Violencia digital política, la estrategia para silenciar voces de mujeres
Las mujeres con voz pública y con incidencia son víctimas de violencia política digital, ante un Estado incapaz de protegerlas. Según estudios realizados en Guatemala, los ataques digitales son dirigidos por grupos de poder a través de net centers.
Por Ruda
Lucía Ixchíu ha sido víctima de violencia política digital durante más de diez años, sin que el Estado guatemalteco haya sido capaz de protegerla. La arquitecta de profesión y comunicadora por vocación se inició en el campo de las comunicaciones en 2012, motivada por su interés en informar sobre la violencia contra los pueblos indígenas desde un enfoque territorial, en el contexto de la masacre de Alaska, donde siete personas fueron asesinadas durante una manifestación.
Sin embargo, Ixchíu, mujer maya K'iche, originaria de Totonicapán, relata que el primer ataque de violencia digital ocurrió cuando tenía el cargo de representante estudiantil en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), un rol que le otorgó mayor incidencia política y organizativa.
“En 2015 hubo unas jornadas importantes en Guatemala al respecto de la lucha contra la corrupción. Yo era líder estudiantil y me tocó asumir y enfrentar el trabajo desde las calles, y aquí viví mi primer ataque digital”, recuerda Ixchíu.
La entonces líder estudiantil carecía de conocimientos en seguridad digital, lo que facilitó que se apropiaran de su cuenta de correo electrónico y Facebook, desde donde enviaron material pornográfico a todos sus contactos.
Lucía asegura que el nivel de agresión digital se incrementó exponencialmente a medida que aumentaba su visibilidad e incidencia política como líder estudiantil, lo que derivó posteriormente en retenciones, agresiones físicas, criminalización judicial y el exilio forzado.
Un año después del primer ataque digital, fue retenida por paramilitares al regresar de un festival en Santo Domingo Xenacoj. “Desde entonces, cualquier cosa que haga en el plano político, organizativo o comunicacional viene acompañada de una agresión, no solo de los net centers, sino también de actores académicos, indígenas o de espacios a los que no les gusta mi trabajo”, lamenta.
El paso siguiente fue la criminalización. Lucía comenta que en marzo de 2021 tuvo que exiliarse, luego de que una marcha convocada por el estudiantado terminara en actos de violencia, lo que llevó a la detención y acusación ante los tribunales de varios de sus compañeros.
El caso tiene reserva judicial y, hasta ahora,ella desconoce si hay una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, lo que no ha cesado es la violencia en el ámbito digital, donde es atacada constantemente por su origen, su trabajo, sus ideas y enfáticamente por ser mujer.
Este año ganó un premio al mejor cortometraje en el Cannes Short Film Festival por su trabajo como cineasta, lo que generó una nueva ola de agresión y violencia digital, acusándola de mentir, desacreditando su identidad indígena y la razón por la que salió del país.
Perfil y patrón de agresores
La violencia política digital está dirigida específicamente a mujeres con voz pública y con incidencia política, y aumenta generalmente durante los periodos electorales. El Instituto Panamericano de Derecho y Tecnología (IPANDETEC) realizó en 2019 el “Monitoreo de violencia de género en línea a candidatas de elección popular en Guatemala”, que expuso el mecanismo de acoso digital utilizado durante la campaña electoral en Twitter (ahora X).
El monitoreo reveló que, durante los periodos electorales, aumenta la creación de perfiles falsos y “bots” políticos, programados y creados para generar campañas de desprestigio contra adversarios electorales. Los perfiles falsos detectados en esa elección habían sido creados entre 2018 y 2019.
Asimismo, se detectaron perfiles falsos que utilizaban una combinación de números y letras sin coherencia en el nombre, pero se mantenían activos con mensajes de ataques recurrentes.
En cuanto a los ataques a las cuentas de seis candidatas, se encontró que un 43% eran mensajes relacionados con la discrimimanción de género y un 56.7% eran comentarios de desprestigio por su rol político.
Thelma Cabrera, quien se postuló en esa contienda electoral a la Presidencia de la República por el partido Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP), relató a Onu Mujeres la violencia digital que sufrió por su origen y nivel académico.
