Foro Económico de Davos, un escenario de gobernanza global, como una "vitrina para la exposición de la agenda programática de la extrema derecha". Más que un discurso sobre economía, fue un manifiesto que inauguró su campaña para las elecciones legislativas, sentando las bases ideológicas de su proyecto.En ese discurso de Milei vinculó feminismo, homosexualidad y pedofilia.

Para Chaher, lo grave no es solo lo que se dice sino cómo se convierte en realidad en la política pública. “El mismo día del discurso de Davos se anunció el desmantelamiento de políticas de género; días después modificaron el acceso a los tratamientos para adolescentes trans. Lo que hace unos años eran expresiones marginales, hoy son la comunicación oficial del Estado”, sostuvo.

El 5 de febrero, Milei emitió el Decreto 62/2025, que prohibió los tratamientos y cirugías de adecuación de género en menores de edad. De esta manera, el discurso de odio se materializó en políticas regresivas, demostrando la conexión directa entre la palabra presidencial y la acción estatal.

Frente a esta ofensiva, la sociedad civil organizó una de las resistencias más contundentes.. En su relato, Chaher filtró la resistencia que es la otra parte del fenómeno. La Marcha Federal del Orgullo Antifascista, del 1 de ferebrero de 2025, en 150 ciudades; las denuncias judiciales contra el presidente, y el trabajo de verificación y contranarrativa desde medios y organizaciones.

El informe ofrece una base fundamental para "generar anticuerpos y nuevos horizontes de esperanza", sentando las bases no solo para la denuncia, sino para la construcción de una defensa cívica frente al avance autoritario.

El presidente marcó el tono desde el inicio, con insultos públicos como “basura ensobrada”, “periodismo pautero” y “pedazos de soretes” dirigidos a comunicadores críticos. A eso se sumó una estrategia de burla sistemática: se deformaron nombres de periodistas —como “Pautino Rodríguez” o “Marcelo Mandrelli”— para ridiculizarlos ante millones de seguidores. Paralelamente, se instaló y amplificó desde cuentas oficialistas la consigna “No odiamos lo suficiente al periodismo”, que rápidamente fue adoptada por el propio Milei como bandera de confrontación.

En el plano judicial, el gobierno presentó denuncias por calumnias e injurias contra ocho periodistas. Se trató de demandas SLAPP, diseñadas para intimidar y generar cansancio, aun sabiendo que la justicia tiende a desestimarlas. El mensaje buscado era claro: cualquiera que publique información que incomode al poder puede convertirse en blanco de un proceso judicial.

El informe “Anatomía de la Crueldad” también desarma tres afirmaciones centrales del oficialismo. La primera: que la pauta oficial fue eliminada. La investigación demuestra que, lejos de desaparecer, se redistribuyó de forma opaca a través de empresas estatales como YPF y Banco Nación, beneficiando a medios alineados. La segunda: que la libertad de expresión estaría “más garantizada que nunca”. La evidencia muestra lo contrario: más restricciones al acceso a la información pública, entrevistas guionadas y un clima creciente de intimidación. La tercera: que el presidente Milei Milei actúa en redes como un “ciudadano común”. Esa idea ignora la enorme maquinaria oficial, paraoficial y digital que amplifica sus ataques y los convierte en campañas de alcance nacional.

La reacción del sector fue inmediata. El Foro Argentino de Periodismo (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitieron comunicados de repudio, Reporteros Sin Fronteras alertó por el fuerte retroceso de Argentina en su índice de libertad de prensa y más de 600 periodistas firmaron la misma nota de Ari Lijalad —uno de los denunciados por Milei— en un gesto inédito de solidaridad profesional.

Aunque el ataque afectó a todo el ecosistema mediático, tuvo un impacto especialmente violento en las mujeres periodistas. El caso de Julia Mengolini, convertida en blanco sistemático de agresiones y demandas, sintetiza la dimensión de una ofensiva que combina misoginia, disciplinamiento y poder estatal.