“Yo sólo cursé sexto grado primaria y no tengo nivel académico. Se dieron muchas formas de discriminación. En las redes sociales hubo muchas expresiones que decían: ‘que se vaya a hacer tortillas no tiene capacidad de gobernar el país’”, dice Cabrera.
Ixchíu explica que, en su caso, la violencia proviene de una amplia gama de agresores, desde empleados de empresas extractivistas, actores del gobierno, medios de comunicación corporativos y medios que realizan "greenwashing" (práctica de marketing engañosa en la que una empresa aparenta un compromiso con la sostenibilidad) hasta académicos, personas vinculadas a los derechos humanos, personas conocidas, e incluso, cuentas e net centers. Entre las cuentas que ha identificado como autoras de ataques digitales, menciona a Yes Master, Rodrigo Polo e Izquierda Criminal.
La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó en mayo de 2019 el informe “Bots, net centers y el combate a la impunidad”, que reveló la utilización de las redes sociales para perseguir a defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y para deslegitimar los avances en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
La investigación de la CICIG reveló que los net centers conectan cuentas de personas e instituciones reales con perfiles falsos, instituciones ficticias, y usuarios con nombres y fotografías robados. Estos actúan como un enjambre que busca un "efecto derrame", intensificado y dirigido a un tema específico o una persona real.
Además, un usuario que controla un netcenter, conocido como "cuenta madre", puede generar un crecimiento de cinco a diez usuarios falsos por día, lo que equivale a un aumento mensual de 150 a 300 seguidores.
“Los net centers y la construcción de fake news son la respuesta de distintos grupos de poder para aumentar su incidencia en la agenda pública”, indica el informe.
En cuanto a la geolocalización de las publicaciones para desacreditar el combate a la impunidad y atacar a voces críticas, el estudio reveló que mayoritariamente se originaban en Ciudad de Guatemala, Xela y Cobán.
Víctimas en contextos políticos adversos
El estudio “Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública. Impacto en la libertad de expresión”, realizado por ONU Mujeres en 2022, señala que no solo las mujeres con incidencia política son víctimas; periodistas, defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia también son víctimas de la violencia digital sistemática en América Latina.
La investigación demuestra que la violencia digital se ha multiplicado en países con contextos de cierre del espacio público, en los que se observan restricciones a la libertad de expresión y persecuciones a personas opositoras.
“Los ataques impactan en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes los padecen. De este modo, restan voces en el debate público y, por consiguiente, socavan la calidad de las democracias”, destaca la publicación.
Flor de María Gálvez Álvarez, abogada guatemalteca que laboró en la CICIG y que se encuentra en el exilio desde hace tres años, describe el inicio de los ataques digitales que sufrió.
“Empezó una campaña de desprestigio en mi contra. Había publicaciones sobre mi cuerpo, sobre mi aspecto físico, burlándose de mi niñez, con fotos que seguramente las obtuvieron de mis páginas personales”, recordó.
Los ataques contra Gálvez Álvarez iniciaron en 2022, en medio de una campaña de desprestigio y criminalización dirigida contra el personal que laboró en la CICIG, la cual cerró en 2019 por orden del gobierno de Jimmy Morales (2016-2020).
La abogada relata que los insultos y las burlas aumentaron considerablemente hasta que iniciaron las amenazas.”Decían cuestiones como:'Muerte civil a la abogada', y ponían unos cartones de lotería con las fotografías de las diversas operadoras de justicia, y entre esas estaba yo”, recuerda Gálvez Álvarez.
Posteriormente, se vio obligada a salir del país tras una acusación por el delito de revelación de información personal en uno de los casos judiciales, y los ataques digitales aumentaron.
ONU Mujeres destaca que, en este tipo de ataques digitales, “se advierte el uso intensivo, por parte de oficialismos y oposiciones, de prácticas como las llamadas granjas de trolls o net centers, el doxeo y las fake news” para desprestigiar y callar las voces de las mujeres.
Álvarez explica que, en su caso, las publicaciones provenían a menudo de cuentas anónimas que utilizaban seudónimos o apodos, lo que complicaba el reporte, debido a los cambios en las políticas de las plataformas como Facebook y Twitter (ahora X).
Un estudio con un enfoque de género e interseccionalidad realizado durante la campaña electoral de 2023, denominado “La violencia en las interacciones de la red social X”, refleja que esta plataforma ha permitido “un aumento significativo de interacciones violentas, racistas, sexistas y discriminatorias” contra las mujeres y poblaciones vulnerabilizadas.
Los resultados mostraron que, de un total de 4,030 comentarios analizados durante la campaña electoral, el 99% (3,989) contenían ataques verbales e insultos, el 1% (36) eran amenazas y el 0.3% (21) se referían a algún tipo de hostigamiento.
Por otra parte, el 53% de las amenazas correspondía a agresiones físicas, el 39% sobre repercusiones legales, 3% a agresiones sexuales y el 6% a otro tipo. En cuanto al hostigamiento, el 86% está relacionado con el acoso sexual y el 14% hacen alusiones a algún tipo de vigilancia.
“La importancia de estos resultados no solo reside en la identificación de formas específicas de violencia, sino también en exponer los riesgos a los que se enfrentan las mujeres, personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades LGBTIQ+, cuando deciden postularse a cargos políticos”, indica el estudio.
Agrega que la mayoría de los mensajes con insultos y ataques verbales contenían expresiones genéricas con la intención de denigrar a las personas por sus características o capacidades personales. Los mensajes basados en el sexo o género de la persona estaban muy relacionados con estereotipos de los roles tradicionales de género.
La investigación encontró que este tipo de violencia afecta especialmente a las mujeres, quienes son insultadas y criticadas por sus historias de divorcio, alegando promiscuidad o relacionándolas con la prostitución. Por otra parte, a las mujeres se les cuestiona la estabilidad emocional y moral para liderar un país o su rol de mujer, sugiriendo que las candidatas deberían ser sumisas o enfocarse en desarrollar actividades domésticas en lugar de la política.
Impunidad en el sistema de justicia
Aunque la violencia digital ha ido en aumento en Guatemala en los últimos años, las víctimas lamentan que sus casos queden en impunidad, por falta de una legislación específica en este tema y el “desinterés” del Ministerio Público (MP).
Ruda consultó al Departamento de Comunicación del MP por el “desinterés” para investigar, que refieren las entrevistadas, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
La abogada Gálvez Álvarez intentó denunciar la violencia digital en su contra, pero su denuncia fue tomada como amenazas y no como violencia contra la mujer, y hasta la fecha asegura no haber tenido respuesta. Ella señala que la falta de una regulación impide que las denuncias sean procesadas adecuadamente.
“Estos casos realmente quedan en impunidad porque, por ejemplo, yo he sido víctima de violencia digital en redes, y si tú denuncias, no existe el tipo penal”, dice Gálvez Álvarez.
Además, menciona que las iniciativas para legislar sobre este tema no han prosperado en el Congreso por la falta de continuidad e interés de quienes las proponen algunos casos, las propuestas se enfocan solo en la violencia digital contra personas con cargos políticos, dejando desprotegidas a muchas otras mujeres víctimas de ciberacoso, doxing o las campañas de desprestigio y estigmatización.
Asimismo, Ixchíu asegura que presentó varias denuncias ante el Ministerio Público por agresiones físicas, violencia digital y campañas de difamación que sufrió como líder estudiantil y periodista, pero todas fueron desestimadas.
Ixchíu relata que, en 2020, cuando sufrió un atentado durante la cobertura de una tala ilegal, la misma fiscalía de delitos contra periodistas le sugirió una conciliación con los agresores.
“Estas denuncias jamás pasaron de la fiscalía, nunca llegaron a juicio. Es el mismo MP que nunca permite que estos casos se eleven a un juzgado. El nivel de impunidad es brutal”, lamenta.
Por otra parte, asegura que a principios de este año, investigó por medio de una abogada, que ninguna de las denuncias que ha interpuesto aparece en el sistema del Ministerio Público. “Eso para mí es muy preocupante porque han borrado todo mi historial de denuncias de agresión y violencia por más de una década”, manifiesta.