Julia Mengolini on Instagram: "Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió para tratar los ataques y la persecución sistemática a periodistas por parte del gobierno de Javier Milei. Dimos testimonio sobre cómo el actual gobierno argentino convierte en “enemigos” a quienes informan,  investigan u opinan en contra de las políticas oficiales. Yo vuelvo contenta, sobre todo por haber compartido este viaje con un grupo de personas tan admirables como Paula Litvachky y Diego Morales del CELS, Paola Garcia Rey de Amnistia, Paco Rabini de SIPREBA y Tomas Cuesta. La valentía y el compromiso se contagian. Por ellos, vuelvo fortalecida. Desde Futurock venimos denunciando la persecución y hostigamiento a dirigentes políticos, sociales y sindicales. El ataque a los periodistas se da en ese marco, donde el caso más violento fue el disparo contra el fotógrafo Pablo Grillo, por el cual Patricia Bullrich aún no se hizo responsable. 
No vamos a aflojar, vamos a defender la libertad de opinar, informar y protestar."

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió para tratar los ataques a periodistas en Argentina. La periodista Julia Mengolini denunció ser víctima de una campaña de difamación y violencia digital. La denuncia gira en torno a la persecución y la amenaza a la libertad de expresión en Argentina.

https://www.instagram.com/juliamengo/reel/DRSNXTKEYZZ/

El ataque a Mengolini fue un "ataque coordinado y sistemático" y un "spin-off" del asalto a la prensa, pero con un componente distintivo y exacerbado de violencia de género, según explicó Sandra Chaher.  En su informe identifica como un blanco estratégico porque encarna todo lo que el gobierno busca destruir: al "feminismo, periodismo y progresismo". El objetivo no era solo silenciarla, sino utilizarla como un ejemplo de disciplinamiento político.

El ataque masivo contra Julia Mengolini empezó el 19 de junio, cuando una cuenta libertaria publicó un video de Julia Mengolini junto a su hermano sugiriendo una relación incestuosa. El ataque fue iniciado por cuentas libertarias menores y adquirió otro volumen cuando se sumaron el presidente y la diputada Lemoine. El presidente Milei se posicionó estratégicamente como el principal amplificador del ataque virtual. En un lapso de 48 horas, "tuiteó 93 veces" sobre el tema y popularizó la frase "bancate el vuelto" para justificar la violencia desproporcionada de todo el aparato comunicacional del Estado contra una periodista.

La respuesta, sin embargo, fue estratégicamente contundente. Mengolini expuso la campaña en la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados y, con el patrocinio de la organización Argentina Humana, presentó una denuncia penal que marcó un antes y un después. Como señaló Sandra Chaher, esta defensa legal "le dio otro volumen político" al caso, transformándolo en un potencial leading case sobre violencia digital de género y el uso de recursos públicos para la persecución política. La denuncia no solo buscaba defender a la periodista, sino investigar la existencia de una red delictiva paraestatal y la malversación de fondos públicos. Este caso expone, como ningún otro, la articulación de todas las tácticas del gobierno, sirviendo como una conclusión perfecta de los estudios de caso.

La tesis central del informe "Anatomía de la crueldad" es que  la violencia política del gobierno de La Libertad Avanza no es un exabrupto, sino un sistema. Es una estrategia calculada que busca deslegitimar adversarios, controlar la agenda pública y erosionar los consensos democráticos para imponer su proyecto de refundación nacional. La disección de sus campañas de ataque revela un método que se nutre de la desinformación, la estigmatización y el odio.

Sin embargo, como reflexionó Sandra Chaher, el propósito del informe no es únicamente la denuncia. Su objetivo es ofrecer un insumo clave para que los sectores democráticos puedan comprender la lógica de este sistema, generar defensas efectivas y, a partir de ese entendimiento, delinear nuevos caminos de acción.

El informe, en última instancia, “no es un epitafio de la democracia argentina, sino un manual para su defensa”. Su conclusión es un llamado a la acción cívica, recordándonos la importancia de la acción colectiva y la defensa de los valores democráticos para que la violencia no se naturalice. "Hace algunos años hablábamos de la necesidad de ‘cultivar el debate público’, y seguimos creyendo en esa estrategia como camino para construir acuerdos y aceptar los disensos. Para que la violencia política no se encarne en nuestra tierra y permanezca apenas como el recuerdo de aquellos viejos tiempos oscuros", agregó.

La libertad de prensa argentina en el banquillo internacional

El 19 de noviembre pasado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizó la Universidad de Miami (Estados Unidos), como parte del 194° Período de Sesiones del organismo, se unificaron los pedidos que presentaron el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y FATPREN, Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras organizaciones sindicales, académicas, profesionales y de derechos humanos. En la audiencia, la sociedad civil denunció al gobierno nacional, que desde hace dos años sostiene una política de ataque sistemático y planificado contra periodistas y trabajadores de prensa.

Francisco Rabini, representante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires junto a Julia Mengolini durante la audiencia en la CIDH. Foto: Cortesía

Martina Noailles, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) evaluó que la exposición ante la CIDH representó un salto cualitativo en la estrategia sindical para internacionalizar una crisis que se viene profundizando desde el inicio de la gestión del Poder Ejecutivo actual.

Noailles explicó que el sindicato llevó a la CIDH a un repaso de los episodios más graves de violencia contra periodistas. El primero, dijo, fue la represión de fines de enero de 2024 durante las protestas por la Ley Ómnibus, una normativa polémica que representaba un plan de reformas liberales con el cual Milei planteó “dar un giro en la historia argentina”. Allí, “la primera demostración clarísima” del accionar oficial se vio en las balas de goma, gases y golpes que hirieron a más de cincuenta trabajadores de prensa.

Según reportaron las distintas organizaciones, la represión estatal apuntó directamente a periodistas identificados, con micrófonos o cámaras, algunos transmitiendo en vivo. Aquellos hechos dieron lugar a las primeras denuncias judiciales y al amparo para declarar la inconstitucionalidad del “protocolo antipiquetes".

Noailles detalló también cómo el sindicato expuso ante la CIDH un patrón de hostigamiento público encabezado por el propio presidente Milei. Los ataques virtuales se concentran en periodistas que son señalados en redes sociales, generando un efecto intimidante. La intención es dejar un mensaje, según la sindicalista. “La próxima vez va a pensar lo que diga y la próxima vez va a ver si lo pone o no lo pone”, describió, para graficar el disciplinamiento que provoca esta dinámica.

A esto se suma la judicialización. “Se iniciaron demandas civiles y penales impulsadas por el presidente contra periodistas por notas críticas. Aunque los tribunales desestiman muchas de estas causas, el desgaste es parte de la estrategia. Ese hostigamiento achica, silencia, adoctrina, disciplina”, resumió Noailles.

En su análisis, la dirigente subrayó que el ataque es también estructural. Relató que la presentación ante la CIDH incluyó la denuncia por el desmantelamiento de Télam, el vaciamiento de la Defensoría del Público y la suspensión de fondos FOMECA para medios comunitarios, incluso con deudas del año previo.

Aunque el gobierno argentino, representado por Alberto Baños, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró ante la Comisión que “no hubo cambios normativos”, Noailles sostiene lo contrario, al igual que representantes del resto de las ONGs. Las restricciones al acceso a la información pública, protocolos que condicionan la cobertura periodística y un sistema de pauta estatal que pasó a manejarse, según dijo, de manera “más oscura y discrecional”.

Noailles explicó que “la violencia es explícitamente sexista y produce autocensura, retraimiento y abandono de redes sociales, herramientas laborales básicas”. En la audiencia, el gobierno de Milei argumentó que el presidente solo ejerce su derecho a expresarse, a lo que Noailles responde que el mandatario “tiene otras responsabilidades” y que no puede usar su voz institucional para “incentivar a que se cometan otras violaciones de derechos humanos”.

Martina Noailes, secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Foto: SiPreBA

Noailles sabe que no habrá una respuesta inmediata del Estado argentino. “Nunca respondió a pedidos previos a la audiencia de la CIDH y funcionarios relativizan la posibilidad de nuevos encuentros”, consideró la dirigente. “La internacionalización del conflicto fue indispensable para dejar constancia del deterioro democrático”, señaló.

La unidad que se vio entre  organizaciones diversas y periodistas de perfiles ideológicos opuestos, refuerza la noción que lo que ocurre no es un conflicto partidario, sino un ataque transversal a un derecho básico como la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo.

En su reflexión final, Noailles advirtió que la desinformación crece al ritmo del debilitamiento de la prensa profesional. “La sociedad necesita poder identificar cuando hay una mentira, una fake news”, dijo, pero la caída en la pluralidad informativa sostiene un escenario en el que “cada vez se está informando menos y se está desinformando más”. La denuncia ante la CIDH, aunque sin expectativas inmediatas de diálogo, quedó como un llamado internacional de alerta y con la posibilidad de que exista una visita al país.