Impacto en la democracia
La Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, explicó, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la región ha logrado avances en la participación de las mujeres en la vida pública. Sin embargo, expuso que estos avances son insuficientes y muy susceptibles a sufrir retrocesos, debido al incremento de la polarización política en las últimas dos décadas.
Muschett explicó que la polarización ha convertido la igualdad de género en un campo de disputa y a las mujeres con visibilidad pública: políticas, periodistas y activistas, en un blanco de ataques y violencias crecientes en el espacio virtual, que también pueden escalar y materializarse en agresiones físicas, psicológicas o simbólicas en el ámbito presencial.
“La violencia digital en particular, además de atentar contra los derechos de nosotras mujeres y las niñas, erosiona también la participación, distorsiona el debate público, silencia voces y socava la agencia y la libertad humana y la calidad democrática”, expresó la representante del PNUD.
El informe de ONU Mujeres indica que, de 15 mujeres víctimas de violencia digital en Latinoamérica, el 80% aseguró que tras los ataques limitó su participación en las redes y ya no opina sobre determinados temas. Además, la cuarta parte limitó su acceso a redes, cerró o dejó de publicar en alguna de sus cuentas.
El 80% expresó que teme por su integridad física y hasta por su vida, tomando medidas que van desde el repliegue en las redes hasta parar su actividad digital. Asimismo, el 40% manifestó haberse autocensurado en temas de su pertinencia.
Protección y cuidados digitales
La prevención de la violencia digital requiere una combinación de conciencia crítica sobre las tecnologías, la implementación de medidas de protección individuales y, en el caso de grupos, la construcción de acuerdos de cuidados colectivos, explica Loreta Bravo, coordinadora de la Estrategia de Protección y Cuidados Digitales de IM Defensoras.
Bravo señala que es fundamental tener una mirada crítica hacia las nuevas tecnologías, reconociendo que pertenecen a empresarios multimillonarios con intereses específicos, y, por lo tanto, no son neutrales y pueden generar o facilitar la violencia.
“En muchos casos, tenemos pruebas, evidencias que son muy fáciles de encontrar, por ejemplo, plataformas como X no solo facilitan, difunden y amplifican la violencia, sino que la generan”, dice Bravo.
Por otra parte, la representante de IM Defensoras propone alejarse del concepto de "seguridad digital", asociado a una lógica militar y masculina, para adoptar una perspectiva de "protección y cuidados digitales" que incluya la protección integral feminista y la perspectiva de los cuidados.
En ese sentido, la especialista agrega que es importante tomar medidas de protección de manera individual y colectiva, para el caso de mujeres con voz pública.
Entre las medidas de protección individual sugiere utilizar contraseñas alfanuméricas que no contengan información personal identificable y preferiblemente frases en lugar de palabras. Además,aconseja el uso de VPNs (Virtual Private Networks) y la instalación de antivirus pagados.
El phishing es una forma común para infectar dispositivos y robar información personal, por eso Bravo recomienda no abrir enlaces, archivos, fotos y documentos de textos que provengan de remitentes desconocidos. Por otra parte,sugiere usar contraseñas de bloqueo en los dispositivos, para evitar el acceso fácil a la información personal, en caso de pérdida o robo.
En cuanto a los cuidados colectivos, explica que implican la construcción de acuerdos basados en un análisis de riesgos y contexto. “Si decimos vamos a organizar una acción en la calle y vamos a comunicarnos por Signal, nadie va a mandar su ubicación por WhatsApp”, dice.
“La efectividad de los cuidados colectivos radica en el respeto de estos acuerdos; si se rompen, la seguridad se ve comprometida”, asegura Bravo.
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RECUADRO:
¿Qué es violencia política digital?
Cualquier acción, conducta u omisión que, de forma directa o mediante terceros, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres por razón de género y que se cometa, instigue o agrave con el uso de tecnologías de la información y comunicación, constituye una manifestación de violencia que busca menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de sus derechos políticos.
Fuente: Organización de los Estados Americanos (OEA)