Nos son casos aislados, son mensajes marcados a fuego 

Los ataques de los sectores de  ultraderecha apoyados por partidarios del gobierno nacional llegaron a desembocar en el exilio de periodistas feministas como Luciana Peker, periodista feminista que acompañó el caso de Thelma Fardim en su pedido de justicia por la causa de abuso sexual contra Juan Darthes y la periodista riojana, Manuela Calvo quien ahora pública desde el exilio. No lo hace para dramatizar, sino para establecer un límite. Abandonó La Rioja —y luego Argentina— tras años de investigar lo que describe como una estructura judicial y mediática destinada a garantizar la impunidad de agresores sexuales y castigar a quienes intentan exponerla. Su herramienta fue siempre la misma: la palabra.

El conflicto se inició en 2021, cuando Calvo publicó un documental sobre el caso de Paula Sánchez Frega, víctima de violencia digital a manos de su expareja, Patricio Piolli. La producción modificó la conversación pública en La Rioja y llevó el caso a juicio con una mirada social distinta. La defensa de Piolli estaba a cargo del actual senador Juan Carlos Pagotto, quien, en su alegato final y tras la condena, lanzó una advertencia dirigida a quienes habían comunicado el caso: “iban a pagar las consecuencias”. La amenaza quedó registrada en el expediente.

Paralelamente, Calvo detectó un patrón inquietante en investigaciones por abuso sexual infantil: una caída abrupta de denuncias y un uso sistemático de revinculaciones forzadas entre niñas y sus presuntos abusadores antes de que se realizaran pericias fundamentales. Para ella, era una estrategia destinada a contaminar los procesos y asegurar impunidad.

Al intentar abordar esta problemática desde la ficción con un cortometraje animado llamado Sin Voz, Calvo recibió su primera censura previa. El presunto abusador de uno de los casos vinculados pidió una medida cautelar para prohibir la difusión del proyecto, y un juez se la concedió. Ordenó borrar publicaciones, guardar silencio y no difundir una obra que aún no había visto la luz. El abogado que impulsó la medida era sobrino del senador Pagotto. La conexión era evidente.

Lo que siguió fue, según Calvo, una mecánica de hostigamiento institucional. Después cinco censuras previas, tres denuncias falsas en su contra y un allanamiento con secuestro de sus herramientas de trabajo. El caso que terminó de revelar, para ella, la dimensión de la red de encubrimiento fue el de Alfredo Chade, funcionario condenado por explotación sexual infantil y primo hermano del senador Pagotto. La relación familiar expuso los intereses que, sospechaba, estaban detrás de la persecución.

El 29 de enero de este año, mientras cubría un caso, la periodista Nadia Araya —vinculada laboralmente al sobrino de Pagotto— la amenazó frente a testigos. “Ya vas a ver lo que le va a pasar a tu hijo”, le habría dicho. Días después, el hijo de Calvo fue detenido irregularmente por policías sin identificación. Ella y su esposo llegaron cuando estaban por subirlo a un patrullero. Calvo comenzó a transmitir en vivo para generar testigos en tiempo real. La exposición frenó la maniobra. En la dependencia policial, la familia fue liberada porque según le dijeron “no había motivo para demorarlos”. Ese fue el último episodio que la empujó a dejar el país por seguridad.

Calvo enmarcó su exilio en un clima más amplio de violencia contra periodistas feministas en Argentina. Primero el exilio silencioso de Luciana Peker y el asesinato impune de Griselda Blanco, en Corrientes, una periodista que denunció a uno de los jefes policiales de su ciudad por persecución. “Poder exiliarse es un privilegio”, afirmó desde fuera del país, consciente de que otras colegas no tienen la misma posibilidad.

Desde el exilio continúa escribiendo. Para ella, la disputa central es por la palabra: quién puede nombrar la injusticia y quién intenta impedirlo. Le quitaron su hogar, su territorio y su seguridad, pero —sostiene— no le quitaron la voz.

Manuela Calvo en 2025 tuvo que salir de su país por seguridad. Foto: Manuela Calvo

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